Los dirigentes de las tres fracciones en que está dividida la CGT, que desde hace años no logran fijar entre ellos términos de unidad, se sentaron a la mesa del presidente Maurizio Macrì. La cordialidad del encuentro y las concesiones concretas a los partícipes son el edulcorante que intenta hacer tragable la amarga bebida que acompaña el desayuno, el almuerzo y la cena de quienes son representados por esos sindicalistas. Según las versiones que el propio gobierno difunde, el presidente les pidió comprensión porque está tratando de estabilizar un avión que venía cayendo en picada. Sólo la insistencia propagandística puede sostener una imagen tan opuesta a la realidad, como el contraste entre las tiernas fotos con su hijita que difunde el presidente y el zamarreo a un nieto de Alfredo Coto, que se resistió como un renacuajo a que lo convirtieran en una oportunidad fotográfica, sin consultar su voluntad. Este fue uno de esos gestos espontáneos que en un instante revelan aquello que los artificios publicitarios intentan ocultar, una indisimulable manifestación del respeto presidencial por los más débiles, tal como se había visto en un spot de su campaña con una nena. Lejos de recibir un avión en caída, Macrì es el primer gobernante desde Eduardo Lonardi cuyo despegue se produce sin los vientos cruzados de la parálisis económica, la hiperinflación, la crisis social y/o el endeudamiento externo. Por el contrario, recibió la economía en crecimiento y la inflación en descenso; la menor desocupación en décadas y la deuda exigible en divisas con acreedores privados más baja en proporción al Producto Interno desde el empréstito con los hermanos Baring de 1821. Este contexto es el mejor activo del nuevo gobierno, un colchón capaz de atenuar la repercusión esperable de sus medidas.

Hijos de un largo proceso

Tan notable como la confluencia de los tres gajos de la CGT fue la exclusión de los dos de la CTA, cuyos trabajadores estatales y docentes confluirán en el primer paro general dentro de diez días, demostrativo de la capacidad macrista para cerrar las divisiones producidas durante el anterior gobierno. La CTA que tiene como Secretario General al maestro Hugo Yasky acaba de recibir un documento realizado por su centro de estudios, Cifra, en conjunto con el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina), bajo la dirección de Eduardo Basualdo. Ese texto contiene varias claves interpretativas sobre las cuestiones que el gobierno analizó con los cabecillas de las varias CGT. Describe un giro copernicano en el tipo de régimen y la forma de Estado, de un gobierno que puso énfasis en el crecimiento económico y la redistribución del ingreso a favor de los asalariados a otro que se propone transferir la regulación económica del Estado a los sectores oligopólicos. El ajuste económico que ha iniciado implica un salto significativo en el ritmo inflacionario y está generando una reducción del nivel de actividad económica y un retroceso en la participación de los asalariados. Las distintas fracciones del capital que se articulan en el nuevo bloque de poder tienen intereses diferentes pero el punto de acuerdo entre ellas es el disciplinamiento de la clase trabajadora. Para detectar qué fracción del capital ejerce la hegemonía, es decir el control del Estado, el trabajo analiza el origen de los funcionarios en distintos niveles del gobierno nacional, a quienes denomina como intelectuales orgánicos de los sectores dominantes, en el sentido que Antonio Gramsci dio a esa categoría: aquellos que cumplen funciones organizativas “tanto en el campo de la producción como en el de la cultura, como en el campo administrativo-político”. La conclusión es que la hegemonía se desplazó de los grupos económicos locales a los bancos trasnacionales y las empresas extranjeras. Luego del golpe de 1955, cuando los sectores dominantes lograron redefinir la relación entre el capital y el trabajo que introdujo el peronismo, comenzó bajo la iniciativa de la Iglesia Católica una tarea de formación y nucleamiento de sus propios intelectuales orgánicos. “Esta necesidad inicial se volvió imperiosa cuando convergieron la resistencia peronista, la revolución cubana y el Concilio Vaticano II y produjeron profundas rupturas ideológicas y políticas en las propias filas de la alta burguesía”. El gabinete del gobierno de la alianza Cambiemos “expresa hasta donde maduró ese proceso del cual son hijos”.

Disputar el poder

La referencia a la Iglesia Católica es por la Pontificia Universidad Católica (PUCA), la primera privada. Ese proceso registró un cambio cualitativo a partir de 1976, con la Fundación Mediterránea y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), impulsados por la empresa agroindustrial cordobesa Arcor y el grupo económico vitivinícola de Mendoza Catena Zapata, y que también incluyó a entidades preexistentes, como FIEL. A partir de sus fundadores corporativos estos centros de investigación y formación fueron financiados por un conjunto numeroso de poderosas empresas de diferentes fracciones del capital. Los investigadores detectaron medio centenar de empresas que patrocinaban tanto a FIEL cuanto a la Fundación Mediterránea. El 90 por ciento de ellas formaban parte de la cúpula empresarial, es decir de las empresas de mayor facturación del país: holdings como Pérez Companc, Roggio y Techint; bancos como Galicia, Francés y Río; industriales, como Acindar, Cargill, Quilmes, Du Pont, Ford, General Motors, Pescarmona, Loma Negra, Mercedes Benz o Unilever; comerciales, como Bunge y Born, Carrefour y Disco; petroleras, como Astra, Esso, Pan American, Total Austral, YPF-Repsol; y de servicios como Aguas Argentinas, Camuzzi Gas del Sur, Movicom, Edenor, Medicus, Metrogas, Telecom y Telefónica.

