Una historia. Una vida. Un país. En 2000, Claudia Poblete no sabía quién era. O quién podía ser. Ese año supo que era hija de desaparecidos. Fue al juzgado para revisar con detalle el informe completo del resultado de su ADN y comprobar dónde la habían engañado. Estaba preparada para no creer, para desconfiar, pero apenas vio la foto de una beba en el expediente supo que era ella. Fue el inicio de un camino. Para ella y para muchos. En esa causa, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y despejó así la ruta para que todas las investigaciones vinculadas con el terrorismo de Estado pudieran avanzar. Claudia se convirtió en una protagonista involuntaria del fin de la impunidad de los delitos de lesa humanidad en la Argentina. A diez años de aquella decisión, 592 personas fueron condenadas por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El recorrido no fue lineal ni sencillo, como el de Claudia.

Claudia Poblete fue secuestrada junto con su mamá, Gertrudis María Hlaczik, el 26 de noviembre de 1978 en su casa de Guernica. Tenía ocho meses. Su papá, José Liborio Poblete, desapareció el mismo día. Todos fueron llevados al centro clandestino de detención El Olimpo, pero a la beba se la vio allí solo unos días.

José, un técnico tornero chileno que había perdido sus piernas en un accidente siete años antes de su desaparición, conoció a Gertrudis en el Instituto de Rehabilitación del barrio de Belgrano. En 1971 había formado, junto con otros compañeros del centro médico, el Frente de Lisiados Peronistas (FLP), un grupo que se disolvió a mediados de 1974. José y Gertrudis integraron luego la Unión Nacional Socio-Económica del Lisiado (Unsel) y Cristianos para la Liberación.

Sobrevivientes de El Olimpo habían relatado ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que los represores se ensañaron especialmente con Gertrudis y José. A él le quitaban la silla de ruedas y se burlaban llamándolo “Cortito” porque no tenía piernas. A ella la pasearon desnuda arrastrándola de los pelos mientras la castigaban. En el testimonio de dos ex detenidos publicado por Amnistía Internacional consta que en uno de los “traslados” del año 1979 José fue sacado de El Olimpo en su silla de ruedas. Dos días después, la silla estaba tirada en un rincón de la playa de estacionamiento del campo. Gertrudis fue vista por última vez el 28 de enero de 1979. Ambos están desaparecidos. Claudia fue apropiada por el militar Ceferino Landa y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira.

En el año 2000, a partir de una denuncia judicial de las Abuelas de Plaza de Mayo en representación de Buscarita Roa, la mamá de José, Claudia recibió una citación para que fuera al Banco Nacional de Datos Genéticos a sacarse sangre. Y fue: “En ese momento mi racionalización fue que no quería que el tema se hiciera muy mediático y que eso podía pasar si me negaba. La duda sobre mi identidad la tenía, yo no creía que ellos fueran mis padres biológicos, me daba cuenta por las edades, pero nunca me había animado a pensar que era hija de desaparecidos, no me entraba en la cabeza. Con ellos siempre fui muy acatadora, obediente, no quería lastimarlos. Además, la verdad es que no sabía nada. Para mí, la historia se acababa con las Madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos y eran todas unas viejas locas. Me cuesta entender cómo era que no sabía nada pero era otra época. Fui al Durand y me hice el ADN. Busqué en internet si se podría identificar una persona con la sangre de los abuelos sin que estuvieran los padres y me quedé medio tranquila. Cuando me llamaron del juzgado yo iba para estudiar las cien páginas del informe y ver dónde me habían metido la trampa, pero vi la fotito. Había una foto de mi mamá, una de mi papá, medio borrosas y una mía. Me reconocí. Era muy cercanita a las que me habían sacado mis apropiadores. Tenía la cara medio ceñuda, que es la foto típica de los carteles de Abuelas de esa época. Claramente yo era esa bebé. En ese momento me sacaron el mundo de abajo y me caí. Salí del juzgado y nada me parecía igual, ni el cielo, ni el auto que estaba enfrente. Es lo mismo que me pasó cuando fui mamá, salí de mi casa con una panza y volví con un bebé en brazos y miraba alrededor y era otro mundo. Ese día fue algo parecido, pero más doloroso, con Guada fue más lindo. Además, tenía la sensación de que me daban eso y listo. Pero era el inicio, no el fin”.

