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Con el voto de siete de sus ocho integrantes, la Corte Suprema ordenó ayer la reapertura de la investigación penal sobre la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, secuestrada el 27 de enero de 1977 por un grupo de tareas que lideraba el represor Alfredo Astiz. La mayoría sostuvo que la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado no se agota en su indemnización económica, sino que debe abarcar todas las medidas necesarias para el esclarecimiento y el castigo de los crímenes. Cuatro de los jueces incluyeron criterios que podrían sentar las bases de una futura declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, todavía pendiente en el máximo tribunal.
El máximo tribunal le dio la razón a Ragnar Hagelin, padre de Dagmar, quien pedía desde 1995 que no se cerrara la causa por la privación ilegal de la libertad y la desaparición de su hija. “Esperaba este fallo, lo que no esperaba era que tuviera siete votos, es una alegría inmensa”, dijo ayer. En efecto, hasta los ex automáticos Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor votaron por la continuidad de la investigación. El único que se pronunció en contra fue Adolfo Vázquez, rescatando el argumento del vicealmirante Luis María Mendía, ratificado por la Cámara de Casación Penal, que decía que Hagelin ya había cobrado una indemnización de 700 mil pesos pagada por Argentina y había renunciado a otros reclamos.
La mayoría de los supremos decidió, en línea con el dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, revocar el fallo de la sala IV de Casación y ordenarle que dicte uno nuevo y reanude la pesquisa. Una posibilidad es que más adelante las actuaciones pasen a integrar la causa vinculada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –reabierta por disposición de la Cámara Federal–, ya que Dagmar Hagelin fue trasladada allí después de ser apresada en El Palomar y recibir un disparo del propio Astiz, quien podría ser citado a declarar.
Entre los votos de Sus Señorías de la Corte hubo algunos matices:
- Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Moliné O’Connor se limitaron al debate sobre la legitimidad de Hagelin para impulsar la acción penal.
- Antonio Boggiano, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y López advirtieron que Casación Penal contrarió los derechos establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos –con jerarquía constitucional desde 1994– y señalaron los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como pauta de interpretación obligada para los poderes locales. En virtud de esa doctrina, dijeron en votos separados, “la persecución penal de los responsables” de violaciones de los derechos humanos y “la averiguación de la verdad” son deberes del Estado.
Este grupo de cuatro ministros señaló específicamente la “reparación patrimonial y la persecución penal” como situaciones no excluyentes y reconoció la importancia de la intervención activa de los familiares de desaparecidos en los expedientes con la posibilidad de “aportar elementos de prueba y de convicción” –según el texto de Maqueda– para que los crímenes no queden impunes. Petracchi y López añadieron que el deber del Estado de investigar va acompañado del de “prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos”.
Todos estos argumentos están en armonía con los de otro fallo reciente de la Corte, que negó un planteo de cosa juzgada del dictador Jorge Rafael Videla y ordenó que se lo juzgue por apropiación de menores durante la dictadura. Ya en esa resolución Maqueda y Petracchi señalaron como inadmisibles la amnistía o cualquier medida que impida la investigación y sanción de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Ahora dos jueces más suman señales que podrían sustentar un fallo contra las leyes de impunidad, todavía trabado en la Corte por falta de mayoría.
Por ahora, en ese sentido, sólo hay indicios y el camino de las investigaciones se abre por otros carriles. A pesar de que Ragnar Hagelin solicitó la inconstitucionalidad de esas normas, la Corte dejó el tema de lado. Su abogado, Luis Zamora, se quejó ayer porque no hubo “un fallosobre el fondo”, sino que derivó la decisión central a Casación. Debería, sostuvo Zamora, “declarar que la cosa juzgada es nula, porque está basada en leyes nulas y la prescripción del principal acusado, Alfredo Astiz, es nula porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben”.