Mientras los jueces Martina Forns e Iván Garbarino deciden si sostienen o no la suspensión de los decretos con que el gobierno de Mauricio Macri anuló parte de la ley de medios (LSCA), el dirigente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella denunció a funcionarios del Ejecutivo por no dejarlo retomar su cargo de titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). “Presentamos un escrito ante el Juzgado Federal de San Martín denunciando la desobediencia a la medida judicial dispuesta y las consecuencias que esto genera”, explicó Sabbatella.

Sabbatella, parte del directorio y del gabinete de la Afsca intentaron ingresar el martes al mediodía en las oficinas de Suipacha al 700, donde funcionaba el organismo previo al decreto con el que Macri lo disolvió y lo reemplazó con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Hicieron el intento de entrar, sin éxito, amparados en dos medidas precautelares aplicadas por Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Civil y Comercial número 2 de San Martín, y por Garbarino, titular del Juzgado Federal Civil y Comercial número 7 de la ciudad de Buenos Aires.

Las precautelares suspendían los decretos de necesidad y urgencia 13, 236 y 267 de 2015, con los que el gobierno de Cambiemos avanzó hasta dejar parte de la LSCA sin efecto.

Desde Nuevo Encuentro informaron que un cordón de cuarenta efectivos de Infantería no les permitió el ingreso, hecho que implicó el incumplimiento de las precautelares. Por eso, denunciaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al secretario de relaciones de esa cartera con los poderes Judicial y Legislativo, Gonzalo Cané; al interventor de la Afsca, Agustín Garzón; al comisario que estuvo a cargo del operativo de seguridad en la puerta del edificio, Esteban Artola, y a Justo José Juárez, “presunto subsecretario de relaciones jurídicas del Enacom, según detallaron desde la asesoría jurídica de Sabbatella. De acuerdo con información difundida por Nuevo Encuentro, Artola había señalado el martes a Bullrich y a Cané “como quienes impartieron la orden de no acatar la medida dispuesta –por los jueces Forns y Garbarino– y notificada el día anterior en Balcarce 50”.

La denuncia fue presentada ante Forns: “Pusimos en conocimiento de la jueza que se había incurrido en el delito de desobediencia. Adjuntamos videos y notas periodísticas en las que quedó constatado de forma fehaciente tal delito”, explicó Sergio Zurano, del equipo jurídico de Sabbatella –también integró el área en la Afsca–.

En la misma línea se expresó en el expediente la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que generó la precautelar por la demanda que realizó contra el Estado por considerar que los DNU son inconstitucionales. Sabbatella y su equipo no actuaron de igual manera en el expediente a cargo de Garbarino, debido a que ese expediente está en otra situación: “El juez porteño no ha decidido aún su competencia”, explicó una fuente del equipo jurídico.

Ninguna causa ha avanzado aún. Luego de que el Estado presentara el martes los informes requeridos por ley –así lo dicta la norma de cautelares número 26854 en su artículo cuarto–, la pelota quedó en el campo de juego de los jueces. Ninguna de las partes demandantes –la cooperativa al frente de la bonaerense FM En Tránsito y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc)– pudo acceder a tales textos, en los que el Estado debió justificar su accionar en torno de la modificación que realizó de una ley debatida en el Congreso por la vía del decreto de necesidad y urgencia. Desde ayer esperan que Forns en un caso y Garbarino en el otro, resuelvan. Los magistrados deberán determinar si, en base a lo expuesto por el Ejecutivo –las presentaciones las realizó la Procuración del Tesoro, desde donde no respondieron a las consultas realizadas por este diario–, sostienen su postura de hacer lugar al pedido de suspensión de las partes demandantes o dan por cerrada la situación. En el caso de que insistan en las cautelares, recién entonces el Estado podrá apelar.