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Tras la enorme inundación que se produjo en la Capital Federal en abril, la cual ocasionó ocho muertes e innumerables perjuicios económicos para los vecinos de las zonas afectadas, el Gobierno de la Ciudad debió asumir un programa de indemnizaciones para los inundados. Para ello constituyó un fondo de subsidios, en base a la reasignación de partidas presupuestarias y al recorte de 130 millones de pesos de distintos programas de asistencia social. En abril fueron 40 millones y ahora otros 70 millones recortados del Programa Ciudadanía Porteña. Otros 20 millones provienen del Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Veinte millones más se reasignaron desde partidas de los ministerios de Hacienda y de Espacio Público. En síntesis: de ese total de 150 millones, el 86,66 por ciento proviene de recortes a programas sociales en vigencia. Sobre los 70 millones, ahora el gobierno informa que retornarían al programa Ciudadanía Porteña en el segundo semestre del año, por la vía de una ampliación presupuestaria que primero tendrá que ser aprobada por el Poder Legislativo.

El objetivo general del Programa Ciudadanía Porteña Con todo Derecho, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, es “disminuir los niveles de desigualdad en la CABA. Para lograrlo, brinda un subsidio mensual que mejora el ingreso de los hogares en situación de pobreza o indigencia. El subsidio se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar, y está condicionado al cumplimiento por parte de los hogares beneficiarios de obligaciones en educación y salud”. Por su parte, el Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos del IVC está destinado a las villas de la ciudad.

¿Por qué el gobierno de Macri recorta fondos de los programas destinados a los sectores más necesitados de la sociedad? ¿Por qué este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la emergencia, no apela a reducir otras partidas, evitando perjudicar a los más débiles?

El politólogo y sociólogo norteamericano Alan Wolfe desarrolla agudamente la idea de que “quienes abogan por un menor gasto gubernamental en los programas sociales saben lo que hacen, pues dada la función de acumulación del Estado, la única manera en la que puede reducirse la actividad gubernamental es por medio del ataque al punto más democrático, que es la política de bienestar social. Lo que está en juego no es una abstracción llamada ‘gasto’ o ‘política’, sino las necesidades reales de la gente real. Por consiguiente, la estrategia política más inmediata para la gente común tendría que dirigirse tanto hacia la preservación como hacia la expansión de los servicios del gobierno”. Y agrega Wolfe: “La mayor parte del gasto estatal es popular, no en un sentido abstracto, sino en cuanto afecta a los individuos en particular (seguridad social, hospitales, compensaciones de desempleo, etc.). El silogismo es inmodificable: el gasto en bienestar social es democrático; algunos (la tendencia antiestatista) quieren eliminarlo o reducirlo sustancialmente; quienes proponen eso se vuelven antidemocráticos. En otras palabras, el ataque a la actividad gubernamental se ha convertido en un ataque, no demasiado bien disimulado, a la democracia misma”.

Con los recortes a los programas sociales (ya de por sí insuficientes), el gobierno de Macri habilita a que los pobres de la ciudad subsidien a los inundados de la ciudad. Con frecuencia se escucha a los sectores mejor posicionados económicamente quejarse de que son ellos los que contribuyen, con sus impuestos, a mantener a los “vagos y perezosos” que prefieren vivir de la asistencia social del Estado. En esta ocasión, ¿qué pensarán de la “solidaridad coercitiva” que Macri les aplicó a los pobres para indemnizar a los propietarios de comercios, viviendas, automóviles, en suma, para resarcir a otros ciudadanos que no son tan pobres como ellos?

Macri forma parte de los sectores más conservadores de la sociedad y, como tal, interpreta y representa fielmente sus posiciones y sus intereses, en contra del bienestar general. ¿Tendrá razón el politólogo Wolfe acerca del carácter antidemocrático de estas medidas y de los propios gobernantes que las impulsan?

* Trabajador social. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).