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“En 2004, Néstor Kirchner dijo que hay que radarizar el país y hacerlo con radares argentinos –recuerda la ministra María Cecilia Rodríguez–. Todos dijeron que era una locura. Y hoy tenemos radarizado el 80 por ciento de la Argentina. Pero no hay que equivocarse: enfrentamos el narcotráfico con tecnología, investigando, coordinando, no sólo detectando los vuelos irregulares. Se ha crecido en forma impresionante en la cantidad de organizaciones desbaratadas, en la calidad de las pruebas que le llevamos a la Justicia y también en la cantidad de estupefacientes secuestrados.”

–Parece haber un cuestionamiento al trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Tanto desde la Iglesia como desde los jueces del Norte, con un pronunciamiento de la Corte Suprema.

–En Orán, Salta, se estableció un escuadrón de Gendarmería con 800 hombres. De manera que basta hablar con el juez federal de allí, Raúl Reynoso, para que opine sobre la gestión del Ministerio de Seguridad. Verá que valora mucho el trabajo que hacemos. Ahora bien, otra cosa es que tiene 17 personas en su juzgado para ocuparse de 22.000 expedientes.

–Se ha dicho que uno de los problemas es que han sacado efectivos de las fronteras para traer gendarmes al conurbano y a las grandes ciudades.

–En primer lugar hay que decir que la Gendarmería es una fuerza que ha crecido muchísimo en cantidad de efectivos: tenemos presencia en las fronteras, en la radarización y, lo que es más importante, en política criminal. Y teníamos necesidad de traer efectivos para trabajar en la seguridad ciudadana. Estamos cubriendo ambas cosas: en la frontera además se desplegaron unidades militares, que tienen el objetivo de alertar, son preventivas. Pero la lucha contra el narcotráfico hoy en día no consiste sólo en cuidar los montes, sino en tener información, inteligencia criminal, conducción política y trabajar sobre las organizaciones de narcos. Acá se detuvo a Ignacio Alvarez Meyendorff, por las operaciones del cartel del Norte del Valle, y también a su hermano Juan Fernando. El otro que fue detenido es Mi Sangre, Henry de Jesús López Londoño. O sea que hay que trabajar sobre las organizaciones.

Ignacio Meyendorff fue extraditado en julio a Estados Unidos. En Colombia le confiscaron propiedades y bienes por 700 millones de dólares. Su hermano cayó en el marco de lo que se llamó la Operación Luis XV, que consistió en el envío de cocaína en muebles antiguos. Mi Sangre, por su parte, resiste la extradición a Estados Unidos. Se lo sindica como uno de los jefes de Los Urabeños, otro cartel colombiano, pero antes trabajó para los paramilitares, las unidades creadas para combatir a los narcos, pero terminaron también manejando el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos.

–Desde ya que enfrentamos un enemigo enorme –señala la ministra–. Tienen tecnología, plata y un amplio mercado. En estos años se ha hecho muchísimo. Aquella locura de Néstor Kirchner se convirtió en realidad: hicimos el acuerdo con el Invap, la empresa estatal rionegrina, y tenemos el 80 por ciento del país radarizado. Los TAI (transportes aéreos irregulares) se están detectando: la Fuerza Aérea da el alerta y entran a trabajar las fuerzas federales. En este terreno estamos trabajando bien con los jueces. Pero le insisto con el concepto general de nuestro enfoque en materia de seguridad: la clave está en la conducción política.

Aunque no lo dice, la ministra deja tácito que los problemas son indefectibles cuando se delegan las cosas en una especie de autogobierno policial. Es lo que se verificó en Santa Fe y en Córdoba. La investigación realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y publicada en Página/12 derivó en la detención del jefe de policía santafecino, Hugo Tognoli, por sus vínculos con el narcotráfico. El viernes se determinó que los tiros contra el domicilio del gobernador Antonio Bonfatti salieron del arma de un policía, Pablo Espíndola. En Córdoba, toda la cúpula de Seguridad cayó por vínculos con el comercio de estupefacientes: el ministro era policía y, por supuesto, también el jefe de la fuerza y el titular de Drogas Peligrosas. Se comprobó que trabajaban con supuestos arrepentidos que, en verdad, también estaban involucrados con el narcotráfico y se vendía una parte de la droga secuestrada en operativos.