En el camino

Los apropiadores de Claudia fueron procesados y también quienes habían participado en su secuestro, los represores Julio Simón, conocido como El Turco Julián y Juan Antonio del Cerro, alias Colores. En la Argentina había juicios “por la verdad”, que permitían avanzar en conocer los crímenes que se habían cometido durante la dictadura pero no en juzgar y condenar a sus autores, a excepción de los involucrados en las apropiaciones de niños. Debido a la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los campos buscaban que los represores fueran a la cárcel aunque sea en una celda remota, en España o algún otro lugar del mundo, pero este país era un seguro refugio para los acusados, con la excepción del ex marino Adolfo Scilingo. En 2000, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Horacio Verbitsky consideró que era momento de insistir con un reclamo judicial para que se declararan inconstitucionales las leyes de impunidad. Lo hizo en la causa por la desaparición de Mónica Mignone, hija de uno de los fundadores del organismo de derechos humanos y también, en coordinación con Abuelas de Plaza de Mayo, en el expediente sobre la apropiación de Claudia Poblete, ya que era un caso que se estaba investigando y tenía mucha prueba producida. Además, encerraba la paradoja de que mientras los represores Simón y Del Cerro eran arrestados por secuestrar a Claudia, no se los podía acusar por la desaparición de su madre, realizada en el mismo acto. Con el escrito del CELS en el juzgado, los secretarios del juez, Pablo Parenti y Hernán Folgueiro, se pusieron a estudiar precedentes internacionales. Así lo explica Verbitsky: “El CELS siguió en esto un criterio central de Emilio Mignone, que estuvo en la base de mi buena relación con él: flexibilidad táctica pero firmeza en los principios. Por eso en 1996 a raíz de la conmoción que produjo la confesión de Scilingo, Emilio pidió a la justicia que investigara lo sucedido con su hija aunque no fuera posible castigar a los culpables por las leyes de impunidad. Así comenzaron los juicios por la verdad, que otros sectores no comprendieron y acusaron al CELS de bajar la bandera del juicio y castigo. Al mismo tiempo el fiscal español Carlos Castresana formuló la doctrina de la jurisdicción universal para que fuera posible juzgar en España a militares argentinos por crímenes cometidos contra argentinos en la Argentina. Cuando el juez Baltasar Garzón aceptó este principio y abrió la investigación, esa causa se sumó a las abiertas en Francia (donde Astiz fue condenado en ausencia), en Italia (impulsada por Dora Salas, Lita Boitano y Cristina Mihura), en Alemania y en Estados Unidos (donde Suárez Mason fue condenado en un juicio civil). Estos hechos se fueron encadenando, de modo que en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, a propuesta de Patricia Walsh, Alfredo Bravo y Juampi Cafiero, aunque no alcanzaron los votos para declararla nula, dada la oposición de Graciela Fernández Meijide y los radicales, que no querían arriesgar la campaña presidencial de la Alianza. El expediente de Garzón cobró otro color cuando Scilingo se presentó a declarar creyendo que sería un testigo protegido pero el juez le explicó que no era testigo sino autor y lo detuvo. Además pidió un centenar de extradiciones, que (Carlos) Menem y (Fernando) De la Rúa negaron. Joan Garcés, el catalán que fue colaborador de (Salvador) Allende, pidió a Garzón que abriera por Chile un expediente similar al de la Argentina. Ese fue el origen de la detención de Augusto Pinochet en Londres, ese mismo año 1998. Al mismo tiempo los juicios por la verdad se extendieron a todo el país y dos jueces federales ordenaron la detención de Videla y Massera por el robo de bebes, delito que fue excluido de las leyes de impunidad porque tanto Alfonsín como Menem temían a las Abuelas de Plaza de Mayo, pero que hasta ese momento no había producido avances judiciales. En los dos años siguientes decenas de marinos, militares y policías fueron detenidos por ese motivo. Todo esto fue creando un clima nuevo que alarmó a los militares. Con el cambio de gobierno de 2000, el Ejército conducido por (Ricardo) Brinzoni trató de conseguir un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema, con el apoyo de la Iglesia Católica, cuyo nuevo jefe Jorge Bergoglio planteó una mesa de diálogo en busca de la memoria completa, que sustituyera a los juicios. Mignone murió en 1998, yo ingresé a la comisión directiva del CELS en 1999 y en 2000 fui designado presidente. Faltaba un año para el 25 aniversario del golpe militar y evaluamos que la fuerte movilización que crecía sobre el tema terminaría por completar las condiciones para que la justicia pudiera declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, porque ese reclamo social equilibraría las presiones secretas de los poderes fácticos. Así fue, y en la primera semana de marzo de 2001 el juez Gabriel Cavallo firmó la decisión”.

