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Carlos Carrascosa, el viudo célebre del caso García Belsunce, deberá volver a prisión en forma inmediata, según ordenó ayer la Cámara de Apelaciones de San Isidro. La orden emanó del tribunal luego de la resolución de la Suprema Corte bonaerense, que el 6 de abril pasado revocó la libertad morigerada que beneficiaba al viudo, acusado del homicidio agravado de María Marta, su esposa. Pero en el caso García Belsunce nada es como se dice que es, por lo que hasta última hora de anoche un cardumen de periodistas aguardaba la llegada de Carrascosa en la puerta de la DDI de San Isidro; el acusado aguardaba cuál sería su suerte en una quinta en Escobar; y sus abogados tejían y destejían posibilidades y contactos, ahora sí urgidos y sin dilaciones.
Las idas y venidas en el caso García Belsunce son un farragoso compendio de estrategias, pedidos de nulidades y apelaciones. En lo que se refiere a la detención de Carrascosa, el viudo ya había conocido el otro lado de las rejas: el viernes 11 de abril de 2003 ingresó a la DDI de San Isidro como único detenido en el caso. El 16 de mayo, el juez de la causa, Diego Barroetaveña, aceptó que la detención se transformara en prisión preventiva: en esa ocasión sostuvo que existía un evidente riesgo de fuga ante la posible condena a prisión perpetua que enfrenta el acusado. Pero, sorpresiva y curiosamente, una semana después, el mismo Barroetaveña consideró que ya no existía peligro de fuga y le concedió la libertad morigerada, o sea, Carrascosa volvió al country Carmel, el mismo escenario donde se había cometido el crimen por el que estaba acusado.
El fiscal Diego Molina Pico apeló la libertad morigerada y la Cámara de Apelaciones le dio la razón y revocó la decisión del juez, por lo que Barroetaveña lo debía volver a prisión. Pero no volvió. La defensa apeló, y mientras se mantuviera la posibilidad de apelación, el fallo de los camaristas quedaba suspendido. El primer paso de la apelación fue la Cámara de Casación provincial: el tribunal también dio la razón a la Cámara. Pasaron meses, los defensores apelaron a la Suprema Corte bonaerense, y el tiempo siguió corriendo.
Casi once meses después de que fuera liberado, el 6 de abril pasado, la Suprema Corte rechazó el recurso de apelación, o sea, ni siquiera aceptó analizarlo. “Las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del derecho procesal son privativas de los tribunales locales (en este caso la Cámara de Apelaciones) y ajenas como regla a la competencia federal (en este caso la Corte Suprema de la Nación)”, sostuvo el fallo y acto seguido denegó “el recurso federal interpuesto”. La decisión de la Corte cerró el camino de apelaciones dentro de la jurisdicción provincial. A Carrascosa sólo le queda como única posibilidad elevar un recurso de queja ante la Corte nacional. Según los especialistas, es muy difícil que ese tribunal se ponga a considerar un caso de homicidio. De cualquier forma, ese recurso no tendría efectos suspensivos sobre la medida apelada, o sea, debe cumplirse la orden de detención.
En tan complicada madeja, diez días después del fallo, Molina Pico pidió a Barroetaveña que se cumpliera la detención. Ayer, alrededor de las cuatro de la tarde, el camarista de San Isidro, Fernando Maroto, zanjó en la cuestión. “El caso tomó estado público, y como se trata de un hecho grave –dijo Maroto a Página/12– giré un oficio al juez de turno (Orlando Díaz) porque el juez de la causa ya no se encontraba. La orden es de cumplimiento inmediato. El juez sabrá qué debe hacer.”
Este diario consultó a Orlando Díaz. Lo que hizo fue girar el oficio a Barroetaveña. Y aunque no parecen quedar demasiados caminos, los cronistas seguían aguardando la llegada de Carrascosa, como aquel 11 de abril del año pasado.