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Hay un cuadro de San Martín detrás del sillón del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Y cinco televisores en la pared de su despacho. Es viernes por la tarde. En las pantallas está Alfonso Severo, el testigo de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra que estuvo desaparecido el día anterior. El viernes por la mañana, Alak denunció una “maniobra para digitar el juez” que debería intervenir en el expediente en el que el Grupo Clarín objetó el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que lo obliga a desinvertir. “Hay una clara violación a la independencia judicial. Muchas veces se cuestiona al Poder Judicial manifestando que tiene que ser independiente del poder político y en este caso está claro que hay presiones del poder económico y el poder mediático.”

Durante toda la semana hubo cruces entre los miembros del Consejo de la Magistratura. Estaba (todavía está) en juego la definición de los nombres de quienes ocuparán cinco juzgados federales en lo Civil y Comercial. En uno de ellos está el expediente en el que el Grupo Clarín impugnó la ley de medios. La oposición acusó al Gobierno de querer imponer una candidata, María Lorena Gagliardi, quien había subido del puesto 15 al 6 en la nómina. El jueves, el oficialismo propuso que la abogada cuestionada fuera apartada de la lista para que se pudieran cubrir las vacantes en cuestión, pero el resto de los miembros se opuso aduciendo que el concurso ya estaba viciado. Alak y los consejeros Marcelo Fuentes y Hernán Ordiales denunciaron que en realidad pretendían “bloquear” la posibilidad de que ese juzgado fuera ocupado ya que se había designado a un magistrado subrogante “a dedo para que intervenga en el caso Clarín”: Raúl Tettamanti. Aquí, el ministro explica los detalles de lo que califica como “una maniobra en dos frentes”. En el centro de la acusación quedó el juez Ricardo Recondo, miembro del Consejo de la Magistratura e integrante de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que nombró al juez interino.

–¿El Gobierno va a recusar a Tettamanti?

–Lo que denunciamos es un hecho de altísima gravedad institucional. Ha habido una maniobra llena de irregularidades destinada, por un lado, a elegir mediante un procedimiento absolutamente irregular a un juez subrogante sin cumplir con los reglamentos de la Cámara para entender y fallar en la causa Clarín. El mismo protagonista, el doctor Recondo, ha llevado adelante, junto a los consejeros de la oposición, los radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla y los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi, una estrategia en el Consejo de la Magistratura que tiene por objetivo bloquear la designación de jueces regulares, de jueces constitucionales. Este doble procedimiento con un solo fin, que es designar un juez a dedo para que entienda en la causa Clarín, tiene un protagonista que es Recondo.

–Hay jueces subrogantes en muchos juzgados, ¿por qué objetan esta designación en particular?

–La designación irregular –no incluyo a toda la Cámara– fue llevada adelante por los jueces Recondo y (Martín) Farrel. Se llevó adelante con el fin de designar a dos jueces: Tettamanti y (Francisco de Asís) Soto. A Te-ttamanti, que es un juez jubilado que se lo convocó en mayo último para subrogar el Juzgado Civil y Comercial N0 4, se le asignó el Juzgado Civil y Comercial N0 1. A Soto, que estaba en el Juzgado 6, también subrogando, se le asignó el Juzgado 7. ¿Por qué fue irregular el procedimiento? En primer lugar porque no lo decidió el pleno de la Cámara Civil y Comercial, que lo debería haber designado. Cuando el pleno de la Cámara no designa a los jueces subrogantes, lo hace el ámbito que se crea con los presidentes de las salas. La Cámara Civil y Comercial tiene tres salas, deberían haber participado tres integrantes por lo menos, pero participaron sólo dos.

–Entonces el resto de los camaristas debería haber objetado ese procedimiento.

