El balance de los juicios, el desafío de juzgar a los cómplices civiles y las resistencias del Poder Judicial fueron algunos de los temas abordados en el marco del VIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria que se desarrolla en el Centro Cultural Haroldo Conti. “Amplios sectores de la corporación judicial siguen ofreciendo una franca resistencia”, destacó el juez Daniel Rafecas, quien celebró que “son tan evidentes los efectos positivos” del proceso que “ningún partido pretendidamente democrático podría cuestionarlo”. El periodista Horacio Verbitsky destacó que ningún diputado se animó a votar en contra del proyecto que crea una Comisión Bicameral para investigar las complicidades empresariales con la dictadura (ver página 10). Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, apuntó que “lo que hemos vivido en cuanto a erradicación de la impunidad, construcción de la memoria histórica, restitución de identidades y disputa política y cultural sobre lo que ha sido el pasado es un proceso extraordinario que ningún otro país ha vivido”.

Eduardo Jozami, titular del Conti, destacó la consolidación de los seminarios que se realizan desde 2008 y calificó como “auspicioso” que cientos de académicos se hayan pronunciado sobre la importancia de avanzar con los juicios y criticó sin nombrarlo al obispo jubilado Jorge Casaretto, quien “dijo que el avance de la Justicia no iba acompañado de verdad y llamó a resignar justicia en aras de la verdad”, lo citó. “En la Argentina tenemos más verdad porque se avanzó en la justicia”, le respondió. “Quien dice eso no está sirviendo a la verdad sino a la impunidad.”

Rafecas arrancó su balance de los juicios por “el lado negativo”. Marcó las dificultades del Poder Judicial “para adaptarse al desafío” de afrontar “un proceso de tanta envergadura y extensión en el tiempo” y citó como ejemplo “debates que demoran años”. “El modelo procesal es vetusto y concede demasiadas ventajas defensistas que demoran las causas”, lamentó. Luego remarcó los “amplios sectores de la corporación judicial” que se resisten junto a “sectores conservadores de la sociedad y algunos políticos y medios que los representan”. Consideró nulo el avance del conocimiento sobre “la etapa de exterminio” de las víctimas, destacó que el sistema judicial “no ha podido diluir el ominoso pacto de silencio de los perpetradores” y calificó de “frustrante la cifra de 400 apropiaciones impunes”. Por último, lamentó que “el caso argentino como modelo de revisión honesta, profunda y democratizadora del pasado reciente de violencia de Estado no ha irradiado a otros países de la región”. También recordó “la trágica e impune” desaparición de Jorge Julio López.

Como positivo apuntó que hay juicios en todo el país y que “más de diez mil víctimas fueron judicializadas”. Señaló la incidencia positiva en 2009 de la Comisión Interpoderes, calculó que “un tercio de los 1500 procesados ya están condenados”, recordó que en democracia muchos habían ascendido en sus fuerzas o se habían reciclado como políticos, magistrados, periodistas o empresarios y celebró que “no se cruzarán con sus víctimas ni seguirán inyectando su nefasta influencia en la sociedad”. Destacó el involucramiento de “cientos de operadores judiciales”, sobre todo jóvenes. “Hay un evidente retroceso de los discursos negacionistas y relativistas del terrorismo de Estado”, afirmó, y consideró que “desde la apertura de los juicios se verificó una clara corriente de solidaridad y simpatía para con las víctimas y de repudio a los criminales del terrorismo de Estado”. “Veo una dinámica irreversible”, afirmó Rafecas. “Los juicios están blindados hacia afuera, hacia la coyuntura política y mediática, cuentan con apoyo expreso de la Corte Suprema y de la comunidad internacional” y planteó como desafío profundizar el rumbo “llevando las enseñanzas de estos procesos a los contenidos formales en el ámbito educativo”.

Al presentar a Verbitsky, Jozami destacó la “campaña calumniosa” en su contra, advirtió que “quienes atacan de ese modo a personas distinguidas por su compromiso con la democracia y los derechos humanos le hacen daño a esas luchas y a ese movimiento” y expresó “nuestro afecto, apoyo y solidaridad”, que los presentes respaldaron con un aplauso.

“Es cierto que hay intentos de frenar este proceso”, arrancó el columnista de Página/12. Repasó presiones de obispos en distintas épocas y adelantó que “la idea de reemplazar los juicios o acompañarlos con una mesa de diálogo en cualquier momento reaparece”. Verbitsky celebró la media sanción de la ley que crea la Bicameral sobre complicidades empresariales y destacó que la votación fue “170 a cero, con una docena de abstenciones, pero ninguno se animó a votar en contra”. “La preocupación ahora es el avance hacia una comprensión más profunda de lo que fue la dictadura”, señaló. “No podrán seguramente detener los juicios avanzados pero podrán impedir que se abran nuevos y que se avance en esa dirección”, en referencia a los civiles. El presidente del CELS destacó que hasta agosto había 622 condenados y 307 personas absueltas, sobreseídas o con falta de mérito. “Frente a las imágenes de venganza que intentan instalarse”, esas cifras son “la prueba irrefutable del respeto por los derechos y garantías, por la defensa en juicio y el debido proceso”.

El periodista recordó “con emoción y gratitud” el Juicio a las Juntas aunque “aquella política criminal incluía una cantidad de arbitrariedades”, dijo, y contrastó la etapa con la iniciada en 2003. “Contra lo que creen quienes se oponen a los juicios y lo que les gustaría creer a muchos kirchneristas”, el proceso de justicia “no se le ocurrió a Kirchner en 2003 sino que es resultado de muchos años de lucha del pueblo argentino”, destacó. “La decisión de Kirchner fue fundamental pero no implicó una política criminal, se avanzó a los empujones, sin que nadie coordinara. Ese fue el mayor déficit y la mayor virtud de este proceso, sobre todo pensando en el futuro, porque el proceso no depende de una decisión del poder central sino que es el resultado de la lucha del pueblo argentino y de distintas personas.” “Este proceso no tiene reversión. No van a poder dar marcha atrás porque hay un motor que son las víctimas, los familiares y el conjunto de la sociedad, que ha asumido este proceso como propio, y no hay duda que es así”, concluyó.

Fresneda recordó que cuando se sancionaron las leyes de impunidad y los indultos vivía en Catamarca. “A la marcha contra el indulto debemos haber ido unas veinte personas”, graficó para explicar que “la lucha por la judicialización desde donde la viví en aquella época era liderada por muy pocos y pocas”, y destacó enseñanzas como la de Emilio Mignone, de “pensar políticamente y actuar jurídicamente”. Valoró a “operadores judiciales que reconozco hicieron esfuerzos enormes” tras el retorno de la democracia, pero remarcó la pasividad de “la corporación judicial en los 80 y los 90” que permitió la impunidad “en connivencia con las sublevaciones militares”. “La academia judicial nos planteaba cientos de barreras de imposibles”, dijo sobre los 90, cuando estudió Derecho, y destacó la estrategia de dar la pelea por el derecho a la verdad y llevar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que Luciano Benjamín Menéndez debió presentarse ante un juez, a quien dijo “no puedo declarar como testigo porque fui responsable”. “Quedó preso un día por falso testimonio y lo celebramos como una batalla ganada. De ahí venimos”, destacó, y lo contrastó con el presente: “622 condenados, 1064 procesados”, y “logramos que las víctimas sean escuchadas y que las consecuencias de esos relatos horrorosos sea una respuesta del Estado”.