Después de la dictadura los sectores dominantes prosiguieron poniendo en marcha nuevas universidades privadas con el mismo objetivo: San Andrés, que desarrolla un plan de estudios “inspirado en ideas y esquemas de funcionamiento de representativas universidades de EE.UU., Canadá, Australia y Gran Bretaña”; Di Tella, iniciada para “formar a las nuevas generaciones de académicos, dirigentes empresariales, sociales y políticos”; Austral, creada por el Opus Dei y el grupo económico Pérez Companc. Esos intelectuales orgánicos propios debían garantizar el surgimiento de “una elite dirigente que les permitiera modelar el sentido común y disputar el poder político sin la mediación de los partidos tradicionales. Para asegurar sus intereses corporativos debían ampliar su influencia social de manera que los mismos fueran asumidos como propios por la sociedad en su conjunto y especialmente por los sectores populares”. Las consecuencias están a la vista y tienen estas raíces, más profundas que los consejos del Hombre de la Carmela y el pichicho que humaniza.

Cifra-Flacso revisa la formación universitaria de una muestra de 104 funcionarios del actual gobierno. Mientras en los estudios de grado predominan las universidades públicas (64,4 por ciento de los funcionarios, con alta prevalencia de la UBA) contra 35,6 por ciento de las privadas (casi la mitad en la PUCA), la fórmula se invierte en las maestrías y doctorados de postgrado. “Los títulos de las universidades extranjeras (Chicago, Pennsylvania, Sussex, Columbia, Harvard, Massachusetts Institute of Technology), ocupan en los postgrados el primer lugar con prácticamente el 48 por ciento de los casos”. En cambio las universidades públicas, que ocupaban el primer lugar en los estudios de grado, sólo representan el 19 por ciento del total de funcionarios con postgrados, mientras el resto se reparte entre las privadas. Para los investigadores, se trata de una transformación estructural en pleno desarrollo. “Los posgrados son la última etapa de la formación universitaria en la cual se consolidan no sólo los conocimientos técnicos en una determinada disciplina sino también las identidades ideológicas y las relaciones con el medio local y extranjero tanto institucionales como sociales”.

Para esclarecer la naturaleza específica que asume el bloque de poder que sustenta al gobierno actual a través de sus intelectuales orgánicos se requiere analizar también la procedencia laboral o institucional de los funcionarios. Más del 70 por ciento de ellos provienen de representaciones del capital, ya sean directas en las propias empresas, o indirectas en entidades auxiliares como cámaras patronales, fundaciones, consultoras y estudios jurídicos, contables o financieros. El grueso de aquellos con origen en representaciones directas del capital ocupó cargos en bancos transnacionales y empresas extranjeras (casi 30 por ciento del total de la muestra), mientras apenas el 6,7 por ciento desde grupos económicos locales. No llegan al 30 por ciento aquellos que provienen de otros cargos en la administración pública, la mitad de ellos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que PRO ocupó en los últimos ocho años. El detalle que vale la pena guardar, consta en el cuadro.

“Los bancos transnacionales constituyen la actividad con mayor cantidad de funcionarios, seguida por la producción y refinación de hidrocarburos y diversas prestadoras de servicios donde se cuentan las compañías distribuidoras de electricidad, las telefónicas y de informaciones. Lo llamativo es que los funcionarios que provienen de la actividad industrial son sólo dos (de General Motors y L’Oreal) mientras que el agro pampeano no aporta ningún funcionario”. Pero la producción agropecuaria está representada por funcionarios llegados desde firmas de la sociedad civil auxiliares de los sectores dominantes, como Aacrea, CRA, Aprogran, Caidira y la Cámara de Feedlot. La producción industrial tiene sólo dos representantes, provenientes de la UIA y la Copal, lo cual expresa una desjerarquización de una actividad fundamental en términos del progreso técnico, ocupación y generación de valor agregado. Lo más representativo de esta fracción del capital son los grupos económicos locales Techint y Arcor, de presencia muy reducida en el gabinete gubernamental.

