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La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia.

Magia negra

La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001 que intentaron prolongar con inyecciones de benevolencia fiscal la agonía del sistema de convertibilidad monetaria. Comenzaba un nuevo acto de magia negra para intentar que una lluvia salvadora cayera sobre la economía convertible, reseca por una recesión de cuatro años. En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA. Este auxilio debía prolongarse hasta marzo de 2003. En noviembre de 2001, otro decreto también firmado por Domingo Cavallo y Fernando De la Rúa (1387/01) extendió ese beneficio a todos los contribuyentes para el período fiscal a iniciarse en abril de 2003. Esos planes no bastaron para sostener la artificial paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, que fue incrementando el déficit en la balanza de pagos y la fuga de divisas, financiada por los préstamos de organismos internacionales. En cuanto ese flujo se cortó, la devaluación arrasó la utopía dolarizada de las clases medias y el senador Eduardo Duhalde trepó en forma interina al Poder Ejecutivo, cosa que dos años antes no pudo alcanzar por medios legítimos. El ingreso al acuerdo de competitividad requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios. La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos. En marzo de 2003, Duhalde eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga. Su decreto de necesidad y urgencia 746/03, del 28 de marzo de ese año, especificó que la excepción regiría por el “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses, para que el Poder Ejecutivo “pueda estudiar con mayor profundidad la problemática a fin de encontrar una solución alternativa”.

El pliego de condiciones

En abril se realizaron las elecciones presidenciales y para mayo estaba prevista la segunda vuelta. Pero Carlos Menem anunció su deserción el 14 de mayo. El 15, La Nación mostró que además de su propia salvación se interesaba por la vasta liga de intereses que representa. En un editorial con la firma de su subdirector José Claudio Escribano, sostuvo que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año” y dijo que la frase se había pronunciado en una reunión del Council of Americas en Washington. En esa extraordinaria pieza de periodismo militante, Escribano aludió sin nombrarlo a un desayuno que había compartido con Néstor Kirchner el lunes 5 de mayo. En aquel encuentro, concertado por Alberto Fernández, Escribano transmitió un virtual ultimátum, comunicando ceremoniosamente “los postulados básicos” del diario La Nación, porque “seremos inflexibles en su defensa”. Incluían el “alineamiento incondicional” con Estados Unidos; la “reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas” en “la lucha contra la subversión”; una urgente reunión con los empresarios; el cambio de la posición argentina con respecto a Cuba, “donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos humanos”, y el enfrentamiento al “problema de la inseguridad”, tranquilizando “a las fuerzas del orden con medidas excepcionales”. Este pliego de condiciones parecía modelado sobre el que Lanusse intentó imponerle a Perón en 1972, y tuvo el mismo destino. La intención del decreto de Duhalde había sido dejar la resolución del tema de los medios y el transporte de carga a quien resultara electo. Pero La Nación siguió descontando hasta hoy de su liquidación del IVA lo que pagaba como aportes patronales.

La cautelar

En julio de 2003 había vencido el plazo fijado por el último decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que pronto soplará sus primeras diez velitas. El argumento del diario fue que el crédito fiscal seguía vigente hasta que el Poder Ejecutivo encontrara la “solución alternativa” mencionada como hipótesis en los considerandos del decreto. El mismo criterio fue seguido en ese momento por el Grupo Clarín, por la editorial Perfil, por la editora El Cronista Comercial, del diputado Francisco De Narváez, por las emisoras de radio y televisión de los ex diputados José Manzano (asociado con Daniel Vila) y Alberto Pierri y por el Canal 9, entre muchos otros de menor importancia. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, de este modo La Nación dejó de pagar 150 millones de pesos de capital, a los que suma otros 130 millones de intereses, para llegar a un total de 280 millones. La medida cautelar no fue presentada en forma directa por cada medio, sino a través de las cámaras patronales que los agrupan. Fueron tres juicios de conocimiento presentados por ADEPA (la Asociación de propietarios de periódicos, que Escribano presidió); la Asociación Argentina de TV por Cable y las asociaciones de diarios de Buenos Aires (AEDBA), de diarios del interior (ADIRA), de radiodifusoras privadas (ARPA) y de editores de revistas (AAER). El juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió el 30 de octubre de 2003 que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA, tal como pretendían. Recién el 6 de noviembre de 2008 los camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar dictada por Guglielmino. Afirmaron que el decreto 1387/01 fijó un límite temporal a la franquicia y siempre que se mantuvieran las condiciones de crisis de 2001, por lo cual no existía ningún “derecho subjetivo a la reducción impositiva”. Establecer la capacidad contributiva de cada empresa para enfrentar el reclamo fiscal requiere analizar “circunstancias fácticas y medidas probatorias” imposibles en un juicio cautelar, por lo cual levantaron la prohibición de innovar. Pero bastaron apenas siete meses para que la Corte Suprema de Justicia volviera las cosas a su cauce favorable a La Nación y decidiera que la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema resolviera si es legítimo o no que La Nación siga descontando los aportes patronales, tantos años después de finalizada la vigencia del decreto que lo permitió y en un contexto económico-social por completo distinto. Ese fallo de la Corte fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. El único juez que no lo suscribió fue Raúl Zaffaroni. Ya parece una regla que cuando las resoluciones favorecen al Estado, las apelaciones se resuelven más rápido que cuando lo perjudican. La AFIP arguye que luego de diez años de derogado el beneficio, es evidente que el Poder Ejecutivo no tiene intención de renovarlo bajo cualquier otra forma, dado que los diarios no cumplieron su parte del compromiso, al aumentar su precio de tapa y despedir trabajadores.