–El resto de los camaristas avaló la designación en una comunicación a la Corte. Pero más allá de que la comunicación la firman otros camaristas, el sorteo se hizo en forma no aleatoria y en forma manual, no electrónica. Y hay otra nulidad grave, que es que el sorteo no se hizo sobre los seis jueces que integran el fuero para ser sorteados, se hizo sobre dos jueces. Dos camaristas sortearon dos cargos y tomaron una lista de dos jueces, no de seis. Prácticamente adjudicaron a un juez un juzgado. Hay una irregularidad notable. Además ya hay una suerte de modus operandi en la Cámara en cuanto a asignar jueces para la causa Clarín: convocan a jueces jubilados. El antecedente es el juez (Edmundo) Carbone, que pidió su jubilación en septiembre de 2009. En octubre fue sancionada la ley de medios, la jubilación se le otorgó a Carbone en diciembre de 2009. Tuvimos un mes de feria en enero y en febrero fue convocado. Se toma un mes de vacaciones, vuelve con el haber jubilatorio garantizado y dicta la famosa cautelar...

—... que está vigente.

–Exacto. Y suspende durante tres años el artículo 161.

–¿Se conocen antecedentes de Tettamanti? ¿Por qué suponen que va a fallar a favor de Clarín?

–Consideramos que el método de designación ha sido irregular. Es más, con Tettamanti en el Juzgado 1 se está violando una cuestión reglamentaria que es que no se pueden tener funcionarios en el cuarto nivel de consanguinidad y en el Juzgado 1 está designada una persona que está en el cuarto grado de consanguinidad.

–Entonces ¿qué medidas van a tomar? Se anunció que lo van a recusar.

–Las acciones judiciales no corresponden al ministerio. Van a ser llevadas adelante por otro servicio jurídico. Es grave designar a un juez para entender en la causa Clarín, con la importancia que tiene esta causa, no solamente para la pluralidad de voces, sino para el afianzamiento del sistema democrático. Sabemos que los procesos de concentración mediática en América latina han sido producto del neoliberalismo, que ha tenido en la concentración mediática una manera de hostigar, condicionar y limitar a los procesos democráticos de Latinoamérica. Por eso consideramos que la plena vigencia de la ley de medios tiene que ver con la plena vigencia de la democracia. No hay plena vigencia de la democracia sin la plena vigencia de la ley de medios.

–¿Por qué la Corte no objetó entonces esta designación cuando la Cámara se la informó?

–La Corte no objetó porque consideró que era inoficioso su rol en este caso, porque el reglamento establece que es la Cámara la responsable de la designación, no la Corte. La Corte solamente es notificada de que la Cámara resolvió. La Corte de ninguna manera avala el mecanismo. Le dice a la Cámara: “Señores, esto es responsabilidad de ustedes, tomo conocimiento”. Y punto. Eso no es legitimar. Por otro lado es una resolución del secretario administrativo de la Corte, no está firmada por ninguno de los ministros. Se han violado los estándares que existen en la Justicia federal argentina para la designación de jueces subrogantes por parte de las cámaras. Por eso consideramos que la designación de Tettamanti es una maniobra para adjudicarle en forma expresa la causa Clarín. Esperemos que el doctor Tettamanti no dicte en los próximos días una sentencia que sostenga la inconstitucionalidad del artículo 161 y establezca una nueva cautelar.

–¿Si fallara sobre el fondo necesitaría una nueva cautelar?

–Sí, porque si falla sobre el fondo, la apelación que haría eventualmente el Estado no le daría efectos suspensivos a la sentencia. También es importante que en este procedimiento se viola un espíritu, que es el del decreto 222 de Néstor Kirchner, que profundizó el sistema de transparencia en la selección de magistrados. Si bien el decreto es para la selección de magistrados en el procedimiento ordinario, ese espíritu de transparencia debería impregnar también los actos sustitutivos del proceso de selección de funcionarios, que es la selección de jueces subrogantes.

–En la oposición señalan que el Gobierno denuncia que se eligió a un juez subrogante a dedo, pero la ley establece que el Ejecutivo debe hacer una lista de conjueces para cubrir los juzgados vacantes y está en mora.