Ese fallo fue respaldado por la Cámara Federal y, finalmente, el 14 de junio de 2015, la Corte Suprema, que había comenzado su renovación, confirmó la decisión. En el interín, Néstor Kirchner había llegado a la presidencia y el Congreso había anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El fallo de la Corte también convalidó la medida parlamentaria. El máximo tribunal tenía entonces nueve miembros, tres de ellos, Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi, se habían pronunciado en 1987 por la vigencia de las leyes de impunidad. El primero mantuvo su postura y fue el único voto negativo. El segundo se excusó. El último modificó su criterio en base a la preponderancia que había adquirido el derecho internacional a partir de la reforma constitucional de 1994 y votó junto a Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano, quienes coincidieron en que las leyes que impedían juzgar a los represores eran contrarias a la Constitución Nacional e incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

“Nos citaron temprano por la mañana en el Palacio de Tribunales, pero tardaron mucho en notificarnos. Recuerdo que con Santiago Felgueras, María José Guembe (CELS) y Alcira Ríos (Abuelas) vimos entrar un carrito con todo el expediente, que era gordo. Estábamos contentos. Pero creo que en ese momento no nos imaginábamos lo que venía después, la magnitud. Pensábamos en retomar las causas que habían quedado truncas en la década del 80, pero no había conciencia, por ejemplo, de los delitos sexuales. Se sabía, claro, que había responsables civiles, pero no el universo actual”, recuerda Carolina Varsky, entonces abogada del CELS que hizo el pedido judicial junto a Guembe y ahora coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Fue un momento muy esperado. Había pasado mucho tiempo desde el comienzo del caso y no concebíamos la posibilidad de que la Corte fallara en contra. Cuando finalmente nos notificaron la sentencia la alegría y la emoción fueron inmensas. En lo personal fue un logro importantísimo. La reapertura del camino de justicia, que parecía imposible en un comienzo, terminó siendo inevitable. Creo que los factores que confluyeron fueron la movilización popular, la reaparición de la palabra de los sobrevivientes en tribunales gracias a los juicios por la verdad, que también hicieron presentes a los represores y la tenacidad de los organismos de derechos humanos. El fallo de la Corte evidenció que el derecho había madurado y las instituciones también. Fue dignificante para las víctimas, para la sociedad y para el propio Poder Judicial”, agrega Guembre, actual directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público.

