Página/12 En Estados Unidos

Desde Nueva York

Las Naciones Unidas iniciarán a partir de ahora un arduo camino para establecer el contenido del marco legal multilateral sobre procesos de reestructuración de deuda soberana, cuya elaboración se aprobó ayer con 124 votos a favor, 46 abstenciones y 11 votos en contra. “Argentina va a dialogar con todos los países de la Asamblea General y especialmente con los que no acompañaron”, aseguró ayer el Canciller, Héctor Timerman, anticipando que durante el próximo período de sesiones ordinarias de la ONU se intentará alcanzar el mayor consenso posible, aun con países como Estados Unidos, Canadá o Japón, los más reticentes a tratar una regulación internacional en esta materia. Desde la Cancillería, por lo pronto, esperan que aquellos países que se abstuvieron de votar tomen una posición activa en el debate del contenido de la regulación. Un equipo de funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía ya se encuentran trabajando en un borrador, que será primero debatido en el seno del G-77 más China para luego consensuar con el resto de los países.

Según lo establecido en la resolución aprobada ayer, la Asamblea General de Naciones Unidas deberá aprobar antes de fin de año la modalidad con la que se llevará a cabo el debate durante el año próximo. Desde la misión argentina ante la ONU señalaron que existen dos alternativas: que se discuta en una de las seis comisiones permanentes que posee la ONU, encargada de trabajar en temas económicos o que se cree un grupo de trabajo específico para abordar este tema. Esta última opción resultaba más operativa dado que todas las comisiones están integradas por los 193 países miembro de la ONU.

Una vez resuelta la modalidad de trabajo, comenzará el análisis del texto, que podría tener la forma de una convención, de directivas o leyes modelo, entre otras. El primer caso sería una apuesta de máxima, ya que la aprobación de una Convención implicaría un marco legal de carácter vinculante que establece obligaciones para los Estados. Incluso, una vez aprobada, debería ser tratada por los poderes legislativos de cada uno de los países miembro y posteriormente ratificada para que tenga plena vigencia.

Si bien el gobierno argentino debatirá la iniciativa con sus socios antes de darla a conocer, trascendieron algunas líneas generales que estarán presentes en el marco regulatorio. Por un lado, no permitir que un sector minoritario de acreedores obstaculice el proceso de reestructuración de deuda de una porción mayoritaria, tal como sucede en Argentina con los fondos buitre, que poseen el uno por ciento de los bonos y a través de Griesa traban el cobro del 92,4 de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Por otro lado, que el pago de las obligaciones de deuda externa de un país no impidan el desarrollo de su pueblo. Por último, que se respete la soberanía de los Estados, evitando que las legislaciones de otros países interfieran entre sí.

La creación de este marco legal genera expectativas respecto de su impacto en el mercado de deuda pública, ya que una vez aprobado, resultaría difícil que los países que no adhieran sean elegidos como sede de emisión de los títulos públicos. “Se han hecho regulaciones sobre comercio de armas, pero llama la atención el poder del mundo financiero que había logrado resistir. Ahora van a hacer lobby en contra aunque finalmente van a tener que adaptarse”, confiaban ayer en el gobierno argentino.