El Consejo de la Magistratura tiene desde ayer su liga sub-40, con el desembarco del secretario de Justicia, Julián Alvarez, que será el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, y del diputado del Frente para la Victoria Eduardo “Wado” de Pedro. En un acto sin estridencias les tomaron juramento, respectivamente, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la vice, Elena Highton de Nolasco. Los recién llegados se mostraron locuaces, entusiastas y dispuestos a “generar consensos” y resolver los concursos pendientes para jueces. Sin embargo, el cuerpo no pudo acordar todavía quién será su nuevo presidente en reemplazo del camarista laboral Mario Fera, y el primer plenario del año empezó con un anuncio de que la elección quedaba postergada para el jueves de la semana que viene. Establecer las nuevas alianzas es el desafío en puerta.

Alvarez y De Pedro llegan a su nueva función en un escenario por demás complicado. El Consejo no hizo prácticamente nada a lo largo del año pasado, casi ni se reunió, lo que implica que hay concursos para más de 260 cargos de jueces acumulados, procesos acusatorios sin definir y problemas de administración presupuestaria. Todo por resolver. Los nuevos consejeros no son del todo bienvenidos por sus nuevos colegas ni por el Poder Judicial. En parte es porque los asocian con el diseño de la reforma del sistema votada el año pasado por el Congreso y luego invalidada por la Corte, pero también porque los ven jóvenes y con apetito de tallar en las grandes decisiones. “Veo mucho prejuicio hacia La Cámpora”, se quejó De Pedro con aire sincero, atosigado por micrófonos y cámaras de televisión. “Se la demoniza para generar miedo en algunos sectores del Poder Judicial”, dijo.

El Consejo tiene trece miembros, de los cuales seis responden al oficialismo. Le llegada de los camporistas no altera ese número, pero podría mejorar la cohesión interna del bloque kirchnerista, que terminó el 2013 con una división interna que complicó decisiones y que explica, en parte, el reemplazo de Hernán Ordiales, por Alvarez. Para elegir presidente del organismo se requiere mayoría simple, de siete votos, que ningún grupo tiene garantizados. Muchas veces, quien terminó siendo quien inclinaba la balanza para uno u otro lado fue Fera. Como es evidente, el kirchnerismo necesita establecer nuevos acuerdos y alianzas.

Los consejeros se sentaron ayer alrededor de la gran mesa oval de madera, pero el plenario duró apenas tres minutos. Ya tenían definido que hoy no discutirían nada delante de tanto público y que tratarían de llevar un acuerdo preestablecido la semana que viene, lo que tampoco parece fácil. En rigor, ayer previo a la jura, no hubo reuniones informales entre bloques: el oficialismo se juntó por su cuenta, dos jueces, radicales y abogados estuvieron por su lado, y Fera se quedó solo.

En los últimos días el oficialismo fogoneaba a Manuel Urriza, el representante de los académicos, para presidir el Consejo, un papel que ya cumplió en 2012. Pero hasta ayer no tenía los votos. Fera, que tiene aspiraciones de conducción en la tradicional Asociación de Magistrados por la Lista Celeste (opositora a la Bordó, ahora en el poder), juega una partida propia para consolidarse: deslizó la posibilidad de extender su mandato como presidente del Consejo hasta fin de año, algo que no está previsto en la ley y que goza de improbable aceptación. Otro de los jueces que sonaban ayer para presidente es el cordobés Alejandro Sánchez Freytes. Y circuló el nombre del abogado Daniel Ostropolsky, de origen radical. El estamento de los jueces tiene sus propias peleas internas, y los abogados también.

Hay muchos temas que están como telón de fondo y que son prendas de negociación: el kirchnerismo casi por regla aspira a quedarse con las presidencias de las comisiones claves, las de Disciplina y Acusación (donde surgen los dictámenes de posibles juicios políticos) y la de Selección, donde se definen los concursos para jueces y juezas. A eso se suma una reforma reglamentaria pendiente. Pero otro asunto sensible es la administración de los fondos del Poder Judicial, que depende del Consejo en todo menos una porción que le pertenece a la Corte Suprema. Es un punto que ha acarreado problemas y que al sector de los jueces siempre le interesa controlar, en beneficio propio. Hoy la situación es complicada porque la Corte Suprema le venía prestando dinero al Consejo para que llegara a pagar los salarios con todos los aumentos concedidos y dijo que no le daría más. El cuerpo le adeuda cerca de 900 millones de pesos. Una variable conversada por los consejeros con la jefatura de Gabinete es la asignación de un reintegro por bienes de uso que hasta ahora el consejo nunca gestionó, pero está habilitado a hacerlo. Serían 250 millones de pesos por mes.

Alvarez habló con vehemencia ante las cámaras e insistió en su afán de “generar consensos y contribuir con el funcionamiento de la Justicia”, contra las teorías que vaticinan que su llegada y la de su coequiper apunta a controlar el Poder Judicial. Puso el acento en la gran cantidad de vacantes, “un tercio del Poder Judicial”, y señaló la voluntad de “destrabar los concursos”. Los cargos vacíos, dijo, generan un problema para “las instituciones de la democracia” y lamentó que haya jueces a cargo de hasta cuatro juzgados. Paradójicamente, este tema es un reclamo histórico de la corporación judicial. Desde otro wing del salón, el radical Mario Cimadevilla responsabilizaba al oficialismo de “la parálisis” en el Consejo.

De Pedro llamó a “trascender los intereses sectoriales”. “No podemos permitir que los desacuerdos propios de un cuerpo colegiado nos impidan cumplir con las designaciones pendientes”, sostuvo, mientras habló de dar más “visibilidad” a los postulantes a jueces “que luego serán los encargados de impartir justicia”. Alvarez recordó que una vez que se elijan autoridades, el Consejo deberá modificar su reglamento para adaptarlo a lo que sobrevivió de la ley de reforma, que afecta a la conformación de los jurados de los concursos y las ternas.

Alvarez juró por “la patria” y De Pedro también “por Dios”, en un acto con un público nutrido que incluyó desde el ministro Julio Alak, un grupo de funcionarios camporistas de su cartera, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori; el diputado Héctor Recalde; el juez del Superior Tribunal porteño Luis Lozano; el presidente de Casación, Mariano Borinsky, hasta el titular de los gremios de los judiciales, donde De Pedro militó muchos años, Julio Piumato.