Una. Todos

Desde la desaparición de la familia Poblete, Buscarita Roa y Fernando Navarro Roa, mamá y hermano de José, fueron los motores de la búsqueda y el reclamo de justicia. Cuando Claudia recuperó su identidad hubo, primero, que conocerse. Cada nieto o nieta que aparece es único y única. En cada caso los vínculos se construyen y reconstruyen de una forma distinta, muchas veces, como sale, como se puede, si se puede. Los años de apropiación no se borran de un plumazo con un análisis de sangre. Muchas veces la persistencia de la familia biológica en la trama jurídica contra los apropiadores parece conspirar contra el reencuentro, que suele ser un proceso tan frágil como un zapatito de cristal. Algo de esto pasó entre Claudia y su tío. Ella declaró en el juicio contra Landa y Moreira y aceptó la condena. Pero hace diez años, por ejemplo, muy cerca del fallo de la Corte, ella se casó y en la ceremonia estuvieron el militar y su esposa. La familia de Claudia decidió no ir. Romper el cerco no era fácil, pero los Poblete Roa no estaban dispuestos a un abrazo que incluyera represores. Las relaciones fueron oscilantes. Tal vez, piensa Claudia, también hubieran sido así sin una apropiación de por medio, como en muchas familias. Pero cuando la niña que había sido secuestrada fue madre se produjo un cambio. “Con lo del casamiento me enojé, ahora lo pienso y veo que fue lo que pude y lo que salió en ese momento. Me lo perdono. Pero cuando nació Guada me di cuenta de la responsabilidad de mis apropiadores. Ya no tengo la dualidad. Más allá de los encontronazos que podemos tener, le agradezco a Fernando su postura siempre coherente. El siempre fue para un lado y es lo que me permite a mí hoy hacer el recorrido para atrás. Si ellos se hubieran acomodado para que ese momento no fuera tan difícil para mí, no sé si yo hoy hubiera llegado acá. Me costó mucho, cuando miro para atrás... en el momento uno no puede ver hasta dónde hay un acto de amor, pero después te das cuenta”, reflexiona ahora Claudia.

Su travesía fue de alguna forma también la del país. “Creo que lo que me pasó a mí de poder responsabilizar y poner las cosas en su lugar en cierta forma es lo que le fue pasando a mucha gente. Muchos pudimos poner las cosas en su lugar. Cuando empecé a hacer el trámite del cambio de nombre tenía que explicar, te miraban raro. Hoy eso ya no pasa. La actitud de la gente es otra. Hasta los taxistas se callan cuando les contás, antes te decían barbaridades. Ver los centros clandestinos marcados, señalizados. A mí me cuesta mucho entrar a la ESMA, al Olimpo. Pero la primera vez que pasé por el Olimpo todavía estaba la Policía y tuve una sensación muy fuerte. Cuando lo vi intervenido la sensación fue otra: aire, alivio. Antes seguía siendo lo que había sido. Hoy es otra cosa.”

Hace diez años, dice Claudia, no tenía conciencia de lo que significaba que su caso abriera las puertas para todos. Ahora explica, “siento que ese resultado es de alguna manera el fruto de la honestidad y el compromiso con el que mis viejos vivieron toda su vida y su militancia. También es un orgullo y un reconocimiento a la perseverancia y a la lucha de mi familia que siempre buscó la justicia y la reivindicación de nuestra historia. Este logro me posibilitó a mí y a todos los que pasaron por este proceso de recuperar su identidad en estos diez años hacerlo con mayor libertad”.

–¿Cuáles fueron los principales cambios en vos desde el 2000 hasta ahora

–Antes veía la vida como en una película. Miraba por la ventana y sentía que algo iba a cambiar. Todo estaba ordenadito. Después logré ponerme en protagonista, salir del camino marcado. Estudié ingeniería en sistemas y no es lo que hubiera elegido hoy. Ahora redescubrí mi parte artesanal, manual, es un territorio sin mapa. Siempre buscaba cuidar, agradar y no podía descubrir lo que me gustaba a mí, o no me dejaban. No andaba sola por la calle, me daba miedo. Ahora me di cuenta que puedo, que puedo resolver cosas sola, que soy hábil, que no me pierdo. Estos años me dieron seguridad.