El Gobierno definió que el Estado nacional devuelva a las provincias en un plazo de cinco años el 15 por ciento de la coparticipación federal retenida por la Nación desde 1992. El presidente, Mauricio Macri, creó el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, que establece el 1º de enero de 2021 como fecha definitiva para la eliminación de la deuda con las provincias y estará conformado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. La medida surgió por el apremio del Gobierno ante el reclamos de los gobernadores y la posibilidad de una derrota política en el Congreso (ver aparte).

En pocas palabras, el Gobierno pateó para adelante la definición del tema pero encuadró la discusión futura en una serie de pautas, en donde se destaca el plazo de devolución y la conformación del Consejo.

La novela de los fondos coparticipables se remonta a los últimos días del gobierno de Cristina Fernández, cuando la Corte Suprema resolvió una vieja disputa de la Nación con las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis. El fallo declaró inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de recursos tributarios coparticipables que el Estado realizó en favor de la Anses. Las provincias habían consagrado esa cesión en el Pacto Fiscal de 1992, cuando transfirieron sus cajas jubilatorias al régimen nacional. La Corte obligó al Estado nacional a dejar de retener los fondos y a devolver los recursos acumulados por ese medio desde 2006. La masa total de recursos en cuestión ascendería al 2 por ciento del PIB, aproximadamente un 20 por ciento de los recursos de la Anses. Se calcula que el año pasado la Anses recibió cerca de 100 mil millones de pesos en concepto de detracción del 15 por ciento de fondos coparticipables.

Una semana antes de dejar el cargo, CFK firmó un DNU en el que definió que el Estado nacional reintegraría a todas las provincias el 15 por ciento retenido, es decir que hizo extensivo el fallo de la Corte a las demás jurisdicciones. La orden del máximo tribunal estaba limitada a las tres jurisdicciones litigantes, pero habilitaba al resto a judicializar su reclamo. Además, el texto del gobierno anterior definía que el Tesoro Nacional cubriera el bache con ingresos impositivos de libre disponibilidad, para limitar la posibilidad de apelar al endeudamiento. El DNU no avanzó sobre el stock de deuda acumulada desde 2006 sino que se refirió a la devolución del flujo de recursos corrientes.

A mediados de enero, el presidente Macri anuló el decreto de CFK que extendía la devolución de los fondos a las provincias. También a través de un DNU, Macri justificó que la medida definida por el gobierno anterior hubiera traído “consecuencias inexorables desde el punto de vista económico” y que el impacto negativo sobre la administración central hubiera tenido que ser compensado con un ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional. “El presupuesto 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido”, agregó Macri en aquel decreto.

Macri había criticado el decreto de CFK incluso antes de asumir, con lo cual era cantada su anulación. Sin embargo, tardó más de un mes en tomar esa medida para darle tiempo a Rogelio Frigerio a que negociara con los gobernadores y preparara el terreno para no tener una catarata de críticas y acciones judiciales en contra. A pesar de la muñeca del ministro del Interior, Tucumán, La Pampa y Río Negro criticaron el DNU de Macri. Encima, a los pocos días, Macri aumentó por decreto la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,7 por ciento, equivalente a un monto extra de 17 mil millones de pesos, para financiar el traspaso de la Policía Federal.

Ante los reclamos de los gobernadores por los fondos coparticipables retenidos por la Nación y la provocación del aumento del reparto a la ciudad de Buenos Aires, Frigerio les aseguró 10 mil millones de pesos adeudos en concepto de obras públicas y programas sociales. Sin embargo, en repetidas ocasiones se hizo sentir el reclamo de las provincias por los fondos coparticipables que gatilló el fallo de la Corte Suprema.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tenía previsto el pasado martes analizar el decreto que anuló el traspaso del 15 por ciento de los fondos coparticipables de la Anses a las provincias. Pero ante la posibilidad de un dictamen mayoritario en contra, que hubiera simbolizado una derrota de Macri en el Congreso, Frigerio junto a Emilio Monzó, titular de la Cámara Baja, llegaron a un acuerdo político con Sergio Massa, jefe del Frente Renovador.

Entre los reclamos de los gobernadores y para evitar la derrota en el Congreso, el Gobierno publicó ayer el decreto 406 que crea el Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo en el ámbito del Ministerio del Interior “con el objetivo de alcanzar una propuesta para la eliminación de la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables desde 1992”. El órgano de aplicación de ese acuerdo sería un Consejo conformado por el ministro del Interior, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, tres diputados y tres senadores designados por los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

La medida deja en la decisión del Consejo la propuesta concreta de devolución, aunque el Gobierno nacional estableció “pautas” a cumplir. “La eliminación de la detracción del 15 por ciento se hará en forma progresiva y escalonada durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, estableciéndose como fecha límite para su eliminación definitiva el 1 de enero del 2021”, dice el decreto. El Gobierno también exigió que se defina un régimen que facilite la extinción de las deudas pendientes entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El decreto pide que se incremente la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte de los distritos. Con el decreto, el Gobierno consiguió ayer dictamen de mayoría a favor del DNU con el que Macri derogó la devolución inmediata del 15 por ciento de coparticipación a las provincias.