Bullrich y Casanello tuvieron un cruce por la denuncia sobre presunto espionaje ilegal.
Imagen: DyN.

La diputada Patricia Bullrich intentó ayer responsabilizar al juez federal Sebastián Casanello por la decisión de su compañera del bloque PRO Laura Alonso de demorar la ratificación de la denuncia por espionaje ilegal que presentó el martes y de no entregar la lista de personas con teléfonos y computadoras supuestamente intervenidos. “Alonso pidió ratificarla de manera inmediata, pero se le negó como si le restara importancia”, sugirió la candidata de Cambiemos. “Es una rotunda falsedad”, advirtió luego el magistrado, que horas después de recibir el escrito se enteró por Radio Mitre y el portal Infobae de los nombres de los supuestos espiados. La denuncia “suena a un manotazo ahora, a cuatro días de la elección, a ver si se cambia el eje de la cosa”, declaró ayer Daniel Scioli, candidato a presidente del Frente para la Victoria. Mientras rige el secreto de sumario tanto en la causa iniciada en el juzgado de Casanello como en el de San Martín, a cargo de Emiliano Canicoba, ninguno de los doscientos presuntos damnificados se presentó para actuar como querellante.

Alonso y Bullrich presentaron las denuncias ante Casanello y Sandra Arroyo Salgado, respectivamente. La jueza de San Isidro se excusó, por lo que intervino Canicoba (h), que sí recibió el listado adjunto. “No ratificaron la denuncia ni presentaron la documentación. Es como espiar y tocar timbre”, advirtió Casanello el miércoles. Alonso se presentó ese día para ratificar la denuncia, pero sólo entregó un escrito y prefirió no declarar ante el juez. “Alonso no dejó la prueba porque pensó que podía haber un uso de ese material. No bien la llamaron después, fue”, dijo ayer Bullrich para justificar la actitud de su compañera, de quien de todas formas se diferenció: “Yo no filtré la información a la prensa”.

“Es una rotunda falsedad lo que dijo Bullrich”, aclaró más tarde Casanello, ambos en declaraciones a FM Vorterix. “La denuncia llegó al juzgado con el cargo atrás, sin documentación, y no se presentó nadie a ratificar. No había persona más interesada que yo en tener esa ratificación para darle un puntapié inicial al proceso”, señaló el juez, quien aseguró que también desde la fiscalía de Ramiro González, a quien le dio vista de inmediato, se intentó sin suerte ubicar a la diputada Alonso, que por esas horas recorría medios amigos para difundir la denuncia. “No es que era necesaria la ratificación por un tema de validez sino para que presente la documentación y para explicar los pormenores del hecho anoticiado, sobre todo con un tema de este tenor”, explicó. “Ella debe explicar los pormenores del hecho denunciado. Recién al mediodía recibimos un escrito por parte de la denunciante”, agregó el juez.

Ninguno de los doscientos supuestos damnificados, incluidos políticos, empresarios y periodistas, se había presentado ayer en la causa que se abrió en Comodoro Py, en la que se dictó el secreto de sumario tras disponer algunas medidas de prueba. “La lista tiene el tufillo a guerra entre sectores de servicios de inteligencia, pero es de una gran vaguedad, ya que sólo contiene nombres de personas y ninguna referencia a teléfonos o circunstancias en las que fueron supuestamente espiados”, dijo una fuente con acceso al expediente. La denuncia contrasta con la de las escuchas por las que fue procesado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en las que se indicó cuál era el teléfono pinchado de Sergio Burstein, familiar de las víctimas del atentado a la AMIA.

“Ya está trabajando la Justicia”, dijo ayer el gobernador Scioli, quien admitió que “suena a manotazo ahora, a cuatro días de la elección, a ver si se cambia el eje de la cosa”. El jefe de Gabinete y candidato a gobernador bonaerense Aníbal Fernández negó que se realicen tareas de espionaje desde un predio del Ministerio de Defensa en Villa Martelli, como sugiere la denuncia. “Ahora aparecen con el tema de las antenas. Que investiguen lo que sea necesario”, dijo en rueda de prensa, y recordó que el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Oscar Parrilli, “ha puesto a disposición cualquier investigación que se requiera”. “El Gobierno ha dado muestras claras de someterse a las investigaciones para que quede claro que no ha participado de este tipo de acciones”, dijo.

“La única persona que quedó demostrado en este país que es un espía, que le interesa meterse en la vida de los demás y que además utiliza los recursos públicos para ese fin es Macri. El resto es una payasada”, dijo por su parte el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien descalificó la denuncia de las diputadas PRO. El funcionario negó que se hayan usado dos antenas de un predio cercano a Tecnópolis para espionaje. “Decir que las antenas están puestas para espiar es una payasada total y absoluta”, dijo. “Como la oposición no puede generar la atracción de los electores porque no tiene propuestas interesantes, la única manera de llamar la atención es hacer este tipo de paparruchadas, pero no les va a ir bien”, predijo. Desde el PRO “hablan sobre espionaje y está comprobado, no porque lo digo yo sino que hay un fallo judicial ratificado por la Cámara, que hay un señor, que es Macri, que está esperando sentadito el turno para el juicio oral”, recordó Berni.