Con las exposiciones del titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, y el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria) presentó oficialmente el proyecto de ley que crea una comisión bicameral para investigar “quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas”. El acto se realizó ante una audiencia tupida y variada –legisladores, miembros de la familia judicial y referentes de los organismos de derechos humanos– que se acercó al anexo del Congreso. La iniciativa, que cuenta con estado parlamentario desde fines del mes pasado, apunta a la elaboración de un informe que desarrolle las consecuencias de la política económica, monetaria, industrial, comercial y financiera que instaló y llevó a cabo la última dictadura y que identifique a los actores económicos y técnicos que colaboraron con la aplicación y el desarrollo de esas políticas y con los delitos de lesa humanidad perpetrados entonces. “Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad; porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó el diputado kirchnerista por la provincia de Buenos Aires.

“Con la complicidad de algunos de los representantes de las empresas, durante la última dictadura, la Comisión Asesora Legislativa (CAL) torturó algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros”, mencionó Recalde para ejemplificar alguna de las tantas cuestiones que deberá investigar e informar la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas entre empresas, empresarios y responsables y actores de la última dictadura cívico-militar argentina, que creará el proyecto de ley de su autoría, sobre el que versó el acto de ayer. “A partir de estas desventajas laborales los empresarios tuvieron un importante rédito económico, a partir de la transferencia de capitales de los trabajadores hacia las empresas”, insistió el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo cuando le tocó clausurar la mesa debate que sirvió para difundir la iniciativa.

Recalde combinó la creación de una comisión para investigar la pata económica del terrorismo de Estado con la política de derechos humanos de la última década. Pero no fue el único. “Es un paso más en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”, coincidió Domínguez, momentos antes, y desafió: “Esta investigación va a poner luz sobre la parte más oscura de la historia argentina. Los últimos juicios han dejado al descubierto la complicidad civil durante la dictadura militar, pero nos faltaba esto para acabar con la impunidad con que se manejan quienes se apropiaron ilegítimamente de 604 empresas durante esa época”.

Verbitsky inauguró las exposiciones con un repaso de los avances conseguidos desde 1983 a la fecha, poniendo énfasis en “el punto de inflexión que se dio en 2003”. El proyecto de Recalde, de hecho, se basa en una propuesta que se desprende del último libro del presidente del CELS, Cuentas Pendientes, que coordinó en trabajo conjunto con Juan Pablo Bohoslavsky. Ahí se sostuvo la necesidad de una comisión investigadora que se ocupara de la complicidad civil en los delitos económicos del terrorismo de Estado. “Una comisión que emulara el trabajo de la Conadep pero en crímenes económicos o motivados con fines económicos”, explicó. Verbitsky también celebró que estemos en “un momento virtuoso en el que el sistema no está empotrado sino librando batallas para democratizar la democracia”.

Vanoli, por su parte, calificó al proyecto como “una iniciativa seria para que de una vez por todas se termine la impunidad sobre este tema” y aprovechó la ocasión para recordar al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Duhalde, quien “tuvo que ver con la apertura de la oficina de Derechos Humanos de la CNV”. El hermano del ex secretario fallecido hace poco más de dos años, Marcelo Duhalde, y el actual titular de esa secretaría, Martín Fresneda, estuvieron presentes en el acto.

De acuerdo con el proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos. Juntos, deberán formular propuestas concretas y útiles para forjar “la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”, acorde los artículos de la iniciativa. El resultado deberá estar listo dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la Justicia. El equipo podrá trabajar con pruebas o testimonios recogidos en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, entre otros, así como con informes pedidos a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado nacional, provinciales, municipales y estados extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.