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A diferencia de lo que vivió en el Senado, donde lo trataron con amabilidad, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, debió soportar desde la oposición una andanada de críticas a su Plan Estratégico de Seguridad. Respondió a todos y cada uno de los cuestionamientos ante un llamativo silencio de los diputados justicialistas, incluso de los kir-chneristas. Fueron tres horas de debate, donde el ministro dejó en claro que buena parte de su plan no supera todavía la etapa de enunciados al sostener en forma reiterada que “está abierto a sugerencias”, porque pretende que el programa “culmine en una política de Estado”.
Beliz llegó al segundo piso del edificio anexo de Diputados acompañado por el secretario de Justicia, Abel Fleitas; el subsecretario de Seguridad, Norberto Quantín, y el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño. Desde la cabecera de la mesa escuchó el rosario de quejas. Estas estuvieron dirigidas a la anunciada reducción de la edad de imputabilidad, la unificación de los fueros federales, de instrucción, correccional y penal económico, la introducción de la figura del comisionado civil en comisarías federales, el retraso en el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires y la creación de una nueva fuerza de seguridad.
Sin duda, el tema más polémico fue la cuestión de los menores que delinquen. La bonaerense Silvia Martínez consideró como “irracional juzgar penalmente a un niño de 14 años, sin capacidad madurativa, y enfrentarlo a un fiscal que lo demandará en nombre de la Nación Argentina”. La duhaldista, mirando fijo a Beliz, dijo que “el ministro parece no haberse planteado qué hará con los niños y adolescentes penalizados, en tanto no tiene solución aún para la población carcelaria adulta”. En el mismo sentido se expresó la arista Laura Musa. El kirchnerista no justicialista Miguel Bonasso reclamó la derogación de la ley de Patronato de la Infancia. El pedido fue respaldado por el ministro.
Antes de que Beliz pudiera responder a los legisladores, la riquista Mirta Pérez, una de las defensoras de la mano dura, se levantó de su silla al grito de “me voy de este lugar porque aquí se defiende a los criminales, se habla de los derechos de los niños, pero nadie habla de los derechos de mi nene de 8 años que lo mataron”. La frase provocó el repudio de varios diputados, que retrucaron aplaudiendo a Martínez ante un azorado ministro que siguió las alternativas sin emitir sonido.
Superado el entredicho, Beliz reconoció que hay confusión en este caso. “Tal vez hubo una mala comunicación”, dijo antes de afirmar que lo que pretende el Gobierno es implementar un plan integral para los adolescentes que cometen delitos y que para ello se respetarán las recomendaciones de la Unicef. El ministro remarcó que la próxima semana mantendrá una reunión con funcionarios de la organización que depende de Naciones Unidas.
La UCR se valió de Leopoldo Moreau para desgranar sus discrepancias. El bonaerense consideró que el plan de gobierno es “un conjunto de anuncios” y para justificarlo trajo a colación la serie de críticas que realizaron varios gobernadores justicialistas, que se quejaron por no haber sido consultados antes de anunciar el plan. También atacó la idea de incluir civiles en la conducción de comisarías por considerar que “rompe la cadena de mandos policial”.
Beliz tomó una larga bocanada de aire antes de responder. No buscó confrontar. Si bien reconoció que “se pueden haber cometidos algunos errores que estamos dispuestos a enmendar”, dijo –siempre mesurado– que varios gobernadores hicieron público el respaldo al plan. Además, señaló que mañana mantendrá una reunión con el Consejo de Seguridad Interior y, luego, con los ministros de Justicia provinciales. Durante todo el trámite del debate, los diputados del PJ que integran el kirchnerismo se mantuvieron en silencio. Uno de ellos reconoció que hubo una razón: “Armó un plan a las apuradas que recibe cientos de críticas. Ahora que lodefienda él, porque lo está dejando mal parado al Presidente”, dijo, al tiempo que solicitaba mantener su identidad en resguardo.