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En la noche del domingo 14 de agosto, luego de la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la presidenta CFK hizo una referencia a la importancia de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de reforma política, a partir de las cuales los partidos pudieron acceder de forma equitativa a la difusión de sus propuestas. Este cambio fundamental estuvo destinado a garantizar la presencia de todas las voces político-partidarias que quisieron participar de la contienda, sin importar ni el tamaño del padrón de afiliados, ni el tamaño del bolsillo de los aportantes a las campañas. Hasta esta elección, los donantes –y el propio candidato– definían el tiempo de aire (desbalanceado, por cierto) que le correspondería a cada lista. Algunos accedían apenas a unos segundos más de los asignados por el sorteo de la Dirección Electoral.

En los últimos tiempos, y no por mera casualidad del destino, la sociedad argentina comenzó a naturalizar el uso de conceptos como diversidad, pluralismo y multiplicidad de voces. Esto fue posible en la medida en que se puso sobre el tapete la necesidad de discutir el paisaje mediático heredado, no sólo en términos de concentración, sino también de cantidad de medios y diversidad de contenidos. Estos son los ejes del problema. La concentración no sólo se soluciona poniendo límites a la propiedad de los medios ya existentes, sino también promoviendo mayor cantidad y diversidad de voces. En ese ritmo late el corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ese camino es el que vamos transitando.

¿Pero cuál es la incidencia concreta de estos cambios en el modelo electoral como para que hasta los sectores opositores más radicalizados reconozcan los nuevos y democráticos vientos? ¿Y de dónde vienen?

La influencia nace del cambio en el paradigma regulatorio. En particular, en lo que tiene que ver con la TV. Cuando se promovió la elaboración de una ley que regulara los servicios de comunicación audiovisual y no la radiodifusión, no era sólo por la necesidad de plantear una política de Estado hacia la convergencia tecnológica de las comunicaciones. También se buscó dar entidad de medio de comunicación a las señales y no sólo a los propietarios de los canales de televisión abierta y radios. Es decir, hasta ahora los mensajes electorales se distribuían entre los “servicios de radiodifusión”: las estaciones de televisión abierta, que eran 39 en todo el país –y sólo siete ciudades contaban con más de una propia– y no todas las radios. Esta subutilización discriminatoria del espectro de frecuencias fue lo que provocó hace décadas la expansión y la capilaridad del tendido del cable, pero las señales –“canales” en el lenguaje coloquial– que distribuían esos proveedores de cable no existían, ni para la ley de radiodifusión, ni para los mensajes de campaña que se asignaban según lo dispuesto por el Código Electoral.

La nueva regulación incorporó a las señales y el caudal de soportes para la difusión de mensajes electorales creció. Hasta ahora se sumaron treinta y un nuevos medios, cuya distribución alcanza el territorio nacional, a los que se accede mediante el pago del abono si la recepción es por cable y de manera gratuita si es por Televisión Digital Abierta. Simple: el ancho de la boca del embudo multiplicó varias veces su diámetro y en esos nuevos flujos comunicacionales caben más contenidos y más segundos de exposición para todos los candidatos frente a la sociedad.

Pero esto no es todo. La normativa exige a los medios que brinden igualdad de condiciones a todos los partidos y el decreto reglamentario de la LSCA excluye del conteo de publicidad a los espacios sorteados por la Dirección Nacional Electoral. ¿El resultado? Más tiempo, más candidatos, más voces. Más pluralismo. La ley, su aplicación y el impacto en la comunicación social, una vez más, van en serio.

Sin embargo, existía un problema adicional que la ley de medios no podía resolver porque no era parte de su competencia. Podía ocurrir que la inversión publicitaria en la campaña para las primarias distorsionara la ecuanimidad del foro de modo tal que algunos poderosos se quedaran con más segundos para que sus candidatos favoritos pudieran exponerse por más tiempo. De esta cuestión se hizo cargo la ley de reforma electoral, de manera consistente con los principios más democráticos y las posiciones doctrinarias más avanzadas en materia de libertad de expresión.

Constitucionalistas norteamericanos como Owen Fiss advierten que es imperativo que el Estado implemente regulaciones vinculadas con el uso del dinero de las campañas, incluso cuando resulten antipáticas. El objetivo debe ser universalizar la libertad de expresión y garantizar igualdad de acceso para todos los oradores en el debate público. Esto implica poner límites a la presencia de aportes privados para la compra de espacios de televisión y radio. Fiss sostiene que “el ilimitado gasto de campañas políticas no sólo reproduce la desigualdad en la distribución de la riqueza y pone en desventaja a los pobres en la arena política, sino que también podría tener el efecto de silenciar –hasta el desvanecimiento total– la voz de los que menos tienen. Los ricos pueden así dominar el ámbito de la publicidad en los medios y otras esferas de lo público, de manera tal que la audiencia sólo escuche su mensaje”. Esta doctrina de Estado intervencionista se aplicó durante décadas en Estados Unidos, pero la impugnación judicial por parte de los sectores más conservadores dio resultado hace poco más de un año. En enero de 2010 obtuvieron el acuerdo –por una mayoría tan conservadora como los presentantes– de la Corte Suprema. La decisión mereció durísimas críticas del presidente Obama, quien afirmó: “La Corte Suprema ha dado luz verde a una nueva estampida de especial interés para el dinero en nuestra política. Es una gran victoria para las grandes petroleras, bancos de Wall Street, compañías de seguros de salud y los demás intereses poderosos para ejercitar su poder cada día en Washington y ahogar la voz de los estadounidenses comunes”.

Esa lógica que denunció Obama es la que buscó revertir la reforma política en Argentina. La nueva ley electoral y su decreto reglamentario establecen la asignación igualitaria de espacios para todos los partidos y sus líneas internas en todos los servicios audiovisuales, abiertos y por suscripción así como en las radios AM y FM. Esta normativa abreva en el mismo espíritu que guió la elaboración y sanción de la LSCA. Los resultados están a la vista.

Habrá que acostumbrarse a que el Estado ya no sea un convidado de piedra y comprender que tiene funciones que cumplir a la hora de obtener para la sociedad más espacios de comunicación, pluralidad de opiniones y mejor institucionalidad. Esto implica, a la vez, reducir la presión económica y de ciertas prácticas de las corporaciones de medios sobre la política. La voz de los argentinos de todas las tendencias empezó a tener nuevas cajas de resonancia y ya no quiere estar ahogada. Nunca más.

* Doctor en Comunicación. Ex vicedecano de Sociales de la UBA.