En una cama del Hospital Militar, atendido por sus médicos y rodeado por sus seres queridos, murió a los 90 años el general retirado Ibérico Manuel Saint Jean, interventor de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y uno de los dos hombres a quienes rendía cuentas Ramón Camps, jefe de policía y del mayor circuito de centros clandestinos de exterminio del país. Saint Jean fue procesado y era juzgado desde hace un año por el Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata por 61 secuestros y torturas, por el homicidio de Jorge Rubinstein –apoderado del Grupo Graiver– y por haber implementado un plan criminal y clandestino que incluía torturas y asesinatos con la excusa de “combatir a la subversión”.

“Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos”, prometió en 1977 durante una cena de camaradería. No era un eufemismo sino una práctica concreta que los subordinados de Camps aplicaban en lugares que ellos mismos llamaban pozos: Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, Pozo de Arana. Saint Jean supo jactarse mientras regían las leyes de impunidad de haber hecho desaparecer “cinco mil subversivos”, pero se llamó a silencio cuando lo citó la Justicia: en 2007, en los Juicios por la Verdad, luego como imputado. Esos pozos sobre los que prefirió no hablar amparándose en las garantías que lo protegieron hasta su último día fueron la última escala previa a la muerte de miles de desaparecidos que terminaron enterrados en fosas comunes y que continúa identificando el Equipo Argentino de Antropología Forense.

“El Primer Cuerpo de Ejército, que encabezó en la provincia la lucha contra el terrorismo y no dependía del gobernador (sic), era comandado por el general Carlos Guillermo Suárez Mason”, pretendió ayer el diario La Nación, férreo aliado de Saint Jean en su lucha por la impunidad mientras vivió y en lavar su imagen apenas muerto. Fue el propio Camps quien no ocultó el conocimiento y la complicidad de Saint Jean. “Había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo de Ejército”, escribió en El caso Timerman, como tituló su libro.

Nacido en 1922, Saint Jean egresó del Colegio Militar a fines de 1943, fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y cumplió funciones en el Estado Mayor del Ejército. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y pasó a retiro en febrero de 1973. Después del golpe de Estado, la junta militar lo nombró interventor en la provincia: ocupó el cargo entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981. El voto “sirve para imponer la dictadura de la mayoría”, dijo en 1980 en el Rotary Club de Mar del Plata. “Puede ser mucho peor cuando los tiranos son muchos que cuando es uno solo”, teorizó. En 1982, mientras su hermano Alfredo Oscar era ministro del Interior del dictador Galtieri, justificó la guerra de Malvinas y opinó que el balance era “altamente positivo, más allá del dolor de la derrota”. En 1985 visitó a su amigo Camps, preso en La Tablada, y al año siguiente sus hijos abogados defendieron al ex chofer de su jefe de policía, Norberto Cozzani. Ambos terminaron condenados en el segundo y último juicio a represores antes de las leyes de impunidad. Saint Jean, en cambio, salió ileso de esa primera etapa de justicia post-dictadura.

“No voy a declarar. No tengo nada para aportar e ignoro lo acontecido”, se limitó a decir en 2007 ante la Cámara Federal de La Plata que lo citó al Juicio por la Verdad por los secuestros de la familia Bettini. María del Carmen Frencese de Bettini se había enterado por gestiones de un sacerdote ante Saint Jean que su esposo, desaparecido, había sido asesinado. En mayo de 2008, el juez Arnaldo Corazza lo procesó por el secuestro y las torturas al periodista Jacobo Timerman y le concedió el arresto domiciliario. La causa la inició el abogado Alejo Ramos Padilla, quien destacó que Saint Jean había aportado un equipo de funcionarios para colaborar en “la investigación y los interrogatorios” de Timerman, según consignó Camps.

Saint Jean fue procesado por la Cámara Federal por 61 privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El 8 de septiembre de 2011 se sentó por primera vez en el banquillo frente al TOF–N0 1 de La Plata y una vez más se negó a declarar. Su última batalla, que encabezaron su hijo Ricardo y el abogado Sebastián Olmedo Barrio, fue para ser declarado incapaz y excluido del proceso. Pese a la “actitud de obstrucción” y el “auxilio antiético” del Cuerpo Médico Forense con la “maniobra de simulación” de los abogados, los jueces Carlos Rozansky, Roberto Falcone y Mario Portela concluyeron que “la incapacidad sobreviviente sólo constituye una pretensión de la defensa” y denunciaron a los peritos oficiales, que interrumpían a Saint Jean para callarlo cada vez que empezaba a explayarse con lucidez. A principios de septiembre fue enviado al hospital de la cárcel de Ezeiza y tres semanas después al Hospital Militar. El 17, los jueces fueron a indagarlo por el homicidio de Rubinstein. “Me pusieron de gobernador para perseguir el tráfico de drogas”, fue lo único que dijo, acompañado por su esposa y dos de sus cinco hijos (uno es el fiscal porteño Marcelo Saint Jean). La semana pasada, la Cámara de Casación ordenó concederle el arresto domiciliario. Fue el último beneficio que el Estado de Derecho le concedió al general que se ufanó de matar tímidos e indiferentes.