“Aspiramos a un Poder Judicial fuerte, independiente y democrático, que reduzca la brecha entre la Justicia y las expectativas de los ciudadanos. Los jueces deben rendir cuentas, deben estar a la luz del día tanto por sus conductas como por sus decisiones –señala Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, el segundo tribunal de mayor relevancia del país, después de la Corte Suprema– y uno de los firmantes de la solicitada “Hacia una Justicia legítima”. Slokar fue secretario de Política Criminal en el gobierno de Néstor Kirchner, es profesor titular de Derecho Penal de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata y fue autor de uno de los libros emblemáticos en materia de Derecho Penal junto con Raúl Zaffaroni.

–¿Qué esperan de la convocatoria en la Biblioteca Nacional el 27 y 28 de febrero?

–Esto es inédito y tiene mucho de movimiento informal, ya que no existe una organización y todo resultó espontáneo a partir de un comunicado que contenía una visión sesgada de la necesaria independencia judicial. Seguro que junto con las dos primeras firmantes, las que encabezan al Ministerio Público, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, se propondrá una mecánica a favor de la participación más amplia posible. Lo que parece evidente es que muchísimos magistrados se han incorporado, ya que del primer documento al segundo la cantidad de firmantes de todo el país aumentó de 200 a 600, más allá de los funcionarios y juristas promotores. Quedó demostrado también que la Justicia no es un bloque homogéneo, como se intentó presentarla, sino que reúne multiplicidad de visiones, con variados perfiles que reivindican otra dimensión de su función.

–¿Cuál es el punto de diferenciación?

–Lo fundamental es lo que señalamos, la búsqueda de una Justicia esencialmente democrática, con jerarquía, independencia, transparente. El Judicial es un poder político por su condición de poder del Estado y debe dirimir entre los poderes, pero no sólo en referencia al Ejecutivo o al Legislativo, que son los poderes formales a los que el Judicial debe controlar, sino además –y a veces sobre todo– respecto de los poderes fácticos. Usted piense que debemos dirimir entre enormes intereses económicos, representados por grandes estudios jurídicos, cuando a veces los ciudadanos ni siquiera tienen para contratar un abogado y, con suerte, deben recurrir al patrocinio gratuito. Por supuesto que existe republicanamente la división de poderes, pero también uno debe preguntarse qué hace el Poder Judicial frente a los sectores concentrados del poder económico, de la hegemonía mediática, ya que hay intereses que son tanto o más poderosos, que procuran poner en jaque a la autoridad estatal, y a todo ello la democracia les pone un límite. Por eso hay que recomponer la entidad política que le corresponde al Judicial en el marco constitucional, como manifestación de un poder estatal soberano, que es estar sobre las partes. Insisto: no puede existir una Justicia a la medida de los poderosos.

–El marxismo dice que la Justicia es un instrumento de opresión.

–Bueno, justamente nuestra óptica es que tiene que tener un contenido distinto. La ley es expresión de soberanía popular y hay poderes constituidos con la independencia necesaria para evaluar su compatibilidad constitucional. Pero, cuidado, hay que reaccionar frente a toda expresión de poder, porque sin ley y sin Justicia como su garante sólo queda el sojuzgamiento de los débiles por los más poderosos. Desde siempre y en todo lugar una de las aspiraciones más profundas de las mayorías sociales es la realización de una Justicia “justa”.

–No faltará el que diga que ustedes se rebelan contra la Corte y las asociaciones que firmaron la declaración de Protección de la Independencia.

–Los que firmamos con apellido y cargo tomamos una parte de aquella declaración en la que se invitaba al debate público, lo que para nada implica rebelarse, sino plantear un conjunto de cuestiones pendientes, desde una visión no corporativa, no verticalizada ni burocrática. Porque hay que entender que la independencia no sólo debe ser externa, sino también interna, frente a las pretensiones de cúpulas o incluso de asociaciones. Hay firmantes de larga trayectoria en el Judicial que señalan que lo que está ocurriendo es inédito e histórico, porque pone sobre el tapete por primera vez la cuestión de una Justicia legítima y cuestiona una forma de manejo de las cosas. Y es en los momentos de grandes cambios donde se puede dar un giro de rumbo.

–Algunos de los firmantes de “Justicia legítima” también hablan de una Justicia más eficiente, que trabaje más intensamente, que sea más transparente. Y señalan que en la Cámara de la Casación, que usted integra, las cosas cambiaron mucho.

–No me corresponde hablar demasiado sobre nuestro propio trabajo. Sólo digo que hoy en día es pública la producción semanal del tribunal. Antes ¿cuánto había que esperar para conocer los fallos dictados? No dudo de que hay una producción muy superior y no sólo en las causas de lesa humanidad. También hay una alta nota de saludable transparencia, que es indispensable.