Durante cuatro décadas recorrió los pasillos de tribunales como fiscal y como juez. Llegó a ser presidente y hombre fuerte de la Cámara Federal de Mendoza, a la que convirtió en el principal obstáculo para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad en Cuyo. El miércoles a la noche, luego de dos años en Chile, país al que huyó disfrazado de perseguido político para intentar evadir la Justicia, Otilio Roque Romano volvió extraditado al edificio de Avenida España y Pedro Molina, esta vez como imputado, y pasó la noche en el calabozo. El juez federal Walter Bento le informó por la mañana el dictado de su prisión preventiva por su participación en un centenar de secuestros, tormentos y homicidios entre 1975 y 1983, cuando era fiscal federal y eventualmente juez subrogante, y ordenó su traslado al penal de San Felipe, donde compartirá el pabellón especial destinado a represores procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad.

“Este es un mensaje de esperanza y de ejemplo, porque Argentina es un país ejemplo en el mundo por estar juzgando los crímenes de la dictadura, y ahora por juzgar la complicidad civil como es este avance en el caso Romano”, celebró el abogado Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Salinas confesó sentir “una profunda satisfacción por la resolución dictada por la Corte de Chile, respetuosa del derecho internacional”, en referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia que confirmó la decisión de extraditar al ex magistrado, que huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y quitarle los fueros que le permitían seguir en libertad.

La experiencia de ver a Romano esposado y con un chaleco antibalas en el que fuera su hábitat natural como juez fue “conmocionante”, coincidieron quienes supieron compartir con el ex juez el edificio de tribunales. “En el ’84 fue camarista y todo ese tiempo fue una especie de Dios. Era quien tenía todo el poder y ahora se lo ve esposado y sin nada que pueda manejar a su gusto y placer. Mucha gente acá entró a trabajar gracias a él. Fiestas, cumpleaños, agasajos, almuerzos, fotos, son muchos los recuerdos que empleados y profesionales tienen de Romano”, le explicaron en los tribunales mendocinos.

El miércoles a la noche, el ex juez, destituido por el Consejo de la Magistratura cuando ya estaba procesado por delitos de lesa humanidad, fue trasladado en medio de un fuerte operativo, que contó con la custodia de más de 20 efectivos de la Federal y en el que el imputado llevó puesto un chaleco antibalas. Un grupo de familiares de ex detenidos desaparecidos se concentró en las inmediaciones de tribunales para repudiarlo tras su retorno forzado desde Chile. “Mendoza es la provincia que tiene más profugados de la Justicia federal por delitos de lesa humanidad, y eso en gran medida es responsabilidad de la misma Justicia”, destacó Nino Bonoldi, hermano de una detenida desaparecida.

Romano, de 70 años, pasó la noche en el calabozo de la Unidad 32 de los tribunales federales, de la que salió por la mañana rumbo al despacho de Walter Bento. “Dicté la prisión preventiva y el traslado a la cárcel de San Felipe”, informó luego el juez federal, que también firmó ayer el acta de elevación a juicio al Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza. Bento agregó que “no hubo ningún planteo” de la defensa de Romano, cuyos defensores tendrán ahora diez días para ofrecer las pruebas para el juicio oral.

“Esto genera muchísima satisfacción a los familiares, a las víctimas y a miembros de los organismos que tantos años esperamos justicia y que habíamos sido frustrados por las leyes de impunidad, obediencia debida y punto final, y luego por el hecho de que Romano se fugó, quedó prófugo y frustró por dos años el derecho de las víctimas”, explicó Salinas, quien celebró “la determinación del juez Bento de enviarlo a cárcel común como corresponde”. El abogado destacó la decisión “muy fuerte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que los juicios se hagan lo más rápido posible y no se pueda seguir frustrando el derecho de las víctimas de obtener justicia”. “Esperamos que se inicie el juicio el 11 de noviembre”, concluyó.

Los abogados querellantes y los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Romano sea juzgado en el cuarto proceso oral y público por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que comenzará dentro de dos meses. Hasta el momento ese proceso tiene apenas un acusado, el ex agente de Inteligencia del Ejército durante la dictadura Enrique Blas Gómez Saá, que está imputado por delitos en perjuicio de apenas tres víctimas: Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Lecea. Organismos de derechos humanos y fiscales piden que se acumulen las causas ya elevadas al tribunal que integran Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade, decisión que permitiría concretar un megajuicio con casi cuarenta imputados. De aceptar los jueces ese criterio, Mendoza sería protagonista de un proceso atípico que no sólo incluiría a militares retirados, ex policías y agentes civiles de inteligencia, sino también a cinco ex miembros del Poder Judicial. Además de Romano, ex fiscal y juez federal subrogante entre 1975 y 1983, podrían acompañarlo otros cuatro ex magistrados acusados de omitir denunciar e investigar secuestros, torturas y homicidios. Se trata de Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren.