Recalde es autor del proyecto aprobado por Diputados. Pinedo defendió la actitud del macrismo.
Imagen: DyN & Julio Martín Mancini.

“Ese proyecto busca perseguir ciudadanos e interferir en el trabajo de la Justicia.” El titular del bloque de diputados del macrismo, Federico Pinedo, justificó con esas palabras, en diálogo con Página/12, la abstención de los legisladores del PRO a la hora de votar la creación de una comisión bicameral para investigar la complicidad económica y financiera de sectores civiles con la última dictadura. “El Gobierno no está conforme con algunas causas en las que la Justicia ya se expidió, por ejemplo Papel Prensa, y por eso sacan esta ley. Nosotros no vamos a acompañar que se interfiera a la Justicia y se persiga a ciudadanos”, dijo Pinedo en relación a las causas que investigan la participación de sectores civiles en el terrorismo de Estado. Desde el kirchnerismo apuntaron que “las mismas corporaciones que se beneficiaron de la última dictadura son las que están hoy al lado del PRO”.

En la sesión del miércoles, catorce diputados del PRO se abstuvieron en la votación que dio media sanción al proyecto de ley que crea la comisión bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la dictadura militar. Lo hicieron en soledad, frente a los 170 votos afirmativos de las restantes fuerzas políticas (incluso los aliados del macrismo en Cambiemos) presentes en el recinto. Y lo hicieron en silencio: ningún diputado del PRO tomó la palabra durante el debate.

“Más allá de las disidencias y de las discusiones que algunos diputados radicales y del Frente Renovador plantearon, no entiendo la abstención de los legisladores del PRO, y el silencio tiene también un valor jurídico”, afirmó el diputado del FpV Héctor Recalde, autor de la iniciativa.

La comisión bicameral que propone el proyecto se encargaría de investigar a aquellos “actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” entre 1976 y 1983 y brindaron “apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza” a los genocidas.

Recalde destacó la importancia de “saber qué pasó con los sectores económicos implicados en la dictadura”, un reclamo que fue central en los discursos de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo durante la movilización del último 24 de marzo.

“No nos oponemos a ninguna investigación”, dijo Pinedo a este diario, y afirmó que su bloque rechaza “el enfoque político” que –según él– le daría el Gobierno a la identificación de los sectores de poder económico que apoyaron al régimen militar. Consultado sobre si los diputados de su fuerza política formarían parte de la comisión una vez conformada, Pinedo respondió que “puede ser”, pero que “aún no lo hemos discutido”.

En sintonía con Pinedo, el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli justificó la abstención y argumentó que “una comisión del Congreso no puede interferir en el trabajo de la Justicia”. Según Tonelli, los diputados del PRO presentaron objeciones al proyecto durante el debate previo a que la iniciativa llegue a tratarse en el recinto, y propusieron que la comisión bicameral investigara también “delitos de corrupción que tuvieron lugar después de 1983”. Tonelli reafirmó esa posición y aseguró que “los delitos de corrupción son iguales en dictadura que en democracia”, postura que también compartió Pinedo en diálogo con este diario. “Creemos que las investigaciones no pueden limitarse al período de la dictadura y que deben avanzar sobre los casos que tuvieron lugar después de 1983. Como nos rechazaron, nos abstuvimos”, explicó Tonelli.

Desde el Frente para la Victoria, el diputado Horacio Pietragalla afirmó que la abstención se debió a que “las mismas corporaciones que se beneficiaron de la última dictadura son las que están hoy al lado del PRO, la ultraderecha argentina”. Pietragalla destacó, en relación con los propósitos que tendrá la comisión, que “si bien en estos doce años se pudo instalar que los militares secuestraron, torturaron y hundieron al país, falta poder naturalizar que los grupos económicos fueron los que más empujaron para que eso sucediera”.

Sobre el estado actual de las causas contra sectores civiles cómplices de crímenes de lesa humanidad, Recalde afirmó que “se ha avanzado en identificar a algunas empresas como Mercedes Benz, Ford, Celulosa, Ledesma, La Veloz del Norte, Acindar, Techint y Siderca”, pero que aún existen “complicidades judiciales”. “El desprocesamiento de (Vicente) Massot (director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca) es terrible –dijo Recalde–: se exculpa diciendo que no tuvo participación en la conducción de la empresa cuando desaparecían dirigentes sindicales y da como responsables a la madre y al hermano muertos.”