“Ustedes inventaron todo lo que tenían para inventar. Ahora yo voy a decir mi verdad al juez”, espetó María Alejandra Bonafini a los periodistas que la esperaban en Tribunales, donde iba a declarar como sospechosa en la causa sobre el desvío de fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. Bonafini, hija de la titular de la Asociación Madres, Hebe de Bonafini, le dijo al juez Norberto Oyarbide que nunca trabajó en el plan habitacional de la Misión Sueños Compartidos y que eso se debía al enfrentamiento que hacía varios años mantenía con Sergio Schoklender. Negó también haber gestionado subsidios desde su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, algo que había asegurado Schoklender al ser indagado un día antes. En el juzgado le leyeron de qué se la acusa y ahí se enteró oficialmente de que está imputada como integrante de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado y a la fundación.

La hipótesis del juzgado de Oyarbide es que Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, conducía una asociación ilícita que, entre otras cosas, se quedaba con dinero del plan de viviendas o bien le daba un uso fuera de lo previsto. Uno de los mecanismos utilizados para desviar los fondos, según la investigación, se basó en usar empresas-pantalla. Una de ellas era Meldorek, y con esta firma es con la que se vincula a María Alejandra Bonafini.

El fiscal Jorge Di Lello ya había planteado que ella tendría que explicar la operación en la que le vendió en 2010 a Meldorek un departamento en la calle 44 de La Plata por 25 mil dólares (cifra que no se correspondería con valores de mercado). La duda apunta al origen de los fondos usados en esa transacción. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) le había abierto un expediente por dos reportes de operaciones sospechosas que hizo el Banco Francés. Se habían detectado transferencias y depósitos por un total de 235.250 pesos, que no tenían relación con su “perfil” como clienta, retirados luego por Bonafini en una sucursal bancaria platense. Ella argumentó que el dinero era producto de la venta del inmueble, de ahorros y un préstamo.

En la indagatoria, que se extendió durante casi cuatro horas, María Alejandra hizo alusiones a un escrito que había presentado el 8 de abril donde decía, entre otras cosas, que no sabía que Meldorek era una firma de Sergio Schoklender, y que cuando publicó un aviso de venta del departamento a través de la inmobiliaria Dacal, la llamó Patricia Alonso, secretaria y mano derecha del ex apoderado de Madres, y aceptó la cifra que pedía por la propiedad. Alonso también está imputada y ayer presentó un escrito para defenderse.

Bonafini le dio al juez más precisiones sobre el origen de su enfrentamiento con Sergio Schoklender (al que había aludido en el descargo) y la “desconfianza” que dice que le despertaba y que la llevó a evitar participar de Sueños Compartidos. Relató que el conflicto se remontaba a 2002, cuando Schoklender le vendió un auto robado a una amiga suya, a lo que sumó que le generaba dudas su estilo de vida ostentoso.

Sostuvo que era tan tirante la situación que ella dejó de ir a la ronda de las Madres los jueves en Plaza de Mayo para no encontrarse con él. Su actividad con la entidad, dijo, se limitó al área de prensa. Aseguró que fue ajena a la gestión de los subsidios. Cuando estalló el escándalo por los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, dijo que le sugirió a su madre, vía emisarios, que pusiera la documentación a resguardo. Después de la salida de Pablo y Sergio Schoklender, ella quedó como apoderada un tiempo corto, pues también quedó implicada en la causa.

María Alejandra había ido acompañada a tribunales por un grupo de Madres, a quienes se vio con sus pañuelos blancos y que desde una combi le gritaban “¡Fuerza, fuerza!”. Hebe de Bonafini no estuvo allí, pero dijo que está “sumamente orgullosa” de su hija. Afirmó: “Tenemos la conciencia tranquila a pesar de todo lo que nos reclamaron (...) como siempre esperamos a la Justicia que hasta ahora procedió como tenía que proceder”.