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La Gendarmería y la Prefectura pasaron ayer a disponibilidad a varios participantes del motín que efectivos de las dos fuerzas protagonizan desde hace seis días. El pase a disponibilidad significa que se les abre un sumario y los jefes resolverán qué sanciones corresponden e incluso su apartamiento de la respectiva fuerza. La decisión no tiene que ver con el origen del conflicto ni con el petitorio, sino con la advertencia que se les hizo de que debían volver a sus unidades y no podían seguir bloqueando la actividad normal en los edificios Centinela y Guardacostas. Entre los pasados a disponibilidad están Raúl Maza, vocero de los amotinados de Gendarmería, un oficial de Salta que realizó declaraciones agraviantes, tres efectivos de Prefectura y otros dos de Gendarmería. Ayer había convocada una asamblea que reunió a poco personal y en el Guardacostas y el Centinela quedaron muy pocos efectivos al mediodía, mientras que al atardecer se agrupaban unas 300 personas en cada lugar, incluyendo familiares y amigos. La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, censuró ayer el motín señalando que “hay que tener cuidado con este reclamo. No son lo mismo que cualquier trabajador. Prestan un servicio armado” (ver aparte).

El viernes, en diálogos directos que mantuvieron los sublevados con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, éste les advirtió que se debía recomponer la cadena de mandos, empezando por despejar las calles y los edificios, y con el regreso a las unidades de todo el personal que se concentró allí. Como adelantó este diario, los diálogos tuvieron altibajos, con algunos avances en el tratamiento del petitorio, pero al mismo tiempo con la amenaza de sanciones si no se volvía a la normalidad. Esto se concretó en la misma jornada, con los telegramas librados por Gendarmería y Prefectura contra algunos de los cabecillas por no acatar la orden de sus jefes. La idea es abrir sumarios a estos efectivos, pero proceder de la misma manera con otros en caso de ser necesario. También se baraja la alternativa de denunciarlos a la Justicia, para lo cual las frases de Highton de Nolasco fueron un aliciente. Se sabe que otros jueces de la Corte tienen la misma opinión: las personas de uniforme pueden reclamar, pero no realizar paros ni movimientos que signifiquen motines.

La decisión de la Gendarmería y la Prefectura se tomó teniendo en cuenta que los sueldos –el motivo de la protesta– ya hacía 48 horas que se habían liquidado sin los descuentos que produjeron el malestar. Como se ve en la foto, parte de los que ayer continuaban en los edificios son oficiales o suboficiales de cierta edad, lo que hace pensar que se trata de personal muy beneficiado por los escandalosos amparos judiciales que llevaron a sueldos disparatados (ver nota de tapa). También se veía a efectivos muy jóvenes: el dato es que el 41 por ciento de los que están en la Escuela de Gendarmería, es decir todavía no entraron del todo a la fuerza, ya están beneficiados por amparos y algunos consiguieron fallos que les permiten cobrar 22.000 pesos por mes. Y, por supuesto, están los efectivos –también jóvenes– que manifiestan malestar por su actual función de seguridad en el conurbano o en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual piden un aumento. Hay una franja de gendarmes y prefectos con los que resulta difícil el diálogo porque no tienen tradición en las fuerzas y se manifiestan poco afectos a la estructura disciplinaria.

Raúl Maza, vocero de los gendarmes, confirmó que había recibido el telegrama pasándolo a disponibilidad. Argumentó que Berni se comprometió verbalmente a que no habría sanciones por la protesta, pero en Gendarmería sostuvieron que el pase a disponibilidad tiene que ver con que no se acatan órdenes, no con el movimiento inicial. “No hay que alarmarse. Quieren frenar la protesta, pero nosotros seguiremos adelante porque esta es una protesta constitucional”, sostuvo ayer Maza. Ayer, las negociaciones fueron entre el Ministerio de Seguridad, el de Economía y los jefes de Gendarmería, Enrique Zach, y de Prefectura, Luis Heiler. Se están revisando los cambios posibles en los ingresos de los efectivos. Parece claro que no habrá diálogo con los puestos en disponibilidad y que se busca recomponer la disciplina con los dos jefes a cargo de buscar las soluciones junto al Ministerio de Seguridad.

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