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Outstanding debts fue publicado por la editorial más antigua del mundo, Cambridge University Press (CUP), y reúne trabajos de 23 expertos. El coeditor es el Experto Independiente sobre Deuda Externa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky. La presentación fue organizada por la profesora Ruti Teitel, de la Red de Justicia Transicional, en la Facultad de Derecho de la New School de Nueva York. Participaron el historiador y periodista David Rieff, quien creó y dirige el programa sobre “Crímenes de guerra” en la American University de Washington; el profesor canadiense de derecho internacional de la Universidad de Nueva York, Robert Howse; el profesor de literatura alemana de la Universidad de Columbia e investigador sobre cultura y memoria del trauma histórico, Andreas Huysen, y el director de Cambridge, John Berger. Rieff es hijo de Susan Sontag y acaba de publicar un nuevo libro, The Reproach of Hunger: Food, Justice, and Money in the 21st Century. Dijo que los juicios contra jefes nazis en la década de 1960 fueron más importantes que el de Nuremberg, porque no pudieron desdeñarse como la justicia de los vencedores y tuvieron un impacto más fuerte sobre la sociedad alemana. En la Argentina se produjo la misma brecha, entre los juicios que comenzó Alfonsín y deshizo Menem y los que hoy constituyen “la gloria de Néstor y Cristina Kirchner, aunque yo soy muy crítico de ellos en otros aspectos”. Pero se preguntó cuánto más podrían prolongarse, cuál es la relación de la memoria con la historia, si no existe una culpabilidad colectiva y si no se pasan los límites cuando se juzga a ancianos de 90 años. Es cierto, como aclaró Rieff, que el neoliberalismo no se limitó a los países donde hubo dictaduras. Pero en el caso específico de la Argentina fue impuesto por la fuerza más brutal, porque de otro modo las resistencias sociales no lo hubieran permitido. Y una de las cosas que ayudaron a la profunda revisión del pasado alemán fue la decisión política de mantener a Rudolf Hess en la cárcel de Spandau, donde murió a los 93 años.

El profesor Howse fue el autor en la década de 1990 de un estudio para la UNCTAD sobre la deuda odiosa contraída por dictaduras represivas, que no propuso llevar a nadie a la cárcel pero que hoy es utilizado por Grecia para cuestionar la legitimidad del pago de esa deuda. Huysen, quien igual que Rieff conoce bien la Argentina y su proceso político y judicial, cuestionó la oposición entre memoria e historia y dijo que hay una historia sobre cómo recuerdan las sociedades su pasado, que es fundamental para dejarlo atrás sin riesgo de repetición.

Los dos paneles sobre el Derecho a la Ciudad se realizaron en la New School of Economics, cuyo Observatorio Latinoamericano dirige Michael Cohen. En el primero fue extraordinaria la coincidencia entre el urbanista brasileño Edesio Fernándes, de la Unidad de Desarrollo y Planeamiento de la University College de Londres, y su colega argentino Eduardo Reese, director del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS y creador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ambos plantearon que el principal problema en torno al cual se organizan todos los otros es la dificultad de acceso a la tierra, cuya propiedad no cumple una función social. Fernandes mostró una fotografía de San Pablo, en la que apenas un delgado muro separa una favela de un edificio suntuoso de departamentos en San Pablo, muy parecida a la imagen clásica de Villa La Cava y La Horqueta de San Isidro. Ambos sostuvieron que no falta planeamiento, sino que es elitista, que coexisten un gran déficit de unidades de vivienda con una desocupación o subtutilización de la misma cantidad en edificios. Para Fernandes todo el proceso urbano tiende a la socialización de los costos y la privatización de los beneficios. Cuestionó incluso las políticas de regularización dominial, a las cuales se destinan enormes recursos, porque cubren unas pocas decenas de favelas cuando el total se expresa en miles. “La clave es la propiedad de la tierra, sin la cual el derecho a la ciudad es una utopía.” Reese hizo un paralelo entre las elites autosegregadas en barrios privados, y el forzado aislamiento de los pobres en las villas y señaló la diferencia fundamental en el proceso de urbanización en los países desarrollados, donde primero se urbaniza la tierra con todos los servicios necesarios y recién entonces se construyen y ocupan las viviendas, y Latinoamérica, donde el orden es inverso. Narró el caso de la villa Rodrigo Bueno, junto a Puerto Madero. El gobierno de la Ciudad se niega a cumplir con el mandato de urbanizarla y el CELS llevó el caso al Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos. También expuso sobre la construcción del barrio cerrado Venecia, en Tigre, y su devastador impacto ambiental sobre la villa Garrote, donde se hacinan 800 familias sin los servicios elementales.

En el último panel participó junto conmigo el ex secretario de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, Ron Shiffman, quien explicó cómo se manifiesta la misma problemática en una de las ciudades más ricas del mundo. Aunque los neoyorquinos valoran ante todo la diversidad, cada iniciativa urbana que se adopta tiende a segregar a las personas por su clase y su etnicidad. Mencionó una encuesta el segundo problema en importancia es la vivienda, sólo superado por la educación, que aquí es inaccesible para la gente común. El gobierno del alcalde Bill De Blasio es el más atento en tres décadas a cuestiones vinculadas con la igualdad y los Derechos Humanos, pero no puede contar con aportes del gobierno federal ni del gobierno del Estado para impulsar esa agenda. Uno de los pocos poderes que retiene la municipalidad es el de la zonificación y lo ha usado en una negociación con las constructoras en proyectos inclusivos de vivienda, autorizándoles a construir un 33 por ciento adicional a lo permitido, a cambio de que destinen el 20 por ciento a viviendas accesibles para las familias de ingresos medios y bajos. Esta asociación con el establishment tiene un impacto negativo sobre las pequeñas empresas, la gomería, el almacén de barrio, ante la indiferencia de quienes ni siquiera advierten que esa diversidad es el mayor capital de esas áreas, cuyos habitantes temen ser desplazados para que sigan brotando hoteles, bares, lugares de entretenimiento, viviendas suntuosas y oficinas. Para modificar esta situación propuso establecer una tasa a las transacciones financieras, o impuesto Robin Hood, que daría recursos a la ciudad. Además intervinieron como comentaristas la profesora Sakiko Fukuda-Parr, de la Facultad de Asuntos Internacionales y Política Urbana de Milán y el coordinador de la Coalición Internacional por el Hábitat, Joseph Schechla.