El Ministerio Público Fiscal produjo un informe acerca de las denuncias que pesan sobre el suspendido juez correccional de Mar del Plata, Pedro Hooft, en el marco de las causas de lesa humanidad. El fiscal de Mar del Plata Pablo Larriera y la secretaria Romina Cavallo puntualizaron que el magistrado está imputado en 17 casos por víctimas que sufrieron homicidios, desapariciones, torturas y secuestros por haber actuado como “garante de impunidad” de las fuerzas represivas en esa ciudad durante la dictadura. El informe es a la vez una respuesta a la campaña que lleva adelante el magistrado para impedir que las investigaciones avancen. Hooft acaba de presentarse con su abogado ante la Comisión de Justicia de Diputados para presentar su caso como producto de una “persecución” sin pruebas. Fue recibido por legisladores de la oposición que, contra lo que sostienen los familiares de las víctimas desde hace años, le dieron su respaldo.

Para la Procuración, Hooft “pretende llevar su defensa a ámbitos políticos y mediáticos como un modo de sortear por quinta vez la convocatoria a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad”, señala el comunicado. “Ello ocurre gracias a que, si bien está suspendido como juez correccional de Mar del Plata, todavía goza de los fueros que le otorga el cargo, que sólo perderá en caso de que el jury de enjuiciamiento decida su destitución. La protección de los fueros ha impedido el dictado de una orden de detención para que comparezca a declarar.”

La batalla de Hooft para impedir el avance de la causa judicial es conocida y de larga data. Luego de recusar y sacar a cada uno de los jueces que intervino en sus causas y presentar infinidad de recursos judiciales, que fueron descriptos como una verdadera maraña jurídica, logró eludir las indagatorias amparándose en los fueros. Aunque ahora está suspendido, ese beneficio continúa asistiéndolo hasta que no concluya su juicio político. Es la misma situación que atravesaron otros jueces investigados en causas de la dictadura. Hooft no era –ni es– juez federal sino provincial y su jury lo lleva adelante la Secretaría de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados y Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ahora está reuniendo las pruebas pero demoró años en comenzar, desde 2006 hasta marzo de este año. Mientras esa instancia avanza, Hooft abrió un camino de reclamo netamente político dentro de la Cámara de Diputados. Se presentó en la comisión que preside Jorge Yoma con su abogado Héctor Granillo Fernández y en compañía de otras dos personas: el fiscal Julio Strassera, ex fiscal del Juicio a las Juntas y Gustavo Bossert, el ex integrante de la Corte. Strassera dijo allí que durante el juicio a los comandantes tuvo a la vista todos los hábeas corpus del país y que los expedientes de Hooft “eran impecables”.

Sin embargo, a la luz de las pesquisas judiciales el diagnóstico es otro. La causa abierta desde 2006 fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como La Noche de las Corbatas. En ese momento, Hooft era el juez de turno en el departamento judicial de Mar del Plata. “En ese carácter, rechazó los hábeas corpus presentados en favor de Jorge Candeloro, Marta García de Candeloro, Norberto Centeno, Hugo Alais, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Carlos Bozzi y Salvador Arestín”, señala el informe. “Puntualmente en el caso de Candeloro y en el de Centeno el rechazo de hábeas corpus se produjo cuando aún estaba pendiente la respuesta de las autoridades de la Subzona Militar N0 15 en relación con esas víctimas.”

En el caso de Centeno, Alais, el matrimonio Fresneda, Bozzi y Arestín, Hooft tramitó además las causas en las que debieron ser investigados sus secuestros. En todos los casos se omitieron todas las medidas de instrucción que podrían haber resultado útiles para esclarecimiento de los hechos. El informe señala además que “tampoco Hooft declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar N0 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto origen subversivo. Es decir que envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales”.

La investigación judicial muestra además que cuando envió los expedientes a las autoridades militares los abogados aún estaban con vida, sometidos a condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino La Cueva. “Todas esas causas desaparecieron sin que hasta hoy haya podido obtenerse información acerca de su destino.” Otro dato que señala el informe es el caso del secuestro de Ricci: “Hooft se comprometió a efectuar gestiones personales y Ricci fue liberado al día siguiente, lo cual demuestra sus aceitados contactos con las estructuras del Ejército que intervenían en la represión ilegal”, sostiene.

“La calidad y la cantidad de las infracciones cometidas por Hooft permite inferir a la fiscalía que no se trata de meros errores en la gestión judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato represivo del Estado”, precisaron Larriera y Cavallo. Asimismo, explicaron que los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad, pero principalmente las autoridades de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, a cargo de la Subzona Militar 15, contaron con “una garantía de impunidad que les brindó Hooft”.

Para la fiscalía, esos delitos “no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes”.

Uno de los argumentos de Hooft es que la causa es un “gran verso” a partir de unas supuestas declaraciones que le hizo a su hijo el fiscal anterior de la causa Claudio Kishimoto. Sin embargo, el propio Kishimoto desmintió públicamente esa versión y explicó el contexto de esa grabación. Dijo que fue grabado sin saberlo en la puerta de su casa, donde Federico Hooft estaba apostado esperándolo y que allí lo amenazó: “No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto”.