No conformes con los beneficios del Estado de Derecho, en los antípodas de sus viejos buenos tiempos, los represores de la dictadura que gozan de arresto domiciliario siguen burlando esa concesión de los jueces. Al largo listado de quienes violan y violaron el arresto hogareño, que inició Emilio Massera cuando regían las leyes de impunidad y sólo había presos por robo de bebés, se sumó ahora el ex comisario mendocino Orlando Gerardo Gutiérrez, quien ya tiene procesamiento firme y está en condiciones de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en San Rafael. Dueño del complejo de cabañas Las Tortuguitas, a cinco minutos del centro de San Rafael, Gutiérrez fue denunciado por Mariano Tripiana, hijo de uno de los primeros desaparecidos de Mendoza, por salir de su casa para ir a misa y por pasearse impune por los alrededores del complejo, donde lo encontró y lo filmó para documentar la denuncia. El Ministerio Público Fiscal pidió en septiembre que se le revocara el arresto domiciliario a Gutiérrez y a otros procesados de San Rafael, pero la Cámara Federal de Mendoza lleva siete meses sin pronunciarse. Tripiana aportó ahora otro elemento para que cumpla su prisión preventiva en una cárcel común.

El rol del ex comisario Gutiérrez durante el terrorismo de Estado se hizo público en 2010, durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael, que concluyó con condenas a cadena perpetua al ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe, al ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara y al ex agente del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial Juan Roberto Labarta, y a ocho años de prisión al abogado de la policía Raúl Egea. El policía Gutiérrez, que en 1976 hizo un curso de “instrucción contrasubversiva”, fue detenido en noviembre de 2012 por orden del juez federal Eduardo Puigdengolas, quien luego le concedió el arresto domiciliario. “Es muy importante que no queden impunes, que no puedan seguir caminando por las calles”, declaró entonces Tripiana a Página/12. En septiembre último el fiscal federal Francisco Maldonado apeló los arrestos domiciliarios, pero la Cámara Federal de Mendoza, que en teoría se sacó de encima el lastre de Romano, Miret & Cía., lleva siete meses de silencio. El mismo Puigdengolas elevó la causa a juicio oral el mes pasado, por lo que Gutiérrez ya está en condiciones de ser juzgado junto a más de veinte imputados de San Rafael por delitos contra 63 víctimas, de las cuales catorce están desaparecidas.

Tripiana recibió la noticia de que el represor iba todos los domingos a misa a la parroquia de Lourdes y se puso en campaña para corroborarlo. Tal como ocurrió con Massera en 2000, con el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 Alberto Roque Tepedino en 2003, con el ex médico de la ESMA Jorge

Magnacco y con el marino José Francisco Bujedo el año pasado, son siempre militantes y periodistas quienes descubren in fraganti a represores que en teoría cumplen prisión preventiva domiciliaria.

Tripiana se había propuesto filmar al represor en misa pero antes lo encontró frente a su casa, un complejo de cabañas en calle Las Tortuguitas 925 del distrito Las Paredes, en San Rafael, frente al camping del Círculo de la Policía de Mendoza. Las cabañas también se llaman Las Tortuguitas y los turistas que allí se alojan son atendidos en persona por el policía procesado por crímenes de lesa humanidad.

“Vimos que estaba en la calle, dirigiendo una obra. Me bajé filmando con el celular porque pensé que saldría corriendo para adentro, pero no se inmutó”, contó Tripiana, quien compartió el video con Página/12.

–Usted está con arresto domiciliario –le recuerda mientras filma.

–Sí, ¿por qué? –simula sorpresa el represor, de jean, remera y sombrero de paja.

–Usted tiene que estar adentro, no acá. Vaya adentro. Usted está con arresto domiciliario por genocida –le exige el hijo del desaparecido.

Gutiérrez, sin sacarse las manos de los bolsillo, esboza una respuesta pero un segundo después se da vuelta y camina hasta el portón de entrada. “El dirige la obra”, apunta un obrero que deja de hacer un pozo y se apoya en la pala mientras observa.

–Esta grabación se la voy a llevar al juez –le avisa Tripiana al represor, que levanta los hombros con indiferencia.

–¿Quién sos vos? –pregunta un par de veces el ex comisario.

–Ya se va enterar quién soy.

“Esperamos que vuelva a una cárcel común”, dijo Tripiana a Página/12. “En algunos casos las prisiones domiciliarias están bien otorgadas pero en otros no”, cuestionó el querellante. “Los médicos forenses que dictaminaron a favor de concederle el arresto domiciliario son de la penitenciaría de la provincia, cuando tendrían que ser forenses de la Nación”, explicó. “El motivo invocado para evitarle la cárcel es un problema psiquiátrico pero está mejor que cualquiera de nosotros”, apuntó Tripiana, que después de filmar al represor sufrió una crisis nerviosa. Al día siguiente pidió que se le revoque el arresto domiciliario ante el juzgado de San Rafael y el 24 de marzo recolectó firmas para elevarlas a la Cámara Federal de Mendoza, de la que sigue esperando una respuesta.