–Escuché que la oposición se ha quejado de que no hayamos utilizado la ley de jueces subrogantes, enviando al Senado la nómina de jueces subrogantes para que sea la Cámara la que seleccione esos nombres. No lo hemos hecho porque hemos apostado a la dinámica del Consejo de la Magistratura en el proceso de selección ordinario de jueces a través de lo que establece la Constitución y la ley del Consejo de la Magistratura. Pasa que la maniobra se perfecciona en dos frentes: en uno se procede a la designación irregular mediante un sorteo poco transparente y en otro el bloqueo en la designación de las ternas que desde hace tres años llevó adelante el Consejo de la Magistratura en el concurso 258.

–¿Hay forma de resolver la situación en el Consejo? El oficialismo propuso bajar a la candidata que estaba cuestionada. La oposición dice que el concurso debe hacerse de nuevo. ¿Y?

–La no aceptación de limitar la lista a los primeros cinco postulantes sin la persona que cuestionaba el radicalismo es una contundente demostración de que hay una maniobra y que la maniobra es bloquear el concurso 258, impedir que se elijan jueces por el mecanismo que prevé la Constitución. El concurso 258 superó todas las etapas de publicación del concurso, de masiva inscripción de postulantes, de exámenes, de evaluaciones diversas, audiencias, tiene dictamen de nueve consejeros. El dictamen del concurso está avalado también por el consejero radical Oscar Aguad. Luego de cumplirse todo el procedimiento, cinco consejeros han decidido bloquear el concurso.

–La recusación también la resolvería la Cámara. ¿Puede prosperar?

–No quiero hablar de eso porque pertenece a otro servicio jurídico. Pero lo que hacen los consejeros es grave. El Consejo no está para bloquear concursos, está para designar magistrados. Lo que han hecho es una clara violación a la independencia judicial. Muchas veces se cuestiona al Poder Judicial manifestando que tiene que ser independiente del poder político, y en este caso está claro que hay presiones del poder económico y el poder mediático. Es injustificable que consejeros que representan a un partido centenario como la UCR, que promovió el Consejo de la Magistratura, cuando culmina el procedimiento de selección de magistrados, lo bloquee sin que haya ningún argumento serio y con uno de sus integrantes, como Aguad, que había dictaminado favorablemente para que culmine el concurso.

–La candidata Gagliardi subió varios puestos en el orden de mérito. ¿La reducción de la nómina es la admisión de un error?

–El oficialismo tuvo un gesto de retirar a la persona que aparecía cuestionada para facilitar la cobertura de los cargos con jueces de la Constitución. Los compromisos de algunos miembros del Consejo de la Magistratura con los intereses objetivos de los poderes corporativos evidentemente no se disuelven con gestos de grandeza. Consideramos que los miembros del Consejo de la Magistratura deben reflexionar y permitir que se elijan a través de los mecanismos previstos en la Constitución y en la Ley del Consejo de la Magistratura a los jueces de la Constitución. Dan más garantías los jueces de la Constitución que los jueces subrogantes.

–Si esta situación se mantiene como hasta ahora, ¿qué pasa el 7 de diciembre?

–El 7 de diciembre, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, culmina el proceso de desinversión que tienen que llevar adelante todos los grupos que no se han adecuado aún a la ley. Lo ha dicho claramente la Corte.

–Clarín tiene una interpretación diferente, dice que a partir de ese momento empieza a correr el plazo para la desinversión.

–Querría leerlo (busca un papel y lee): “Vence la suspensión del artículo 161 estableciendo que el 7 de diciembre se le aplica a la actora”, es decir, al Grupo Clarín. El plazo culmina el 7 de diciembre para la vigencia de la medida cautelar y para el proceso de desinversión. Es contundente y claro.

–¿Qué medidas podría tomar el Gobierno si no está terminado el proceso de desinversión o si ni siquiera hay un plan de desinversión presentado?

–Si llegamos al 7 de diciembre como ahora, hay que aplicar la ley.

–¿Qué medidas concretas implicaría?

–Eso lo dirá el organismo competente, que es la Afsca.

–¿La Corte debería aclarar el fallo, ya que se están difundiendo distintas versiones?

–El fallo es claro. Establece que el 7 de diciembre debe concluir el proceso de desinversión. No hay nada que aclarar.