La puja de la Argentina contra los fondos buitre generó un reclamo internacional para crear nuevos mecanismos legales que permitan proteger las reestructuraciones de deuda soberanas y evitar la arbitrariedad de un sistema judicial que logró avanzar sobre las decisiones de política económica de otro país. Este es el escenario que permite entender el contexto en el cual una serie de economistas como el Nobel adscripto a teorías neoclásicas Robert Solow, Branko Milanovic y Dani Rodrik escribieron una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos instando a los legisladores a “actuar inmediatamente y buscar soluciones legislativas para mitigar el impacto nocivo de la decisión del tribunal” de Griesa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó este texto durante su discurso de ayer, y afirmó que le gustaría leer este tipo de argumentos en la prensa local y no en los periódicos extranjeros.

“La decisión de la Corte distrital, y especialmente el interdicto que está actualmente bloqueando a Argentina de realizar los pagos al 93 por ciento de sus bonistas extranjeros, podría causar un daño económico innecesario al sistema financiero internacional, así como a los intereses económicos de Estados Unidos y de la Argentina”, sostuvieron los economistas, acompañados de otras cien firmas.

Los países del Brics –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica–, los de la Unasur, el Mercosur, las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de los 77 se han pronunciado en contra del accionar de los fondos buitre en relación con el caso argentino, por el precedente que han sentado para las reestructuraciones de la deuda y, a su vez, comenzaron a demandar cambios en la legislación, ya sea a nivel local como supranacional.

“La decisión de la Corte de que la Argentina no puede continuar pagando a los bonistas reestructurados, excepto que primero pague a los demandantes, significa que cualquier holdout acreedor puede echar a perder todos los acuerdos existentes con los tenedores de bonos que optaron por negociar. Mientras que a individuos y corporaciones se les garantiza la protección de la ley de bancarrota, no existe tal mecanismo para los gobiernos soberanos”, escribieron los economistas Milanovic, Rodrik y Solow.

La visión de estos economistas, sumada a la del Premio Nobel Joseph Stiglitz (ver aparte), contrasta con la de los economistas locales. Si bien la mayoría ha cuestionado el accionar de los fondos buitre, enfatizaron más su crítica al gobierno nacional antes que considerar las implicancias globales de la puja que está llevando adelante el gobierno nacional. El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo durante un reportaje en Radio Nacional que los pronunciamientos de la OEA o los Brics no tenían importancia ni incidencia en la temática y que sólo podría generarse un cambio en el sistema financiero internacional dentro del FMI. Stiglitz, por su lado, y Milanovic, Rodrik, Solow y las otras cien firmas que enviaron su carta al Congreso norteamericano estarían considerando otros escenarios.

En la carta sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. “Si bien gran parte de la deuda del mundo en desarrollo ha sido publicada bajo la jurisdicción de las leyes de Nueva York y la utilización de las instituciones financieras con sede en Nueva York, el fallo del tribunal (de Griesa) hará que sea más probable que los gobiernos soberanos busquen ubicaciones alternativas para la emisión de deuda. Gran Bretaña y Bélgica, por ejemplo, ya han aprobado una legislación destinada a prevenir este tipo de comportamiento de los acreedores holdouts”, aseveraron.

En su argumento está la pretensión de defender el statu quo de Estados Unidos como plaza financiera internacional. Es desde ese lugar que reclamaron cambios en el sistema jurídico de su país para evitar los abusos judiciales de la sentencia de Griesa, convalidada por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema.

“La decisión del tribunal (de Griesa) obstaculizaría gravemente la capacidad de los acreedores y la de los deudores a concluir de manera ordenada una reestructuración, dejando que una crisis de deuda soberana ocurra. Esto podría tener un impacto significativamente negativo en el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, como el FMI ha advertido en repetidas ocasiones”, indicaron Milanovic, Rodrik, Solow.

Lo que intentó dejar en claro este conjunto de economistas es que nada será igual en la arquitectura financiera internacional a partir del caso argentino, cualquiera sea su resolución.