El sueño de Mauricio Macri de inaugurar en campaña el Centro Cívico se sigue desmoronando. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo confirmó la cautelar que impide que el jefe de Gobierno prosiga con la megaobra que proyectó para trasladar el gobierno porteño al sur de la ciudad de Buenos Aires. Los camaristas ratificaron el fallo original, que señalaba que se estaba avanzando sobre los terrenos del Borda que fueron declarados Monumento Histórico Nacional. Las sentencias se basan en un informe del defensor general adjunto Andrés Gallardo, en el que advierte que una ley local también protege esos terrenos y que se encontraron allí yacimientos arqueológicos urbanos.

El Centro Cívico fue concebido como una forma de descentralizar la administración porteña del microcentro y, a la vez, darle impulso a la zona sur de la ciudad. El proyecto, que surgió durante el gobierno de Jorge Telerman, fue tomado por Macri como uno de sus caballitos de batalla para las campañas que vendrán. La obra fue adjudicada a Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA por 369 millones de pesos. En la gestión PRO, calculaban que la construcción de la megaobra estaría avanzada en 2013 y concluida para 2015. Pero se toparon con la resistencia de los trabajadores del Borda que se negaron a de-salojar los talleres protegidos, que funcionan en la zona donde iban a iniciar la construcción, aun cuando les mandaron a la Policía Metropolitana a desalojarlos.

Que la inocencia les valga

El 28 de diciembre fue la fecha elegida por los camaristas Esteban Centanaro, Mabel Daniele y Fernando Lima para “confirmar la cautelar dictada y mantener la suspensión del decreto 121/12 (en el que Macri dispuso la licitación del Centro Cívico) hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se dé cumplimiento con los recaudos procedimentales establecidos en las normas, lo que ocurra primero”.

Así confirmaron el fallo de primera instancia de la jueza Patricia López Vergara, quien advirtió que el gobierno porteño había avanzado con la obra sin tener en cuenta que se trata de una zona que fue declarada Monumento Histórico Nacional y que requería, por lo tanto, la intervención de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. Este organismo había enviado una nota a Macri con una advertencia, que el jefe de Gobierno desoyó sin más.

López Vergara tomó en cuenta un informe que hizo la Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico de la Defensoría General porteña, a pedido del secretario general de la comisión interna de los Talleres Protegidos del Borda, Marcelo “Nono” Frondizi, y del titular de UTE-Ctera, Eduardo López. En ese informe, además de las leyes nacionales y porteñas que protegen los terrenos, advertían que en el lugar hay túneles, sótanos y pasadizos que conectan el Borda con el Hospital Moyano y que son un yacimiento arqueológico urbano. El gobierno porteño había dejado a criterio de las constructoras la preservación de los bienes arqueológicos.

En su apelación, la gestión PRO argumentó que la zona en la que van a construir está fuera del área declarada Monumento Histórico Nacional. En respuesta, la Defensoría destacó que los documentos que entregaron son confusos y no dejan en claro qué zona específicamente van a utilizar para construir el complejo de 50 mil metros cuadrados.

Los camaristas desestimaron los planteos del gobierno porteño. También revocaron una sentencia de la jueza Fabiana Schafrik, que había rechazado un pedido de los legisladores María Elena Naddeo, Aníbal Ibarra, Virginia González Gass y Fabio Basteiro para detener las obras, dado que la construcción del Centro Cívico no contaba con la aprobación de la Legislatura, como establece el Código de Planeamiento Urbano. Los camaristas señalaron que en esa causa también correspondía que hubiera una cautelar. Además, resolvieron unificar esta causa con la del patrimonio histórico. Las enviaron al juzgado de Andrea Danas.

Los jueces revisaron la ley nacional que declara esa zona Monumento Histórico Nacional, así como las normas locales que la protegen como bien de interés cultural. Sus Señorías indicaron que entre las construcciones del Borda “existen edificios con protección cautelar grado 3” e indicaron que para iniciar la construcción no se habría cumplido “con los procedimientos esenciales de la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad”, como consultar a la Secretaría de Planeamiento Urbano, a la de Cultura, al Consejo de Plan Urbano Ambiental y a la Legislatura.

Los jueces cuestionaron que se dejara en manos de las empresas constructoras el estudio de impacto ambiental que debería ser previo a decidir si se va a llamar a una licitación o no, y no posterior a la adjudicación de la obra. “La tensión, en concreto, resulta de la ejecución de una obra que, hasta el momento, carece de evaluación de impacto ambiental y cuya puesta en marcha podría implicar, al menos, un riesgo para los bienes tutelados legal y constitucionalmente”, constataron. “Está de más decir que el daño que pudiera irrogarse a cualquiera de los pabellones tutelados del patrimonio arqueológico que existe y que, aún en su totalidad no habría sido relevado, tornaría plenamente inoperante los efectos de una sentencia ulterior”, indicaron al ratificar la cautelar, que retrasó el apuro de campaña que tenía Macri.