Las alertas rojas respecto de los sospechosos iraníes por el atentado contra la AMIA no se levantarán de ninguna manera hasta fines del año próximo. La medida sólo puede ser tomada por la Asamblea General de Interpol y el encuentro de 2015, previsto para noviembre, no abordará el tema, de manera que quedará para la Asamblea General de 2016. Como adelantó Página/12 en agosto, en Interpol existe la Comisión de Control de Ficheros, que es una especie de oficina de derechos humanos en la que se evalúa si corresponde o no que continúen vigentes las órdenes de captura. La UFI-AMIA y el juez Rodolfo Canicoba Corral reafirmaron la vigencia de las alertas rojas, pero ante un cuestionamiento de tres de los iraníes sospechosos, el magistrado debe hacer ahora una respuesta más particularizada. De todas maneras, la Comisión de Ficheros no puede resolver nada, sino que informa al Comité Ejecutivo y éste presenta una propuesta a la Asamblea General. Para toda esa movida no hay tiempo antes de noviembre.

Desde el punto de vista judicial no hay cambios en lo que tiene que ver con las alertas rojas. Lo que se alteró es el tablero político internacional en el que Irán dejó de ser el archienemigo de las grandes potencias después de haber firmado un acuerdo de limitación nuclear con Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido. Además, Irán pasó a ser una pieza de importancia en la lucha contra el Estado Islámico.

A este panorama se agrega que para Interpol el caso siempre fue espinoso, porque tanto Argentina como Irán son miembros de la organización internacional de policía. Lo habitual en Interpol es que se trate de casos de un estado buscando a un delincuente, asesino, narco o terrorista, es decir un estado contra un individuo u organización no estatal. En esta ocasión es un Estado contra otro Estado ya que Irán respalda a los imputados. Por eso, en su momento, Interpol apoyó el Memorándum de Entendimiento como una forma de avanzar en un conflicto entre dos de sus miembros.

Las alertas rojas tienen un vencimiento a los diez años, es decir que en el caso de la AMIA vencen en 2016, porque fueron votadas en la Asamblea de 2006. Esto significa que deben ser renovadas, en especial porque los sospechosos iraníes nunca se presentaron a la Justicia. Pero en este mismo año, la Comisión de Ficheros le reclamó al juzgado de Canicoba Corral que ratifique los elementos por los que se piden las capturas. El juez le dio vista a la UFI-AMIA y ésta ratificó la acusación formulada en 2006 por Alberto Nisman. Canicoba, a su vez, reiteró la vigencia de las alertas rojas. Sin embargo, tres de los imputados iraníes se presentaron en la Comisión de Ficheros e insistieron con el pedido de que cesen las órdenes de captura. Ello motivó una nueva nota a Canicoba Corral quien, en primera instancia, envió una ratificación, pero además tiene que presentar, en octubre, una nota más extensa con los fundamentos. A partir de ahí se inicia la evaluación de la Comisión de Ficheros –integrada por dos funcionarios– y el informe al Comité Ejecutivo que, a su vez, tiene que analizar la cuestión. El caso será tratado en la Asamblea General de 2016 porque obviamente no hay tiempo para tantas idas y vueltas hasta noviembre.

En la cuestión de las alertas rojas no hubo diferencias en la UFI-AMIA. Durante la semana que pasó, dejó de pertenecer a esa fiscalía Patricio Sabadini, quien retornó a su puesto como fiscal titular en el Chaco. Eran públicas las desavenencias con los otros integrantes de la UFI-AMIA, pero no tenían que ver con posturas distintas, sino con dificultades para trabajar en equipo. Hasta ahora no hubo definiciones ni hipótesis distintas a las de Nisman: recién se está evaluando la documentación y, de surgir elementos, se trazarán nuevas hipótesis. De todas maneras, la Procuradora Alejandra Gils Carbó tendrá que designar, tarde o temprano, dos nuevos fiscales, ya que también Sabrina Namer dejará su puesto en la UFI-AMIA porque fue ascendida a jueza.