Quienes ya perciban otra remuneración similar podrán optar por una u otra.

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley 26.913 que dispone el otorgamiento de una pensión graciable a quienes “hayan sido privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles” hasta el retorno de la democracia, el 10 de diciembre de 1983. La Secretaría de Derechos Humanos informó que los posibles beneficiarios del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos “deberán realizar el trámite en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) más cercana a su domicilio, facilitando así el acceso federal a esta pensión”.

La ley se aprobó en Diputados el 27 de noviembre pasado por 176 votos a favor, dos en contra y una abstención. El punto que más se debatió fue el tiempo de detención que sería considerado por la ley. El proyecto que obtuvo media sanción consignó que fuera a partir del 6 de noviembre de 1974, cuando gobernaba María Estela Martínez de Perón. En el Senado fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá, peronista disidente, quien cuestionó esa fecha y defendió el otorgamiento de la pensión a los presos políticos a partir del último golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. La alternativa que se impuso fue la de eliminar de la ley cualquier referencia a la fecha de inicio de la detención, que de esta manera podrá aplicarse a todos los presos políticos que hubo hasta fines de 1983.

Según el decreto 1058, publicado ayer en el Boletín Oficial, la pensión ascenderá a un monto equivalente al sueldo de la categoría “Nivel D, Grado 0” del escalafón establecido por el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). Quienes ya perciban otra remuneración similar emanada de ámbitos provinciales o municipales podrán optar por una u otra. La Anses aportará los fondos necesarios y la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, se encargará de administrarlo.

La Secretaría informó ayer que el formulario para iniciar el trámite está disponible en las UDAI. Los residentes en el exterior pueden presentar la solicitud en el consulado argentino más cercano. La Secretaría “es el órgano de aplicación del presente régimen, y la Anses se encarga de recibir las solicitudes de los beneficiarios y efectuar los pagos”, puntualizó. Las pensiones “buscan reparar a aquellas personas que por haber estado detenidas durante el terrorismo de Estado se les afectó su vida laboral y, por consiguiente, tuvieron una interrupción en sus aportes previsionales”, explicó.