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Economistas, analistas de la city, periodistas y afines plantean como una cuestión de vida o muerte cumplir hoy con el pago de unos 2900 millones de dólares de una cuota de capital e intereses que se deben al FMI. Nada más alejado de esa situación límite constituye ese vencimiento. El problema no está en Buenos Aires, como quiere hacer creer la mayoría de los voceros, voluntarios e involuntarios, que esbozan sus profecías apocalípticas como la absurda de “si no se paga se dará la espalda al mundo”. La complicación con el caso argentino la tiene la tecnoburocracia del FMI, que no está de más recordar que esas siglas corresponden a Fracasos Múltiples Internacionales. No hay que retroceder muy atrás para encontrarse con un acuerdo con falencias técnicas y, por lo tanto, inservible para una economía que aspira a crecer.
El convenio firmado en enero pasado no acertó en ninguna de las proyecciones monetarias y fiscales pactadas. Esos objetivos, y no otros como tarifas o compensaciones, constituyen el corazón de un acuerdo con el Fondo. Equivocarse en esas metas, la fiscal por quedarse cortos y la monetaria por exceso de rigidez, refleja que en los temas de su incumbencia no pegan una. Los hombres del Fondo se dedican, entonces, a defender intereses de privatizadas, bancos y acreedores en default.
Las estimaciones monetarias consensuadas en su momento con Alfonso Prat Gay, presidente del Banco Central, tuvieron que echarse al cesto a los pocos meses de rodar. Pero su impacto, caída del dólar de 3,3 a 3 sin su correlación en los precios de la canasta básica de alimentos y freno a la recuperación en el contexto de incertidumbre previo a las elecciones, ya había tenido su efecto negativo. Las metas fiscales de superávit también quedaron descolocadas, en este caso porque los ingresos fueron mayores que los previstos con un gasto en línea. Contabilizar excedentes, en una economía con la mitad de la población en la pobreza, no muestra virtudes de pronosticadores.
Así, ante la sucesión de equivocaciones en su trabajo para el cual se dicen especialistas, el Fondo arremete con cuestiones que le son ajenas de acuerdo a su estatuto. El aspecto más insólito es el referido al reclamo de aumentar tarifas. Las privatizadas registraron ganancias extraordinarias durante los 90, aplicaron ajustes en las tarifas violando la ley de convertibilidad y emprendieron un endeudamiento excesivo. Y en ninguna de esas instancias el FMI intervino. Las privatizadas están contabilizando ganancias operativas y sus quebrantos se deben a la carga financiera por la deuda, que es responsabilidad de los accionistas que en su momento optaron por distribuir utilidades en lugar de reinvertirlas. Además, varias de esas compañías tienen contratos de concesión de varias décadas y otras, como las telefónicas, son dueñas de la red, lo que no habilita el apuro por un ajuste. A menos que los grupos de control quieran abandonar la plaza local cobrando un monto más elevado por la empresa. Si así fuera, otra vez los usuarios argentinos no pueden ser utilizados, como en los ‘90, como financistas pasivos vía tarifas de la riqueza de compañías de servicios europeas.
El otro punto conflictivo se refiere a la compensación a los bancos por amparos. Las entidades fueron asistidas por la pesificación asimétrica y el cambio del índice CER por el CVS en un lote de créditos, además de otras operaciones, como la de su endeudamiento externo. Los deudores y los depositantes también fueron auxiliados por el Estado. En ningún caso, la compensación fue por la totalidad del impacto de la devaluación. Como señaló la presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli, hace un par de semanas en un reportaje al suplemento económico de este diario, Cash, los bancos no deberían pedir esa compensación porque no pueden pretender no realizar ningún aporte a la salida de la crisis.
Por último, los acreedores en default además de dirigir broncas hacia la Argentina serían más coherentes si apuntan los dardos a los bancos que,ávidos de suculentas comisiones, les vendieron esos bonos argentinos cuando la economía hacía agua.
De esta forma la historia es al revés de lo que se cuenta. No es que Argentina no paga y no firma con el Fondo. Es el Fondo que, con su rebajado rol de lobbista, no firma con Argentina un acuerdo que establece el ajuste fiscal más potente desde el retorno de la democracia.