“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.

Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.

En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.

Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.

Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.

Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.

La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.