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Las autoridades judiciales y la División Bomberos de la Policía Federal siguen prohibiendo todo acceso al predio donde se produjo el incendio de Iron Mountain. Es más, hay hasta vigilancia de cualquiera que saque fotos. La fiscal Marcela Sánchez es la que investiga el origen del estrago, sobre todo si hubo un foco inicial o varios. Esto último indicaría la existencia de un incendio intencional. Por lo que se sabe de los trabajos hechos hasta ahora, habría varios focos. El otro punto tendrá que ver con las diez muertes que se produjeron: está la idea de que el derrumbe se debió a la endeblez de la estructura, pero también a que los bomberos actuaron sin tomar las precauciones correspondientes, mientras que los integrantes de Defensa Civil estuvieron en un lugar que no debían. Todo quedará bajo la órbita del juez Pablo Ormaechea.

El incendio del depósito de Iron Mountain se produjo el 5 de febrero, es decir que ya se cumplieron más de tres meses y medio. A los especialistas les llama la atención que no existan ni siquiera primeros diagnósticos periciales sobre lo ocurrido. Todo se mantiene en un extremado hermetismo, al punto que no se le permite a nadie el ingreso al predio de Barracas. Según consignó el sitio Infojus.com, con el argumento de que hay que evitar derrumbes para que no se pierdan pruebas, la tardanza es considerada asombrosa por quienes suelen realizar este tipo de pericias. Y más todavía con el marco de secreto con el que se están envolviendo las tareas en las que participa Emergencias del Gobierno de la Ciudad y también los responsables de pericias de la División Bomberos de la Policía Federal. En principio, también están convocados técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y de la Universidad Tecnológica Nacional.

Los temas a investigar son los siguientes.

Si el incendio fue o no intencional. Es una cuestión que no tendrá peso respecto del pago de los seguros. Las pólizas cubren aun los incendios intencionales, si éstos fueron provocados por terceros o personal enojado o con algún problema psiquiátrico. El único caso en que no rige la cobertura es cuando el incendio es obra del dueño, es decir del que contrató el seguro y quiere hacer una especie de fraude, cobrando la póliza. Pero la intencionalidad sí pesa en la causa penal, porque se le puede achacar al autor –si es que se lo identifica– como responsable de un estrago seguido de muerte, un delito gravísimo. Entre quienes están trabajando hasta ahora en los escombros está muy instalada la versión de que no hubo un foco sino varios, lo que demostraría la intencionalidad. Será muy importante lo que se vea en las imágenes que tomaron las cámaras de seguridad. La fiscalía ya tiene lo que surgió de esas cámaras.

La investigación sobre las muertes también será trascendental. En el depósito perdieron la vida diez personas, entre bomberos profesionales, bomberos voluntarios e integrantes de defensa civil. Las hipótesis que van a confrontar en este aspecto tienen que ver con el efecto del incendio o los problemas de estructura. Y, al mismo tiempo, si estuvo bien habilitado el lugar o no. Este diario ya publicó el diagnóstico de Edgardo Castro, inspector de la Secretaría de Trabajo del gobierno porteño, que había clausurado Iron Mountain por falta de seguridad contra incendios. Hay muchas dudas sobre la habilitación dado que, asimismo, la estructura no era la adecuada a un lugar en el que habría toneladas y toneladas de papeles. Las conclusiones sobre estos aspectos pueden llegar incluso a una imputación contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Un punto nodal será el de la pared que se derrumbó y causó la muerte de los bomberos e integrantes de Defensa Civil. Habrá que discernir si era lógico o no que se cayera ese muro, si fue por acción del fuego o por defectos en la estructura.

Hasta el momento, las familias de las diez víctimas se presentaron como querellantes representadas por tres abogados, el más conocido Miguel Angel Arce Aggeo. Este apuntó desde el principio al estrago doloso, es decir que el incendio fue intencional. Por ahora, la fiscal Sánchez les tomó declaración a los empleados de Iron Mountain y a otros testigos. Falta el trabajo de compaginar esas declaraciones con las imágenes de las cámaras. Los empleados dijeron que sonó la alarma, pero cuando fueron a la sección indicada por el tablero, no había fuego. Minutos después, hubo un segundo alerta, en un lugar distinto, y esta vez sí vieron las llamas. Arce Aggeo sostiene que en esas declaraciones ya hay indicios de que hubo al menos dos focos y, por lo tanto, de la intencionalidad en el incendio.

De comprobarse la hipótesis de que hubo alguien que provocó la catástrofe, tomará aún más relevancia el contenido de la documentación que se guardaba allí, en especial en las secciones donde se produjeron los focos iniciales. Habrá que responder a la pregunta de quién estaba interesado en destruir esa documentación.

A tres meses y medio, todo indica que no será un trabajo sencillo avanzar en un caso que tiene numerosas incógnitas. Y lo cierto es que el tiempo que se está tardando no es el habitual.

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