El límite razonable

El 15 de marzo de 2010, la Procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Monti, dictaminó que el recurso de La Nación era inadmisible. Otro semestre más tarde, el 5 de octubre de 2010, la Corte decidió en el caso del Grupo Clarín que, dado el interés general en la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, es conveniente la fijación de un “límite razonable” para la vigencia de las medidas cautelares, porque su prolongación excesiva equivaldría a un fallo favorable en la cuestión de fondo. Cuando la AFIP pidió que esta jurisprudencia se aplicara también a los impuestos que no paga La Nación, la Corte convocó a una audiencia de mediación, que no se hizo pública y sobre la cual tampoco hay información disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ). Allí la AFIP rechazó que los considerandos del decreto 746 pudieran ser tomados como un compromiso. Pero alegó que si la Justicia los considerara así, el Poder Ejecutivo ya habría dado dos soluciones alternativas: la ley 26.476, de diciembre de 2008, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145, dictado al vencer ese plazo, el 31 de agosto de 2009. Entre ambos, el 27 de mayo de 2009, la presidente CFK firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con varios centenares de medios del interior, entre ellos los diarios La Gaceta y La Nueva Provincia y el Canal 10 de Mar del Plata, además de los canales América TV y Telefe. La ley abrió durante seis meses la posibilidad de acogerse a la moratoria y ofreció facilidades de pago generosas: 120 cuotas para pagar el capital adeudado, sin los intereses vencidos. A los diez años de cuotas se les cargaría sólo un interés del 1 por ciento. El decreto, negociado por los medios con el jefe de gabinete de ministros Sergio Massa, pero firmado por su sucesor, Aníbal Fernández, les permitía canjear por espacios publicitarios sus deudas fiscales y previsionales vencidas, incluidos sus intereses. Durante la 47ª Asamblea Anual de ADEPA su Comisión de Libertad de Prensa e Información encomió tales “pasos en torno a la salida del régimen de competitividad” ya que “con los convenios en trámite, parece encontrar un principio de solución transaccional”. La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de pago. El Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos (133 del diario, 57 de la productora de televisión ARTEAR y 8 de la radio Mitre); el grupo Manzano-Vila, por 134 millones de pesos (106 millones de su televisora abierta America TV y 28 del operador de cable Supercanal); Canal 9, por 24 millones y Telecentro, de Alberto Pierri, por dos millones de pesos. Luego de esos acuerdos, sólo quedaron pendientes las deudas de La Nación (280 millones de pesos), El Litoral de Santa Fe, asociado con Clarín en la planta impresora AGL (26 millones), la editorial Perfil y Radiodifusora del Centro, propietaria de la radio cordobesa Cadena 3 (23 millones de pesos cada uno) y la sociedad anónima El Cronista Comercial, con 15 millones de pesos. Si La Nación hubiera aceptado alguno de estos regímenes su deuda habría drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones de capital en diez años, o en canje por espacios publicitarios. La decisión de no hacerlo refleja antes una posición político-ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial. Sin embargo, la deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación, que la registraron como pérdida. Esto puede leerse como un acto de sinceridad con los accionistas, pero declarar pérdidas también permite pagar menos impuesto a las ganancias, aunque sea por deudas impagas. Igual que para la Sociedad Rural, no pagar es una cuestión de principios y como tal innegociable para La Nación, cuya capacidad contributiva no está en cuestión: en los últimos cuatro años, compró dólares para atesorar por el equivalente a 130 millones de pesos y, en marzo del año pasado, bajo el inequívoco título “Expansión”, informó que, a través de su subsidiaria US Hispanic Media Inc., “llegó a un acuerdo para convertirse en el accionista estratégico de ImpreMedia, un grupo relevante de diarios y revistas en español de Estados Unidos”, que incluye los dos principales diarios de ese mercado, La Opinión, de Los Angeles, y El Diario, de Nueva York, además de la revista Vista, de circulación nacional en Estados Unidos, y publicaciones semanales de distribución gratuita en distintas ciudades norteamericanas. Como corresponde a la transparencia usual, no se informó ni el porcentaje que compró ni el precio que pagó por él.