Jaime Duran Barba se presentó finalmente ayer en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Acompañado por sus abogados, el consultor de Mauricio Macri fue recibido en su despacho por la jueza que lo esperaba para tomarle indagatoria, pero no aceptó contestar preguntas y se limitó a entregar un escrito. Por ese medio negó haber montado una campaña sucia contra el senador Daniel Filmus para perjudicar su candidatura en las elecciones a jefe de Gobierno porteño del 2011.

Durán Barba siguió así la misma estrategia de sus socios José Garat y Rodrigo Lugones, que están imputados con él por la campaña sucia. El asesor macrista había faltado a dos llamados anteriores para declarar, un recurso destinado a ganar tiempo. Los abogados de Filmus, que es querellante en la causa, ya habían anticipado que de volver a postergar su indagatoria pedirían que Durán Barba fuera llevado al juzgado por la fuerza pública.

Con la presentación de ayer se completaron las citaciones a indagatoria y ahora Servini de Cubría tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de los tres socios, imputados de haber violado el artículo 140 del Código Electoral, que pena con dos meses a dos años de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.

Durán Barba sólo aceptó contestar una pregunta referida a sus consortes de causas, a quienes admitió conocer y en especial a Lugones porque –según dijo– había sido su alumno.

En el expediente se investigan los engaños cometidos mediante una encuesta telefónica con preguntas que contenían un dato falso. Se preguntaba si el electorado votaría al candidato kirchnerista “aun a sabiendas de que su padre, Salomón Filmus, era arquitecto y trabajaba para Sergio Schoklender”, el ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo investigado por presunto fraude.

Tras la denuncia de Filmus, la magistrada ordenó allanar las empresas Tag Continental, Conectic SRL y NSS, vinculadas a Lugones y Garat, donde se secuestraron computadoras desde las cuales –según concluyeron las pericias– se realizaron los llamados a través de servidores ubicados en Estados Unidos. En el mismo edificio donde estaban las empresas se encuentra la consultora Opinión Confidential, propiedad de Duran Barba y Asociados, y en donde Garat y Lugones son socios.

En su descargo escrito, Duran Barba negó haber ideado o llevado adelante una campaña contra Filmus, y puso en duda que el hecho en sí sea un delito.

Lugones había presentado el miércoles un escrito en el que negó de la misma manera haber formado parte de la campaña y se desvinculó de las empresas a través de las cuales se habría realizado la maniobra. Por su parte, Garat, también por escrito, adelantó que declarará cuando la Corte Suprema defina qué juez debe entender en la causa.

En el caso hay una discusión entre el juzgado federal de Servini de Cubría y el juez de la Ciudad Carlos Bentolila, sobre quien tiene la competencia, tema que debe ser dirimido por el máximo tribunal. El procurador Luis González Warcalde dictaminó que debe quedar en manos de Servini porque la maniobra que se investiga podría afectar también la elección presidencial pasada, por lo que la jurisdicción que correspondería es la federal.

Para los querellantes en la causa federal se ha reunido material que no deja dudas de la maniobra. “Además está probado que dos de las empresas han prestado servicios para el gobierno porteño y también para la campaña del PRO.”

En este sentido, anticiparon, en los próximos días pedirán que se realicen nuevas pericias sobre la ruta del dinero. Los datos que comprometen a Duran Barba son también una nueva sombra para Mauricio Macri, investigado en el caso por las escuchas ilegales que está en camino de ser elevado a juicio oral.