El gobierno nacional difundió el jueves una serie de decretos secretos y reservados firmados por la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y por el dictador Jorge Rafael Videla en 1976. Los documentos, disponibles en la web del Boletín Oficial (www.boletinoficial.gov.ar), versan sobre órdenes de detención de personas “a disposición del Poder Ejecutivo” y también sobre liberaciones de presos políticos que habían sido detenidos por otros decretos. El listado incluye los casos de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, y de dirigentes como Antonio Cafiero o Jorge Obeid. La desclasificación es producto de un decreto que la presidenta Cristina Fernández firmó el 5 de noviembre pasado, una semana después de que el diario Clarín informara sobre la negativa de la Secretaría Legal y Técnica a divulgar 479 decretos secretos a los que un periodista de ese diario había solicitado acceder. El primero de los 29 decretos desclasificados está fechado el 25 de febrero de 1976, a un mes del golpe de Estado. El gobierno democrático ordenó entonces la detención de más de 80 personas y su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Como argumento para la detención invocó “el artículo 23 de la Constitución, que permite, en caso de conmoción interior, respecto de las personas, arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del país”, y afirmó que “se encuentran prima facie incursos en conductas atentatorias contra la misma seguridad de la Nación”. El decreto que ordena la detención de Argibay data del 30 de marzo de 1976 y lleva la firma de Videla. La jueza era entonces secretaria de la Cámara en lo Criminal y Correccional y estuvo en prisión hasta diciembre. “Constituye una primordial responsabilidad del gobierno consolidar la paz interior y preservar los permanentes intereses de la República”, escribió el dictador.