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Ante el reclamo por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, un sector importante de los medios, algunos periodistas y una pequeña porción de la sociedad afirma que hay que dejar de mirar atrás. En cambio, cuando ese mismo sector habla del tema de la seguridad se indigna contra la impunidad de los delincuentes comunes. Nunca dirían que la captura de un secuestrador común y su juzgamiento son cosa del pasado, aunque el delito se hubiera cometido varios años atrás. ¿Por qué sería cosa del pasado juzgar a un represor de la dictadura pero juzgar a un delincuente común no?
Desde esa curiosa concepción de la justicia, no miden a los delincuentes y a los delitos con la misma vara. Y sin embargo, son renuentes a reconocer esta peligrosa asimetría en su mirada. Si la reconocen, no pueden o no quieren explicarla a la sociedad en su conjunto porque la única forma de que se entendiera sería con algún tipo de complicidad social con los criminales.
Para cualquiera, esta doble visión (para unos el pasado, para otros mano dura) es una expresión burda de parcialidad. Pero para muchos diarios y columnistas argentinos constituye la cima de la racionalidad, su aporte más inteligente al proceso civilizatoria de esta sociedad. Su máxima contribución de ciudadanos supuestamente respetables es intentar en forma solapada que la Justicia argentina asuma la misma parcialidad que ellos. Que la Justicia argentina sea condescendiente con los delitos más graves cometidos desde el Estado, al mismo tiempo que prácticamente reclaman formas de represalia contra los delincuentes comunes. Las propuestas son poco serias para el debate y expresan la pobreza de conceptos de la derecha argentina que todavía cree que habla desde la cúspide del mundo civilizado.
También se podría dar vuelta la pregunta: ¿Por qué no es cosa del pasado juzgar a los represores de la dictadura? Y la respuesta es justamente porque todavía hay personas que dicen que es cosa del pasado para garantizar la impunidad del terrorismo de Estado. Y porque esas mismas personas son las que ahora reclaman mano dura a las fuerzas de seguridad para reprimir el delito común. La conclusión es muy clara:
Mientras haya personas que expresen su condescendencia con el terrorismo de Estado, el juzgamiento de ese delito mantiene su vigencia y actualidad. Es más, aquellos que reclaman la impunidad de ese delito no tienen siquiera legitimidad para intervenir en el debate sobre la seguridad porque demuestran inclinación a hacer delinquir nuevamente a las instituciones, exponen su indulgencia con la práctica de las torturas, de los asesinatos, de las venganzas y de cualquier acción fuera de la ley. Aquellos que dicen que juzgar las violaciones a los derechos humanos es cosa del pasado, lo que en realidad quieren es volver a ese pasado. Sería lo mismo pedirle a Videla que opine sobre la seguridad.
La derecha opone en forma grotesca la problemática de la seguridad con la de los derechos humanos. Algunos diarios supuestamente serios tratan de disimularlo, pero sus primeras planas delatan la precariedad y poca inteligencia de ese intento. Porque la historia reciente de la Argentina demuestra a los gritos todo lo contrario de lo que ellos proponen: la problemática de la seguridad solamente puede abordarse íntimamente relacionada con la de los derechos humanos, desde la denuncia de lo que sucedió en la dictadura y la decisión de que no se repita.