La andanada de fallos contra la reforma del Consejo de la Magistratura se potenció ayer con al menos cinco nuevas resoluciones que ordenaron frenar las elecciones populares de integrantes (jueces, abogados y académicos) de ese organismo, que el Poder Ejecutivo convocó para que se hagan junto con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en agosto, y con las legislativas en octubre. Hasta ahora, todas las decisiones fueron tomadas por jueces de primera instancia, que evalúan que la ley aprobada por el Congreso tiene aspectos que podrían ser declarados inconstitucionales, pero todavía no hay sentencias de tribunales superiores. En el Gobierno analizan distintos caminos judiciales que podrían seguir para destrabar la votación de consejeros, que por ahora queda freezada en virtud de la decena de cautelares y amparos concedidos. Entre resoluciones que se conocieron ayer, dos fueron firmadas por el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico: una a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad (conocido como Colegio de la Calle Montevideo, defensor de los golpes de Estado) y otra del actual consejero Alejandro Fargosi (vinculado con el PRO). Otra cautelar fue concedida por el juez del mismo fuero Pablo Cayssials, a un grupo de abogados encabezados por Horacio Minotti, y una cuarta la firmó Esteban Furnari ante un planteo de la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA), la que fogoneó la estrategia de sembrar amparos en cuanto juzgado fuera posible, con la que efectivamente se logró frenar –al menos por el momento– la convocatoria a elecciones de consejeros. Se sumó en la misma línea la decisión de una jueza de Neuquén, Carolina Pandolfi, quien admitió una acción declarativa de inconstitucionalidad de una abogada. En los días previos, hubo decisiones similares de la jueza Liliana Heiland, el juez de Mar del Plata Alfredo López y el de San Nicolás Martín Alberto Martínez.

La parte resolutiva del fallo de Cayssials despertó algunas especulaciones alarmistas, ya que parece ordenar la suspensión de todo el proceso electoral de las PASO, íntegro, pero lo que debilita esa opción es que no era eso lo que pedían los abogados que presentaban la demanda.

La mayoría de los planteos dice que la ley que reforma el Consejo de la Magistratura rompe el equilibro en su composición, no sólo por aumentar a 19 el número de miembros, ampliando la representación ciudadana a través de científicos y académicos, sino por el hecho de que a los consejeros jueces y abogados también se los va a elegir por voto popular, a través de las listas de partidos políticos. Lo que objetan es que eso politiza o partidiza un organismo donde se supone que jueces y abogados deberían abstenerse de esas prácticas. Además sostienen que la Constitución dice que estos dos últimos estamentos son representantes de sus corporaciones, y son ellas las que deberían elegirlos, no cualquier ciudadanos. O sea, no quieren que el común de la gente elija a los consejeros que deberán gobernar el Poder Judicial, elegir a los jueces y promover sanciones.

Desde la promulgación de la ley hasta ahora, en la Justicia Electoral calculan que se presentaron cerca de un centenar de demandas. Ya hubo una decena de jueces que en distintas ciudades que les hicieron lugar, con el argumento de que es altamente probable que haya artículos de la ley del Consejo que a la larga se declaren inconstitucionales (lo que da verosimilitud a los planteos) y de que hay un “peligro en la demora”, ya que la fecha límite para presentar alianzas es el 12 de junio, y de candidatos el 22.

El único juez que hasta ahora rechazó un amparo en forma terminante fue el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien dijo que las entidades de jueces y abogados orquestaron una maniobra para cercenar como sea el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, y que lo hicieron con un método emparentado con el fórum shopping, pero implementado como una excursión de pesca, en busca de jueces que fallen de acuerdo con sus deseos, que no son otros que los que interesan a las propias corporaciones de jueces y abogados. Además, este juez dijo que deberían concentrar todos los planteos la Justicia Electoral porteña.

En el análisis de las posibles estrategias que estudia el Gobierno, una es que la jueza electoral porteña María Servini de Cubría atraiga de algún modo todos los expedientes diseminados por el país. A diferencia de otros jueces, ante las acciones de inconstitucionalidad y amparos, Servini postergó definir las cautelares y le pidió al Estado que siente posición, a más tardar en las dos primeras horas de mañana. Como su juzgado es el que centraliza la oficialización de listas y alianzas, hay funcionarios que no descartan pedirle, o que ella reclame, todos los expedientes, por esa razón. Si se traba una disputa de competencia, tal vez la Corte Suprema tenga que resolver esa pelea antes que el per saltum.

El Estado tiene otras opciones: puede apelar las decisiones por los mecanismos habituales, ante la Cámara que corresponda, o ante los fallos adversos puede recurrir al per saltum y requerir la intervención directa de la Corte. Las apelaciones pueden tener efecto suspensivo –analizan– y, por ende, por unos días permitir que se reanude normalmente el proceso eleccionario. El problema es que bastará que subsista una cautelar o se dicte una nueva para seguir frenando la elección de consejeros. El salto de instancia también puede ser requerido por el Colegio de Abogados de Dolores. El alto tribunal ya hizo saber que, dadas la gravedad y la urgencia, en cuanto tengan un caso bien planteado van a tomar una decisión.