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La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) acordó con la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis) y las ONG vinculadas con las prestaciones de ese sector dictar una nueva resolución para regular las prácticas que se deben reintegrar por discapacidad. La nueva medida “se elaborará de manera consensuada con estas instituciones y permitirá incluir aquellas demandas y observaciones necesarias para optimizar la cobertura de las personas con discapacidad”, señaló en un comunicado la SSS.

La medida fue tomada el viernes pasado en el marco de una reunión entre la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, la presidenta de la Conadis, Raquel Tiramonti, y los representantes de Aiepesa, Caidis, Obra Don Orione y el Arzobispado de Buenos Aires.

“A efectos de llevar tranquilidad a todas las personas con discapacidad, y a sus familiares, la Superintendencia adecuará la forma de presentación de las modalidades de reintegros de acuerdo a las clasificaciones y valores.” Desde las organizaciones se había criticado la resolución 1200, con el argumento de que había prestaciones que no estaban incluidas y que se recortaban algunos subsidios. Desde la SSS admitieron que las organizaciones que trabajan con personas discapacitadas “pudieron interpretar de manera equívoca la resolución”, por lo que en la reunión del viernes acordaron una nueva redacción que despejara las dudas.

Liliana Korenfeld afirmó que “el espíritu de la resolución 1200 no fue vulnerar los derechos de los beneficiarios ni hacer peligrar el financiamiento de las prestaciones”. Y agregó que “las resoluciones y políticas se enmarcan en el modelo nacional de inclusión y transformación social que amplía progresivamente los derechos de la población”.

El organismo destacó que actualmente la resolución 1200 se encuentra suspendida hasta el 30 de noviembre. “Esta normativa –indicó el comunicado– mantiene así la vigencia de todas las normas que regulaban el otorgamiento de reintegros en el marco de la resolución 500/04 y sus modificatorias. Asimismo, la resolución 1310/12 abre un proceso de elaboración participativa de normas en el marco del cual se pueden presentar opiniones y propuestas.”

Ayer al mediodía, algunas ONG se movilizaron hacia la Superintendencia de Servicios de Salud y marcharon a la sede central del PAMI. Este último organismo aclaró que “las prestaciones destinadas a garantizar la correcta atención de las personas discapacitadas, dependientes de dicha obra social, se encuentran funcionando con total normalidad”. Y remarcó que “mantiene regularizada la cadena de pago, por lo tanto no hay motivo para que ninguna organización que atienda a afiliados del instituto interrumpa su cobertura”.