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Dejaron por algunas horas los barrios humildes del Gran Buenos Aires y la Capital Federal para hacer oír esa injusticia que rara vez es escuchada. También son padres de víctimas de la inseguridad, pero tienen escasa respuesta mediática. En un encuentro en el microcentro porteño, unas 30 familias de víctimas de la impunidad policial y judicial remarcaron su rechazo a que haya más policías en las calles y cargaron las culpas de la violencia social a la clase política que, “aliada con los policías y con un sistema económico injusto, hace del delito su negocio”. El padre de Darío Santillán, el joven asesinado en la masacre de Avellaneda, destacó varias veces la consigna del encuentro: “Firmamos contra la hipocresía, firmamos contra la impunidad y firmamos por la justicia”. Fue la forma elegida para diferenciarse de la denominada “cruzada Axel”.
Había pocas caras conocidas. Quizá por experiencia en hablar frente a una cámara, sobresalían Alberto Santillán y María Teresa Schnak, la madre de Sergio Schiavini. Ellos, y los que apenas se animaban a charlar en voz baja, levantaban la misma consigna: “El dolor es el mismo, el asesino es el mismo, los derechos deben ser los mismos”. Blumberg fue invitado al encuentro, aunque no asistió. Los convocantes rechazaron soluciones “voluntaristas de algunos políticos que quieren lavarse la cara con nuestro dolor” y contra ellos cargaron las responsabilidades: “La clase política es la principal responsable de la inseguridad”.
“No queremos más poder para la policía ni más efectivos. Ellos son los que matan a nuestros hijos, los que son impunes. Es una locura querer darles todavía más poder”, remarcó Santillán y reconoció que “son evidentes las diferencias entre los padres de las víctimas con contactos y los que no tenemos nada”. En el documento, consensuado entre todos los familiares, se subraya el desacuerdo a que la policía “tenga más armas, más servicios de inteligencia o más facultades que garanticen su impunidad. Ellos son los responsables del gatillo fácil, los desarmaderos y de los secuestros que hoy horrorizan al país”.
Marcelo Javier Báez fue fusilado en marzo de 2002 por un uniformado federal de gatillo fácil. Siete meses después, Enrique Martínez –de 19 años– también fue asesinado por otro federal. El Gran Buenos Aires también suele decir presente: Luis Antonio Acosta fue muerto en febrero de 2003 por “buchones de la comisaría de Libertad –según consta en la denuncia–”, tenía 18 años. La lista de apellidos se repiten, aunque los casos difícilmente sean recordados. Es una lista interminable, que un trabajo de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) fija en 1506 casos, en veinte años de democracia, en los que los más diversos uniformes tuvieron alguna participación.
La madre de Sergio Schiavini, asesinado también por balas policiales en un café de Lomas de Zamora, dijo que para el Gobierno “está claro que hay muertos de primera y otros de segunda. Nos cansamos de acercar proyectos y nunca nadie nos llamó. Es evidente que hay diferencias”. Metros más atrás, Alberto Santillán recordaba que el presidente Néstor Kirchner le había dado su palabra de impulsar la investigación sobre la masacre de Avellaneda. El MTD –donde militaban Darío y Maxi– pedía, y pide, investigar el papel no sólo de los policías sino también a los autores ideológicos de la matanza. Desde el día de los asesinatos, los compañeros de los jóvenes apuntan al ex presidente Eduardo Duhalde.
Nelly Tenzi de Arata –madre de Fabián Claudio Arata, asesinado cuando intentaron robarle el auto– también se alejó de la propuesta de endurecer penas para bajar el índice de criminalidad: “No se entiende que el Gobierno gaste 600 millones de pesos en armas para la policía en lugar de que inviertan en los chicos”.

Informe: Darío Aranda.