Página/12 En Estados Unidos

Desde Nueva York

Por 124 votos a favor, 41 abstenciones y sólo 11 en contra, la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer la resolución que establece la necesidad de crear un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. Tras más de una década de postergaciones, el organismo internacional resolvió que deberá trabajar y definir esa reglamentación antes de septiembre de 2015, cuando termine su próximo período de sesiones ordinarias. La Argentina consiguió el respaldo del G-77 más China, que llevó una propuesta común a la última reunión anual de la asamblea general. “Es un día histórico”, aseguró el canciller Héctor Timerman, que viajó especialmente a Nueva York para participar de la sesión y las negociaciones. Al conocerse el contundente respaldo de la asamblea, la comitiva argentina, completada por la representante permanente ante la ONU, Marita Pérceval, y la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón, entre otros, aplaudió de pie.

“La trascendente votación que acabamos de realizar es la expresión más contundente de esta representatividad global: los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente un camino ético, político y jurídico capaz de ponerle frenos a la especulación desenfrenada, eligiendo el camino del derecho justo, que es el que se construye a través de un debate plural y democrático, como éste, en donde todos, exactamente todos, tenemos voz y voto”, aseguró Timerman durante su discurso, en el que recordó que justamente 50 años atrás, un 9 de septiembre, el diplomático argentino José María Ruda realizaría un alegato histórico exponiendo la posición argentina contra todas las formas de colonialismo.

De los 193 miembros de las Naciones Unidas, los únicos países que votaron en contra fueron 11: Estados Unidos, Australia, Canadá, República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Japón e Inglaterra. Las abstenciones alcanzaron un número más alto, 41. Muchas de ellas pertenecen a la Unión Europea (como Bélgica, España, Grecia, Italia, Francia, Holanda) y otras a Estados nórdicos (como Dinamarca, Noruega, Suecia), también de Oceanía (como Nueva Zelanda). Desde la comitiva argentina consideraban un avance que muchos países se hayan expresado de esta manera, sin obstaculizar el tratamiento de una reglamentación mundial sobre deuda soberana. De hecho, al comenzar las negociaciones, unos 46 países habían adelantado que rechazarían el proyecto y ese número luego se redujo a 11.

El encargado de presentar el proyecto fue el representante de Bolivia, Sacha Llorenti, en su condición de presidente del G-77 más China, que nuclea a 133 países en desarrollo. Llorenti manifestó el “compromiso de construir un sistema financiero internacional en el que las reglas sean justas y favorables al desarrollo, para que los países puedan también lograr un desarrollo sostenible”. El proyecto, entre otros puntos, sostiene que deben intensificarse los esfuerzos para prevenir las crisis de deuda, definirse las modalidades de adopción del texto jurídico a aprobarse y recuerda las reiteradas oportunidades en las que tanto las Naciones Unidas así como otros foros multilaterales han intentado sin éxito abordar este tema. Si bien el debate sobre el sistema financiero internacional data en Naciones Unidas al menos de 1970, uno de los primeros antecedentes concretos sobre el tema deuda soberana es la cumbre de Monterrey en la que, hace 12 años, los líderes de distintos países expresaron el compromiso de trabajar en un mecanismo internacional de negociación.

También hay otros antecedentes en el Fondo Monetario Internacional, que no prosperaron debido al rechazo de países con mucho poder dentro del organismo, como Estados Unidos. “Hoy le toca a la Argentina, pero muchos países en desarrollo o desarrollados han sufrido la misma conducta depredadora y continuará sucediendo si no actuamos ahora”, aseguró Llorenti en relación con la actitud de los fondos buitre, que a través del fallo del juez Thomas Griesa han logrado impedir el cobro del 92,4 por ciento de los tenedores de deuda argentina.

Uno de los principales argumentos de los países opositores a la creación del marco regulatorio fue la necesidad de “un debate técnico”, que debería realizarse en foros especializados, como el FMI o el Club de París, precisamente donde ellos tienen mayoría. “Tratar esta cuestión en las Naciones Unidas, en un plazo irregularmente corto y con irregularidades de procedimiento, politiza una cuestión que es de índole técnica. Foros como el FMI o el G-20 son más apropiados”, señaló el representante de Canadá, en la misma línea que la representante de Japón.

Entre las pocas voces que se pronunciaron en contra, la más destacada fue la de Estados Unidos, precisamente donde se ha desencadenado el conflicto con los fondos buitre. “Generaría incertidumbre en los mercados financieros, lo que hará que cobren primas más elevadas y eso asfixiará a los países en desarrollo”, advirtió la representante estadounidense, Samantha Power, quien anticipó “resultados muy inciertos” en el debate sobre el marco regulatorio. Según Power, los países del G-77 cometieron irregularidades en el procedimiento para tratar el tema y además, “adelantaron el resultado” del debate sobre el marco regulatorio. Estados Unidos incluso planteó reparos respecto de los “costos” del proceso de debate, aunque desde la secretaría general, a cargo de Ban Ki-moon, descartaron problemas de tipo presupuestario.

“Miles de millones de dólares van a los bolsillos de los dueños de los fondos buitre gracias al vacío legal actual. Este vacío no es fruto del azar. Quienes se dedican a este negocio, escandalosamente rentable, invierten un porcentaje de sus ganancias en campañas y lobbistas para que la situación no cambie. La falta de un marco legal regulatorio para la reestructuración de la deuda soberana tiene un correlato directo con la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la inseguridad que sufren los países históricamente golpeados por la deuda externa”, aseguró el canciller Timerman. “No votaron en contra 165 Estados soberanos, que éticamente proclamaron la soberanía de los países y la dignidad de los pueblos”, agregó la representante argentina ante la ONU, Marita Pérceval, quien consideró que “no es un país, sino la voluntad de América latina la que se expresó”.

Precisamente, la resolución recibió el apoyo de la gran mayoría de los países latinoamericanos (con excepción de México), de muchos países africanos y también de países de peso en el contexto internacional como China, India y Rusia. A su turno, el representante cubano, Rodolfo Reyes Rodríguez, rechazó la denominación de “fondos buitre”, ya que esas aves carroñeras “realizan una contribución positiva al ecosistema, mientras estos fondos son parásitos que atentan contra el bienestar de los pueblos”. El embajador de Cuba recordó además la lucha de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo que “enfrentaron la tragedia del silencio frente a la desaparición de sus familiares”, pero que a pesar de eso dijeron “nunca más”. “Esperemos que lo que ha ocurrido (con los fondos buitre) nunca más vuelva a producirse contra la Argentina o cualquier pueblo de este planeta”, remató Reyes Rodríguez, despertando un inusual aplauso en medio del desarrollo de la asamblea. El segundo momento donde se escucharon aplausos fue al concluir la votación, en la que se cristalizó el contundente apoyo a la iniciativa del G-77.