Las 93 páginas del informe anual del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la ciudad de Buenos Aires contienen datos categóricos sobre 2011, el último de los cuatro años que está por cumplir Mauricio Macri en su primer mandato como jefe de Gobierno. Sus detalladas denuncias y conclusiones se proyectan de manera negativa sobre la segunda etapa del Ejecutivo porteño que comienza este mes y concluirá a fines de 2015. Las áreas analizadas en el trabajo abarcan Espacio Público, Hábitat y Vivienda, Seguridad, Salud, Accesibilidad, Educación, Cultura, y Memoria, Verdad y Justicia. Sostiene en su epílogo que el PRO “lejos de la nueva política que prometía, adaptó al nuevo siglo todos los vicios de la vieja política: la falta de diálogo; un tejido rentado, impactante, de referentes barriales; corrupción en el manejo de lo público; represión a los conflictos sociales; reivindicación de la dictadura; utilización farandulera de la política; abandono de las áreas sociales sensibles a las huestes del mercado, por citar sólo algunos”.

Con todo, el ODH reivindica las luchas empeñadas en revertir algunas de estas políticas. “Desde esta organización de militantes por la plena vigencia de los derechos humanos hemos podido comprobar que uniéndonos, y luchando a conciencia, se ha contribuido a la derogación de la UCEP –patota paraestatal incompatible con un Estado de Derecho–; a la prohibición de utilización de neopicanas por parte de la Policía Metropolitana; a la prohibición de instalación de audio y video dentro de escuelas públicas; a las renuncias de Abel Posse y Fino Palacios y su doctrina de Seguridad Nacional, entre muchos otros límites que propiciamos.” El informe que será presentado mañana a las 19 en la sede de Ctera, de Chile 654, en el barrio de San Telmo, es el tercero consecutivo que realiza el Observatorio sobre la gestión del gobierno porteño.

Sus autores destacan las conclusiones en el rubro Seguridad, vinculadas en lo central al accionar de la Policía Metropolitana. Denuncian que “en marzo de este año, una delegación judicial comandada por el fiscal Sandro Abraldes halló 98 cartuchos de perdigones de plomo en una dependencia de la fuerza porteña del mismo calibre que los utilizados en la sangrienta represión del Indoamericano. Las municiones habían sido compradas dos meses antes de la toma del predio, a pesar de que el ministro (Guillermo) Montenegro señaló en declaraciones públicas que la Metropolitana no había adquirido munición de guerra”.

Es la fuerza que, como el informe del ODH señala, “cuenta con 2800 efectivos desplegados en tres comunas de la ciudad” y que tiene una inversión marco en seguridad que aumentó un 43 por ciento para 2012, “pasando de 1096 a 1570 millones de pesos, lo que representa un 4,8 por ciento del total del presupuesto”. También es la que “envió por segundo año consecutivo a integrantes de la Policía Metropolitana para capacitarse en la nueva Escuela de las Américas, financiada por Estados Unidos. El curso sobre terrorismo internacional, contrabando transnacional y narcoterrorismo, ofrecido por la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en El Salvador, refería a delitos ajenos a las competencias de la PM, distando de ser necesario para una policía en formación y de carácter comunitario”.

Desde el Observatorio se insta al gobierno porteño a “revertir de manera urgente la orientación que se le está dando a la nueva fuerza, adecuando el Instituto a receptar una pedagogía policial conforme al espíritu de la Ley 2894, de una policía democrática, cercana a la comunidad, con foros de participación, próxima al vecino”.

El informe se complementa con entrevistas a respetados profesionales de las áreas que analiza, como el arquitecto Rodolfo Livingston en Hábitat y Vivienda o el médico Donato Spacavento, ex director del Hospital Argerich, en Salud. También son consultados referentes barriales y sindicales que describen las políticas del macrismo para la ciudad en vivienda o cultura, por ejemplo.

El Observatorio critica las “graves falencias del Poder Ejecutivo local en materia humanitaria” desde la propia introducción del informe. Recuerda que “se opuso a la sanción de la reforma del Código Contravencional propuesta por el Poder Ejecutivo, que busca prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios por ser inconstitucional, en tanto resulta violatorio del principio de inocencia, de la garantía del debido proceso y del derecho a la igualdad, por ser un claro caso de criminalización de la pobreza”.

Más adelante hace una reseña de la UCEP y el modo en que actuaba contra los indigentes que viven en situación de calle para remarcar que uno de sus ex responsables operativos, Matías Lanusse (imputado en una causa penal por lesiones y amenazas), hoy es comunero por el PRO en la Comuna 2. Una forma de reciclar a sus funcionarios cuestionados.

Otro tramo destacado del informe es el que confronta los presupuestos en áreas tan diferentes como Salud y Publicidad oficial. Sostiene que el primero “fue del 12 por ciento del total. Al 30 de junio de 2011 se había ejecutado en equipamiento sólo el 8,9 por ciento. Resulta interesante compararlo –dice el ODH– con el presupuesto de publicidad, a fin de entender las prioridades de una gestión: para la misma fecha se ejecutó en un 81 por ciento, hecho que sólo se explica por la campaña electoral porteña en la cual resultó reelegido el jefe de Gobierno”.

También denuncia esta institución no gubernamental que del presupuesto “se imputa un alto porcentaje a la adquisición de medicamentos. Sin embargo, se sigue soslayando la existencia del laboratorio de producción que tiene la ciudad y que funciona en los Talleres Protegidos, donde se fabrican tuberculostáticos para todo el país y psicofármacos para el área de salud mental de la ciudad. El mismo cuenta con equipamiento adecuado y se encuentra en condiciones de producir otras líneas de medicamentos. Incluso existe una denuncia sobre amenaza de cierre de estos talleres”.

Otro tema es la salud mental: “El programa 65 no tiene metas. Se siguen incumpliendo la Ley 448 y la Ley 26.657, con un presupuesto mínimo que no representa ni siquiera el 1 por ciento del presupuesto de la Ciudad”, dice el informe.

Por último, la conclusión sobre la problemática educativa se vincula con los hechos recientes que enfrentaron a los docentes y el gobierno en la Legislatura, con la consabida utilización de una patota para amedrentar y atacar a los trabajadores, como sucedió el jueves pasado.

“Recientemente hemos observado el incremento de la conflictividad laboral por parte del plantel docente, como defensa ante avasallamientos antijurídicos propuestos por el Gobierno de la Ciudad. La evaluación docente y el reemplazo de las Juntas de Clasificaciones encubre flexibilización laboral y genera la jerarquización de escuelas según sectores sociales, implicando que los docentes con mayores puntajes se concentrarán en las zonas acomodadas, en detrimento de las escuelas más desfavorecidas que, como se sabe, son las de la zona sur de la ciudad.”