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“Voy a estar tranquilo cuando cada organismo de derechos humanos tenga una copia de cada documento”, dijo a Página/12 Horacio Pietragalla, luego de conocerse su remoción vía decreto de la dirección del Archivo Nacional de la Memoria (ANM). La desconfianza, explicó, se debe a la “incertidumbre” que generan “el recorte y vaciamiento de las políticas públicas de derechos humanos” del nuevo gobierno y su desinterés por investigar las complicidades civiles del terrorismo de Estado. “El proyecto de Cambiemos va en contra de todo por lo que los organismos luchamos”, definió.

–¿Cuál es la primera evaluación que realizaron junto a los organismos tras su remoción?

–Lo más trascendente no es mi salida, sino que hubo una negativa del Gobierno a que los organismos puedan consensuar la dirección para seguir teniendo la confianza en quien conduce el espacio y ser parte activa del Archivo, tal como se lo exigieron a (el secretario de Derechos Humanos, Claudio) Avruj Madres, Madres Línea Fundadora, Abuelas, Hijos y Familiares.

–¿Cuál fue la respuesta de Avruj ante los planteos?

–Que se trataba de una decisión del Poder Ejecutivo y que los organismos no ponían ni sacaban a nadie.

–¿Qué referencia tiene del nuevo presidente del ANM, Peters Castro?

–Ninguna. A pesar de sus esfuerzos de presentarse junto a Avruj como “compañero”, la verdad es que no tiene recorrido en derechos humanos ni relación con los organismos. Dicen que es una persona con la que se puede dialogar, pero eso no dice nada, se puede dialogar con cualquier persona.

–Usted señaló que la abstención del bloque del PRO al votarse la creación de la comisión bicameral para investigar delitos económicos de la dictadura respondía a un intento de encubrir empresarios. ¿Qué espera entonces para la nueva gestión del ANM en ese punto?

–Me deja serias dudas. Al ver cómo está actuando el nuevo Gobierno y cuáles son las políticas que está llevando adelante, se generan obvias dudas de que colaboren para profundizar las causas de lesa humanidad, y mucho menos si hablamos de delitos económicos. Me pregunto qué va a pasar cuando queramos avanzar con las responsabilidades civiles. Por ejemplo, nos genera incertidumbre qué posición van a tener cuando se intente avanzar sobre La noche del apagón y la responsabilidad de los Blaquier. Tenemos un archivo muy grande que nos donó Olga Arédez (esposa del intendente desaparecido de Ledesma Luis Arédez). No queremos que quede en la nada.

–¿Qué medidas planean frente a esta situación?

–Mañana (por hoy) elevaremos una carta dirigida al secretario de Derechos Humanos para que la nueva autoridad del Archivo se presente con un escribano público a fin de hacer una auditoría que releve todo el material que hay tanto en el archivo como en el (Centro Cultural de la Memoria Haroldo) Conti. Voy a estar tranquilo cuando los organismos de derechos humanos tengan una copia de cada documento que hay en estos espacios, para asegurarnos que cuando se pida información no digan que no la tienen, porque nosotros sabemos que está ahí.

–Hace poco dijo que en el Archivo “no sólo hay papeles, también está la vida de los compañeros”. ¿Hay un valor simbólico que defender?

–Eran militantes políticos, intelectuales, trabajadores. Y vemos cómo hoy llevan adelante una persecución política contra la militancia en la figura de Milagro Sala, una militante que además es mujer y originaria. Ese es el proyecto de Cambiemos. Va en contra de todo por lo que los organismos de derechos humanos luchamos.

–En ese sentido, hubo quienes remarcaron que la reunión de Avruj con el Celtyv intentó reinstalar teoría de los dos demonios...

–Absolutamente. No tengo otra lectura. Y lo peor es que los haya recibido en la ESMA, un ex centro clandestino de detención. Avruj recibe a víctimas de familiares del “terrorismo”, como se dan en llamar, que son delitos civiles, no son delitos de lesa humanidad. A mí me hubiera encantado que a mis padres los hubieran llevado a juicio y no torturado en centros clandestinos, arrojado al mar o a fosas comunes.

–Su destitución se da en paralelo a despidos en el Centro Ulloa, en el Programa Verdad y Justicia y en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Hay un recorte general en el área de los derechos humanos?

–Ellos dicen que van a avanzar con los juicios, que las políticas están garantizadas, pero evidentemente todavía no se enteraron de que para eso se necesita gente que trabaje. Hay un vaciamiento, un recorte integral a las políticas de derechos humanos. Hasta han echado a los empleados de limpieza de la ESMA. ¿Qué podemos esperar de gente que cree que los derechos humanos son “un curro”?

Entrevista: Matías Ferrari.