Dentro de su táctica de anticiparse a los hechos para tratar de controlar el daño, Scioli anunció que luego de reasumir enviará a la Legislatura un proyecto de ley de creación de la Policía Judicial. Este viejo reclamo fue actualizado este año por una amplia “Convergencia para la Democratización de la Justicia”, impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, el SERPAJ, la APDH, la Red de Jueces Penales y gran cantidad de organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones gremiales y profesionales, especialistas, académicos y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. El consenso elaborado recuerda que la falta de implementación de una policía judicial contemplada en la Constitución ha permitido “la delegación absoluta de la actividad investigativa en la Policía Bonaerense”, en desmedro del Poder Judicial. Su creación superaría la “falsa disyuntiva entre el respeto a las garantías constitucionales y la efectividad en la persecución del delito”, conjugando “criterios racionales y efectivos de investigación y el apego irrestricto a las garantías constitucionales”. (Los catorce principios que sostiene esta Convergencia se publican como solicitada en la página 11 de esta edición y también pueden consultarse en democratizaciondelajusticia.word press.com). Scioli sabía que Mariotto estaba trabajando en esa línea y que contaba con el número para aprobarla en la Legislatura. Por eso instruyó al jefe de gabinete Alberto Pérez para que le anunciara a la Comisión la adopción de su proyecto. Durante la reunión, en la que Casal pareció más apagado que de costumbre, el dirigente de la Comisión y ex legislador Alejandro Mosquera interrogó a los ministros sobre varios puntos irrenunciables: que dependa del Poder Judicial y en ningún caso del Poder Ejecutivo; que no se admita la incorporación o el pase del personal de la Policía Bonaerense, ya que se trata de construir una fuerza distinta; que haya un plan de implementación y una capacitación permanente; que el cuerpo central se desconcentre en los distintos departamentos judiciales, para que todos los fiscales cuenten con un cuerpo de Policía Judicial para las investigaciones complejas, y que la Procuración General presente un plan estratégico con las prioridades de la investigación penal. Todos ellos fueron aceptados por el Jefe de Gabinete. Quedó pendiente en cambio el tipo de delitos que investigará la policía judicial, ya que el gobierno provincial pretende que incluya los delitos de flagrancia, alegando que muchas investigaciones complejas comienzan así. Eso no es cierto. La flagrancia, o los delitos con los que la policía se cruza por casualidad en la calle, son la puerta trampa por la que se han perdido todos los esfuerzos anteriores para replantear la investigación penal, función que debe estar separada en forma nítida de la que corresponde a una policía de seguridad.

El proyecto nacional

El viernes de la semana anterior, Mariotto organizó el Primer Plenario “Buenos Aires en el Proyecto Nacional”, en el que durante todo el día se analizaron propuestas de políticas públicas. Sesionaron una docena de comisiones, que vertieron sus conclusiones en forma sintética. La relatora de Justicia y Derechos Humanos fue la Camarista de Lomas de Zamora Silvia González y el relator de Seguridad fue el ex subsecretario de Arslanian, Martín Arias Duval. La primera propuesta de la Comisión de Justicia fue promover la autonomía de la Defensa Pública, que hoy es la cenicienta del Ministerio Público Fiscal. La segunda fue la adhesión a los catorce puntos de consenso para la implementación de la Policía Judicial. También reclamó intensificar la descentralización del Poder Judicial, promover la creación de unidades barriales para la contención social de conflictos y la articulación con los organismos sociales y las entidades educativas de las estrategias de mediación. También se aprobó impulsar el juzgamiento de los cómplices civiles de la dictadura militar, democratizar el Consejo de la Magistratura, acelerar las reformas en el Servicio Penitenciario para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, impulsar y promover reformas al Patronato de Liberados que garanticen la vigencia de los derechos humanos de los penados, implementar la Ley de Salud Mental y “repensar las estrategias para la prevención del delito en menores con vulnerabilidad social y los procedimientos de resocialización de los menores en conflicto con la ley”. La comisión de Seguridad adhirió por unanimidad a las propuestas del Acuerdo para una Seguridad Democrática y también postuló la creación de la Policía Judicial, pero reclamó un “debate público antes del parlamentario”. Reclamó terminar con el autogobierno de las fuerzas policiales, las que deben estar conducidas política y estratégicamente por una autoridad civil; fortalecer la participación ciudadana y el compromiso de la militancia en la evaluación y control de la policía y de las empresas de vigilancia privada, y en el diseño de las políticas de seguridad. Para ello es precisa la intervención activa de los municipios, la recuperación del espacio público, el ordenamiento urbano y la articulación de acciones con las de los gobiernos provincial y nacional. La comisión dijo en forma explícita que las políticas de seguridad y la formación de los cuadros policiales deben estar en sintonía con las políticas del gobierno nacional y tender a la profesionalización de las fuerzas de seguridad y a la protección de derechos y garantías, sin caer en la falsa la disyuntiva “seguridad vs. derechos individuales”.