“El rol del Poder Judicial es un debate que se está dando en la sociedad argentina y del que se sale con más democracia.” La definición pertenece al titular del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, y refleja la posición del Frente para la Victoria ante un tema que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en agenda el domingo pasado y que explotó tras el fallo del caso Marita Verón, acelerando los tiempos de una jugada que, asumen en el kirchnerismo, será de largo aliento. Aunque todavía no hay un proyecto claro de hacia dónde se va a avanzar en la “democratización de la Justicia” que anunció CFK (algo que irá tomando forma durante el verano), los primeros indicios apuntan hacia la implementación de los juicios por jurado, la ampliación de los juicios orales al fuero Civil y Comercial y, en un futuro más lejano, una eventual reforma constitucional que permita avanzar en una modificación más profunda del sistema.

“Es importante que el Poder Judicial deje de pensar sólo en sí mismo, que deje de escuchar a las grandes corporaciones del poder y entienda que no puede seguir viviendo afuera del contexto social”, aseguró el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien propuso “pensar instrumentos que le permitan también a la sociedad tomar decisiones” que sirvan de control a la actuación de los jueces.

Rossi, por su parte, señaló que “nadie está en el pedestal” y “todos son susceptibles de ser interpelados por la sociedad”, incluso los magistrados. “Del Poder Judicial poco se sabe, porque es el poder del que menos información se tiene en cuanto a trayectoria de sus integrantes, su lógica o su impronta”, indicó el legislador, que anticipó que el bloque del Frente para la Victoria en Diputados trabajará bajo las órdenes de la Presidenta “para buscar alguna iniciativa” que permita “acercar el funcionamiento del Poder Judicial al ciudadano común para que sea posible un mayor control social”.

En el mismo sentido se manifestó su compañero de bancada, Andrés Larroque, quien aseguró que “tanto el Legislativo como todas las instancias del Estado van a tomar las medidas necesarias para tener una Justicia cada día más consustanciada con la democracia y los intereses del pueblo”. El secretario general de La Cámpora destacó la necesidad de que se inicie “un debate muy profundo entre los argentinos” para poder “trabajar y modificar cierto statu quo que impera en el Poder Judicial” que “en definitiva, es un poder constituido también en base a la representación del pueblo y no le puede dar la espalda”.

Aunque todavía se evalúa cuáles serán los cambios que impulsará el Gobierno, una de las opciones que se barajó en estos días es implementar el juicio por jurado para casos penales de relevancia pública, algo contemplado por la Constitución vigente. En ese sentido, el senador oficialista Marcelo Fuentes subrayó que ese elemento “incorpora un veredicto popular”. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta fue aún más allá y aventuró que si en el juicio por Marita Verón hubiese existido un tribunal integrado por representantes del pueblo, el fallo “sin dudas hubiese sido otro”.

Su par en la otra cámara, Diana Conti, fue más allá y dijo que “el juicio por jurado es una deuda pendiente” aunque con “eso solo no alcanza” para democratizar la Justicia. En ese sentido, propuso evaluar la “periodicidad” de los mandatos de los jueces y su elección mediante el voto popular, algo que requeriría una reforma de la Carta Magna, al igual que revisar el Consejo de la Magistratura, creado por la Constitución de 1994 y cuyo funcionamiento desde entonces ha sido deficiente.