El objetivo prioritario

Si bien las medidas implementadas suponen un aumento de la rentabilidad y por ende un teórico incentivo a la inversión, “la caída de la demanda interna ejercerá presiones contrarias en un escenario en el que los mercados externos no dan indicios de expansión sino más bien lo contrario”, dadas la crisis que golpea a Brasil, la marcada desaceleración de la economía china y la larga recesión en los países europeos. La tendencia al descenso de los precios agropecuarios y las dificultades para colocar los productos “hacen que el efecto de la notable devaluación tenga una escaso impacto en términos de las ventas externas y su resultado sea casi exclusivamente la reducción de la masa salarial en términos reales, que por otra parte es el objetivo prioritario de la política gubernamental”. Otro cambio estructural, el desarrollo del silo bolsa, ha convertido a los granos en una suerte de activo financiero ya que les permite a los grandes productores operar sobre la base de diversas alternativas posibles. Esto hace que no se liquide una parte significativa del stock de granos existente si la rentabilidad esperada no supera la de las operaciones alternativas, incluida la posible devaluación del tipo de cambio. A partir de la crisis de fin de siglo la dolarización de la cúpula del poder económico iniciada en 1976 se propagó a la alta burguesía argentina y extranjera radicada en país, de modo que los empresarios y los sectores de altos ingresos en general estiman su rentabilidad en dólares. Desde entonces una devaluación redunda en el rápido incremento masivo de los precios de todos los bienes y servicios.

El propósito de apuntalar el crecimiento a partir de la mayor rentabilidad de la producción agrícola y agroindustrial, también se aprecia en la reducción o eliminación de buena parte de las retenciones a los productos agroindustriales, que según la Fundación Mediterránea implica una resignación fiscal de 3600 millones de dólares anuales y, esta semana, a la minería, que dejará de aportar otros 300 millones. Pese a ello, los exportadores no cumplieron el compromiso asumido de liquidación de divisas y de este modo están forzando una devaluación adicional, que ya llega al 50 por ciento. Su poder de fuego no es desdeñable: según el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, los granos por liquidar eran equivalentes a 8000 millones de dólares, pero antes de dejar la AFIP, Ricardo Echegaray estimó que implicaban 13.000 millones de dólares. Además se eliminaron los controles a las exportaciones de cereales y carne vacuna y no se aprecian medidas contundentes de protección industrial, con lo cual pese a la caída de los costos salariales y la quita de derechos de exportación la producción fabril no tendrá un rol central en el proceso de acumulación, salvo en el caso de la agroindustria. Ello no parece desvinculado de la composición y procedencia laboral de los intelectuales orgánicos del nuevo gabinete, cuyas representaciones sectoriales denotan sesgos hacia actividades primarias y financieras, que han recibido medidas que tienden a conferirles elevados beneficios y a reiniciar un ciclo de endeudamiento externo, a partir del Megacanje II y la negociación con los fondos buitre. Esta es una prioridad para la nueva gestión, relevante para el patrón de acumulación que intenta imponer el bloque dominante y condición sine qua non para sostener la cantidad de dólares disponibles en el escenario de restricción externa.

Conflictos interoligopólicos

A partir de la sobrerrepresentación de los bancos transnacionales, del oligopolio petrolero y las distribuidoras de electricidad y de la falta de representación de firmas industriales extranjeras, el estudio prevé políticas tendientes a profundizar la reprimarización de la economía y por ello “potenciales conflictos interoligopólicos”. Esta administración “está bajo la égida del capitalismo internacional, razón por la cual no es dable esperar de la misma sino políticas de corte netamente ortodoxo cuya aplicación estará signada de conflictos sociales que no solamente tendrán como protagonistas a los sectores populares que buscan disciplinar sino también a otros dentro del mismo bloque de poder e incluso dentro de la fracción hegemónica”. Entre las dificultades con las que puede tropezar la nueva política económica, el informe también se centra en características estructurales resistentes al cambio. Los aumentos de precios (que el estudio estima en hipótesis de mínima en 4 por ciento en diciembre y enero y de máxima en 6 y 5 por ciento en esos meses) implican un retroceso del salario real a partir de septiembre de 2015 de entre el 9,7 y el 12,2 por ciento, con el consiguiente incremento de pobreza e indigencia. El piso del incremento salarial para recuperar ese poder adquisitivo perdido tendría que estar en torno del 35 por ciento y no del 20-25 por ciento que pretende Macrì. Ilusionado en la magia de las palabras, el gobierno insiste en que la inflación irá en descenso y por eso está dispuesto a aceptar el desdoblamiento de las paritarias que el kirchnerismo siempre rechazó, con la idea de aumentos menores ahora y una segunda vuelta en el próximo semestre. Esto aliviaría las tensiones inmediatas, pero tendría un potencial peligroso si sus vaticinios voluntaristas no se cumplieran. La inflación también erosiona la mejora de la competitividad externa, como ya ocurrió en 2014. “Eso se intentará mitigar con la suba de la tasa de interés y la reducción del nivel de consumo (de ahí la necesidad de reducir los salarios reales y el nivel de empleo). Por eso las paritarias constituyen la madre de todas las batallas y la reducción de la ocupación la llave maestra” que intenta utilizar el gobierno.

Procedencia de los funcionarios. Cantidad y porcentajes.

* Los nombres completos de las instituciones son Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola; Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios; Confederaciones Rurales; Unión Industrial; Instituto del Petróleo y el Gas; Asociación de Energía Eléctrica; Asociación de Productores de Granos; Cámara de Agentes Independientes de Inspección; Colegio de Ingenieros de Minas y Cámara de Feedlot.