El 29 de diciembre de 2009, legisladores nacionales, organismos de derechos humanos y referentes académicos y sociales presentaron un documento para sentar las bases de un acuerdo para la seguridad democrática. La propuesta convocó a un arco muy amplio, un notable apoyo como primer antecedente. El documento fue el punto de partida. Su convocatoria fue tan amplia que, salvo los diputados del PRO, la conferencia de prensa contó con representantes de los principales bloques políticos, fue respaldada por los secretarios generales de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky. El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, realizó la presentación, en la que destacó que los problemas de seguridad “se han agravado con políticas fallidas e ineficaces”.

El documento presentado en aquel momento hacía una lectura de situación y sostenía que el Estado se limitó en general a respuestas facilistas y autoritarias que sólo consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria. Los procesos de reforma favorables fueron interrumpidos para volver a políticas del fracaso. Es inevitable leer a Scioli y Casal encolumnados en estas políticas.

Mencionaba el engaño de la mano dura. Ya se sostenía que la delegación de la seguridad en policías, el incremento de las penas y el debilitamiento de las garantías llevaban al fracaso.

También la responsabilidad del Estado de asegurar el libre ejercicio y goce de sus derechos a la población. El abordaje integral del problema, desde una perspectiva de prevención de la violencia física, pero también la de incorporar a toda la población al ejercicio de sus derechos. Además, daba un espacio a la responsabilidad del Poder Judicial en la investigación del delito, el uso restringido de la prisión preventiva. También la obligación del Estado de que las penas de prisión se cumplan en condiciones humanas. Como en este documento actual, en aquel momento, el Acuerdo para la Seguridad Democrática fue firmado por alrededor de 200 personalidades de todas las áreas y posiciones políticas democráticas. No figuraban integrantes del PRO ni aparecía la firma de Daniel Scioli.

En La Plata, seis meses después, el 10 de junio de 2010, se presentó el Acuerdo para la Seguridad Democrática en la provincia de Buenos Aires. La presencia y apoyos eran tan nutridos y variados como el encuentro nacional. Como la de ayer, también le fue entregada a Scioli. Para esa época ya tenía como ministro de Seguridad y Justicia a Casal.