La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo repudió ayer que la Justicia federal haya otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a Norberto Bianco. El represor fue jefe de la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar y se encontraba encerrado en la cárcel de Ezeiza, con una condena por haberse apropiado del hijo de Jorge Carlos Casariego y Norma Tato, quienes permanecen desaparecidos. Hasta poder ser sometido a juicio por los delitos de lesa humanidad que cometió durante el terrorismo de Estado, Bianco había permanecido en Paraguay prófugo de la Justicia argentina durante una década. “El beneficio es inadmisible”, remarcaron desde la organización.

Los jueces Jorge Gettas, Claudio Gutiérrez de la Cárcova y Miguel Guillermo Pons otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria a Bianco durante los primeros días de la feria invernal del Poder Judicial federal. “La decisión fue tomada entre gallos y medianoche”, acusaron desde Abuelas, para quienes la noticia resultó ser una “ingrata sorpresa”.

El Ministerio Público Fiscal, representado en Nuria Piñol Salas, recusó a Pons por considerar la existencia de fuertes indicios de parcialidad en el caso y solicitó la nulidad de la resolución que emitió sobre el destino de Bianco. Las sospechas sobre Pons radican en su relación familiar con personas sospechadas de haber cometido violaciones a los derechos humanos, argumento que el propio juez esgrimió para apartarse de dos debates orales que trataban la temática.

La jugada de la defensa de Bianco comenzó a mediados de junio, cuando presentó el mismo pedido de prisión domiciliaria al Tribunal Oral Federal Nº 6, a cargo del juicio por apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Inmediatamente después de ese pedido, la misma defensa recusó a dos de los tres magistrados, Julio Luis Panelo y María del Carmen Roqueta. Así, además de obligar a posponer el inicio del debate oral en el que su cliente será juzgado por los casos de los hijos de Silvia Quintela Dallasta, Mónica Susana Masri, Valeria Beláustegui Herrera y María Eva Duarte, todas aún desaparecidas, también trabó la definición sobre el beneficio de la domiciliaria, que ya contaba con dictamen negativo de la fiscal Piñol Salas, ad hoc en el juicio que aguarda por una nueva fecha de inicio.

Desde el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo explicaron a Página/12 que ambos “palos en la rueda” estaban a punto de ser rechazados por el TOF 6 cuando comenzó la feria. “La defensa aprovechó y exigió que se habilite el tribunal de feria para definir esta cuestión”, apuntaron desde la organización defensora de los derechos humanos. En ese sentido, repudiaron la decisión del tribunal provisorio por considerar que “permitió que Bianco se fuera a su domicilio particular sin prescripción médica alguna”, coincidiendo así con el argumento que sostiene el dictamen negativo de la fiscalía. El represor alega una dolencia crónica por la que presentó diversos informes médicos, pero ninguno es una prescripción de abandonar la cárcel.

Bianco pudo ser juzgado luego de haber permanecido prófugo de la Justicia argentina durante una década. Regresó al país extraditado por Paraguay, luego de que el juez federal de San Martín, Alberto Martín Suárez, solicitara la medida en el marco de la investigación cuyo juicio permanece en suspenso.

“La tesitura adoptada por el tribunal no deja de ser arbitraria ya que de ser cierta la dolencia que alega Bianco, ésta puede ser atendida en el Hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza que, a diferencia de su domicilio particular, cuenta con la infraestructura necesaria para su cuidado”, añadieron desde Abuelas y concluyeron: “Es inadmisible que algunos sectores del Poder Judicial sigan otorgando estos privilegios a los criminales del terrorismo de Estado, más aún cuando, como en este caso, el imputado tiene antecedentes de haber estado prófugo de la Justicia durante casi una década”.