La investigación por el asesinato del obispo Enrique Angelelli acaba de ser elevada a juicio oral. La arquitectura de la acusación que construyeron los fiscales federales Darío Edgar Illanes y Carlos Gonella tiene un agregado: muestra por primera vez en clave penal el rol que cumplió la jerarquía de la Iglesia Católica argentina durante la dictadura. Los fiscales dicen que no fue un rol silencioso ni sólo cómplice, sino un “rol activo” en las políticas del terrorismo de Estado: “El terrorismo de Estado fue un fenómeno mucho más complejo que el que intentan demostrar algunas miradas miopes, que lo reducen al accionar de las Fuerzas Armadas. En esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado 1976-1983 actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina”. O con otras palabras: “Que el sistema represivo operó en coordinación y con el consentimiento de la Iglesia, o al menos de buena parte de su jerarquía”.

Sobre el caso Angelelli, Gonella e Illanes concluyen que el obispo murió en “un atentado” producto de un “accidente intencional”: “Podemos afirmar con seguridad –explican– que la colisión automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos” a él y al sacerdote Arturo Pinto, que salvó su vida milagrosamente “por razones ajenas a la voluntad de los acusados”.

Por el crimen imputaron a Jorge Rafael Videla y al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que “emitió directivas precisas para eliminar los grupos vinculados al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo”; al ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; y a dos jefes del aparato represivo de La Rioja: el vicecomodoro Fernando Estrella, acusado en el juicio abierto por los curas de Chamical, y entonces segundo de la base de la Fuerza Aérea (Celpa), que funcionó como centro clandestino, y al entonces jefe de la D2, el ex comisario Juan Carlos Romero.

Para conectar la relación entre el rol de la jerarquía de la Iglesia y la causa Angelelli, los fiscales indican que de “la abultada prueba surge de que las persecuciones a los curas riojanos fueron puestas en conocimiento de la jerarquía regional y nacional”. Pero a partir de ese momento, y antes de situar la historia del obispo dentro del desa-rrollo y la persecución al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), explican por qué dicen que el sistema operó en coordinación y acuerdo con la Iglesia. “Resulta de singular importancia mencionar que así como en otras investigaciones ha quedado claro el rol desempeñado por otras instituciones estatales durante el terrorismo de Estado, como el Poder Judicial, en la presente causa se ha demostrado que el sistema represivo instaurado por las Fuerzas Armadas operaba también criminalmente como aparato de poder organizado en coordinación y con el consentimiento la Iglesia Católica argentina, o al menos buena parte de su jerarquía”, dicen. En ese sentido, toman como prueba “el registro” revelado hace unos meses sobre la entrevista que mantuvo el 10 de abril de 1978 Videla con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, representada en ese acto por el obispo Vicente Zazpe y los cardenales Raúl Primatesta y Juan Aramburu.

El contenido del documento que forma parte de los archivos secretos de la Iglesia fue revelado por Horacio Verbitsky en Página/12. “En la reunión entre Videla y el Episcopado queda claro que en forma conjunta se buscaron soluciones para el problema de los desaparecidos –dicen los fiscales–, y que esas soluciones no fueron justamente blanquear la situación, informar sobre el destino de las personas, sino todo lo contrario.”

Primatesta escribió en el documento que, durante el encuentro, Videla se mostró preocupado porque los obispos habían usado la palabra “presos políticos”. Les dijo que “en el ámbito internacional y periodístico esos términos se interpretan como que acá hay presos por sus opiniones políticas, o por cuestiones raciales o religiosas, cosa que no es cierta: los que están presos –y citó casos concretos como el de Timerman– no lo están por esas causas sino por razones que hacen directamente a la guerrilla”. Primatesta le dijo a Videla que “se había tratado de una ‘nomenclatura vulgar’ y que no hubo otra intención”. Y le explicó que el problema que tenían ellos era el reclamo de los obispos, que a su vez recibían las quejas de los familiares, y que se acercaba el viaje para la Asamblea de Puebla, en el que los recibiría un ambiente “no local” donde se “pueden hacer cuestionamientos que de algún modo tendremos que responder”.

El texto transcribe lo que sigue: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están; pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados; ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas. Se estuvo dialogando sobre la necesidad de buscar alguna solución...”, dejó escrito el cardenal sobre la entrevista en la que poco más tarde, por la reconstrucción, él dice que “la Iglesia quiere comprender, cooperar”.

“Es realmente asombroso el tratamiento que efectuaron los prelados sobre la ‘nomenclatura vulgar’”, señalan los fiscales. “Pero lo más asombroso e indignante resulta el sesudo análisis sobre ‘los desaparecidos’ y los problemas que podría generar en Puebla”, la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se iba a hacer el 27 de enero de 1979 en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de México, para continuar con los lineamientos de la II Conferencia General de Medellín.

En ese punto recuerdan una frase de Aramburu sobre el final del encuentro: “Le sugerí que por lo menos dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. También recuerdan la frase del propio Videla a la revista cordobesa El Sur, en la que dijo que: “Los obispos nos asesoraron sobre la forma de manejar el tema de los desaparecidos”.

Primatesta va a aparecer nuevamente en la historia de Angelelli, esta vez como la persona que “gestionó” su “alejamiento” de la provincia de Córdoba y le dijo al vicario castrense del Ejército Victorio Bonamín: “Ojalá se lleve a los compinches”.

Pese al modo de construir en clave penal la participación de la Iglesia en la dictadura, los fiscales no avanzaron con una acusación contra ninguno de los obispos. Gonella dice que no lo hicieron porque todos los que aparecen están muertos y que él mismo dijo, en uno de los juicios de Córdoba, que si Primatesta estuviese vivo estaría entre los acusados.