Luego de dos años de recriminaciones mutuas, el gobierno argentino y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –que reúne a los dueños de medios de todo el continente– se vieron las caras en un encuentro que ambas partes calificaron como “muy positivo”. El encargado de recibir a la misión fue Juan Manuel Abal Medina, secretario de Comunicación Pública de la Nación, y lo hizo acompañado por su gabinete. Por parte de la SIP asistieron su presidente, Gonzalo Marroquín, y un puñado de altos cargos. “Lo importante fue que el eje estuvo más en lo que nosotros les dijimos a ellos que en lo que ellos nos venían a plantear”, evaluaron luego en la Casa Rosada.

No fue, como se suponía, una reunión de reclamos. Los enviados de la SIP reprodujeron las preocupaciones que reciben de los grandes medios locales, que se habían expresado en el reciente encuentro que el organismo realizó en Miami. Básicamente, plantearon los obstáculos para el desarrollo de la libertad de expresión que recogen de sus asociados aquí. En respuesta, los funcionarios les solicitaron que “escuchen con respeto la opinión de los numerosos sectores de la sociedad civil que han tenido participación en el proceso de debate público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. La sensación que quedó tras el encuentro fue de que en la SIP “no tienen en claro la dimensión que tiene aquí un grupo como Clarín”, muy lejos del poder relativo que pueden ejercer un diario en una ciudad de los Estados Unidos.

Uno de los puntos más importantes desde el Gobierno fue plantear, justamente, que uno de los medios que lleva la voz cantante en las denuncias sobre la libertad de expresión es “uno de los principales obstáculos” para que ese derecho se ejerza plenamente. En ese sentido, les entregaron a los visitantes un informe sobre las “amenazas a la libertad de expresión en el contexto de la concentración monopólica del mercado de las comunicaciones”, en donde se evalúa el caso Papel Prensa (que en su momento había sido denunciada por la misma SIP), el abuso de la posición dominante en el mercado de la televisión por cable para no incluir señales “por razones ideológicas y comerciales”, los múltiples incumplimientos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente y las prácticas en contra de la organización sindical, entre otros item.

Además, Abal Medina insistió ante los visitantes que el gobierno de Cristina Fernández “tiene un total compromiso con la defensa más irrestricta de la libertad de expresión”, y puso como ejemplo las críticas que recibe su gestión, tanto en medios gráficos como audiovisuales, “en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo”, en oposición a “la omisión de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor”. Por último, hizo entrega de otro informe en el que destaca las políticas que se pusieron en práctica durante los últimos ocho años en materia de libertad de expresión, comenzando por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (y forma en que se gestó a través de foros de participación popular), la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones referidas a temas de interés público y el proyecto de ley enviado al Congreso para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización de papel de diario.

Según la evaluación posterior que hacían en la Casa Rosada, los delegados de la SIP “no plantearon ninguna objeción” a los argumentos que presentó el Gobierno y se manifestaron “abiertos al diálogo”, al punto que extendieron una invitación a Abal Medina para que participara del próximo foro regional del organismo.

Del encuentro formaron parte Abal Medina y los subsecretarios Alfredo Scoccimarro (Medios), Lucas Nejamkis (Comunicación Pública) y Facundo Nejamkis (Comunicación Estratégica). Por parte de la SIP conformaron la delegación su titular, Gonzalo Marroquín; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y Expresión, Robert Rivard; de la Comisión de supervisión del cumplimiento de la Declaración de Chapultepec, María Elvira, y el director ejecutivo, Julio Muñoz, entre otros.