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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 12 investiga a la multinacional Iron Mountain por presunto lavado de dinero. La causa se abrió la semana pasada a partir de una denuncia que realizó la AFIP. La autoridad tributaria detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014. La investigación que acompaña el expediente judicial, al que accedió Página/12, identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero. La corporación dedicada a la guarda y archivo de documentación sensible tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo. Al ducado europeo se mudaron el año pasado desde las islas Caimán (ver aparte). Los representantes en Buenos Aires de los accionistas extranjeros nunca visitaron esos reconocidos paraísos fiscales, no reciben órdenes desde allí y tampoco una retribución por sus servicios. Si bien la empresa opera en un sector con elevados niveles de rentabilidad, genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el Impuesto a las Ganancias. Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se financia con un flexible y renovable préstamo por 20 millones de dólares otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el banco HSBC.

La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruyó el depósito de la firma en Barracas y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas. En ese momento, la firma apareció en el radar ya que, a pesar de mantener una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de facturación, nunca arrojó utilidades. Y, por lo tanto, tampoco ingresó un peso al fisco por el Impuesto a las Ganancias. La investigación que realizó el organismo encabezado por Ricardo Echegaray se aceleró tras el accidente y permitió identificar maniobras sospechosas que, a priori, no son ilegales. Como parte de ese proceso se emitieron cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y se solicitó información a las islas Caimán donde está radicada su propietaria mayoritaria, aunque el territorio británico de ultramar todavía no respondió. Con esos elementos se presentó la denuncia sobre presunto lavado de dinero que será investigada por el juzgado federal a cargo del magistrado Sergio Torres.

En paralelo, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están finalizando la investigación sobre la documentación que resultó destruida por las llamas. Los resultados preliminares de ese análisis advierten que durante el siniestro se perdieron cajas con datos claves para investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás.

¿Quién es el dueño?

Iron Mountain es un gigante de escala global fundado en 1951. En su sitio web informa que ocupa el puesto 721 en el ranking de las 1000 empresas estadounidenses de mayores ingresos elaborado por la revista Fortune. La multinacional desembarcó en Argentina en el año 2000 luego de adquirir otro establecimiento dedicado a la guarda y custodia de documentación: CADA Storage. Desde entonces, el 98,8 por ciento de la subsidiaria argentina de la corporación es propiedad de Iron Mountain South America LTD, que el año pasado se trasladó a un edificio de oficinas en Luxemburgo, un popular paraíso fiscal en Europa. El 1,2 por ciento restante está en manos de Iron Mountain Chile Servicios SA, con domicilio en la Comuna de Lampa, en las afueras de la capital del país vecino.

A medida que se desarrolló la investigación, según figura en el expediente judicial, los inspectores de la AFIP decidieron entrevistar a los representantes en el país de las sociedades propietarias de la compañía argentina. Quien defiende los intereses de Iron Mountain South America LTD es Gustavo Roberto Alvarez. Consultado sobre su representada, respondió que no la conoce, que no recibe órdenes de esa empresa y ni siquiera sabe dónde está localizada. Las órdenes para las asambleas societarias, explicó Alvarez, son recibidas por mail en forma esporádica pero desde la casa matriz en Boston y también desde Londres, donde está ubicada la sede de la corporación internacional. El empresario tampoco percibe ninguna retribución por sus servicios sino que cobra un sueldo como empleado de Iron Mountain, así como honorarios, ya que Alvarez es el vicepresidente de la compañía en Argentina.

Las respuestas de Ricardo Daniel García, representante del accionista minoritario trasandino, fueron prácticamente idénticas. El indicó que tampoco recibe órdenes de Iron Mountain Chile Servicios SA y nunca percibió una retribución por sus servicios. Al igual que el vice de la empresa cobra un salario como empleado y, en su caso, honorarios como director.

Parecerá un trabalenguas, pero que los representantes de la firma controlante sean empleados de la controlada constituye, para AFIP, una incompatibilidad sospechosa: por eso, el organismo recaudador advierte en la denuncia que se desconoce quiénes son los verdaderos responsables de las acciones de Iron Mountain Argentina.

¿Cómo se fondea?

Las corporaciones multinacionales y grandes firmas locales planifican en forma abusiva sus estructuras de propiedad a través de jurisdicciones del secreto como Suiza, Hong Kong, Singapur, Austria o el pequeño estado de Delaware en Estados Unidos para evadir el pago de impuestos. No solo maximizan su ganancia sino que disciplinan la capacidad de control de los estados soberanos. En el caso de Iron Mountain Argentina, la información recabada en el expediente a partir de la denuncia de AFIP permitiría inferir que la subsidiaria radicada en un ducado europeo no se utiliza para reducir la carga impositiva ya que, por sus resultados operativos ni siquiera tuvo que pagar Ganancias los últimos años.

A pesar de facturar entre 55 y 120 millones de pesos al año y contar con una plantilla de más de 300 empleados, la subsidiaria argentina no genera utilidades y posee una rentabilidad casi nula aunque opera en una lucrativa actividad de servicios. Sin embargo, el patrimonio neto de la firma –el activo de la firma descontadas sus deudas y obligaciones– aumentó en forma sistemática desde 2008 a partir de inyecciones de capital provenientes de su accionista en islas Caimán y la capitalización de los intereses de un préstamo “sospechoso y atípico”, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el expediente judicial. Vale señalar que, por lo general, las empresas intentan evitar a toda costa la capitalización de sus deudas/pasivos.

En agosto de 2007, Iron Mountain Argentina acordó un crédito intrafirma con Iron Mountain Switzerland GMBH ubicada en Suiza, la principal guarida fiscal del mundo en el ranking de jurisdicciones del secreto elaborado por la ONG inglesa Tax Justice Network. El contrato con esa compañía del grupo que se dedica a prestar servicios financieros a las distintas subsidiarias desde el secretismo ofrecido por la jurisdicción helvética presenta un conjunto de particularidades que resultaron llamativas para las autoridades fiscales: permite a la empresa local recibir hasta 20 millones de dólares sin plazo de devolución –el préstamo debería ser cancelado en 2018 pero prácticamente no se realizaron pagos de intereses– mientras que el retiro de los fondos se puede hacer en cualquier momento y en forma discrecional. El dinero se canaliza, en ambas puntas, por sucursales del banco HSCB, la entidad con más sanciones a nivel global por incumplimientos en materia de legitimación de activos.

Entre 2007 y 2014, la empresa argentina recibió 17,8 millones de dólares y realizó pagos por 1,8 millones. Las sospechas sobre el flexible y atractivo mecanismo de financiamiento y los prolijos pero negativos balances de la empresa cuyos propietarios directos no se conocen, lleva a la AFIP a preguntarse en su denuncia: “¿Cuál es la lógica comercial y financiera que lleva a sostener una empresa que no genera utilidades, aumenta su patrimonio neto, sostiene un numeroso personal y requiere la permanente inyección financiera de un préstamo con origen en paraísos fiscales?”. La denuncia de AFIP está enmarcada bajo la ley 25.246 que en su artículo 21 considera como operaciones sospechosas de lavado de dinero: “aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”.

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