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Felipe Solá intervino ayer el Servicio Penitenciario Bonaerense y nombró a un civil al frente. Se trata del abogado Ricardo Héctor Cabrera, quien tendrá la difícil misión de terminar con los bolsones de corrupción en esa cuestionada institución. “Este es otro paso más en la reformulación del sistema, pero no el último porque vamos a seguir investigando los legajos de integrantes del servicio sospechados de haber participado en la represión ilegal”, señaló anoche a Página/12 el gobernador.
En un reportaje que este diario publicó el domingo pasado, Solá había anticipado la inminencia de novedades, al considerar que los problemas del Servicio Penitenciario son “tan profundos” como los de la Policía Bonaerense. Concretamente, para el gobernador se trata de un ámbito “plagado de hábitos corruptos”.
Anoche, finalmente, tomó la decisión insinuada el fin de semana y se la comunicó a Néstor Kirchner. El Presidente, poco antes de subir al helicóptero que lo trasladó desde la Casa Rosada a la residencia de Olivos, le transmitió su total acuerdo. “Me explicitó el respaldo de todo el gobierno nacional”, señaló Solá.
–¿Qué se busca con la intervención? –le preguntó este diario.
–Queremos desmilitarizar la cúpula. La persona elegida para la intervención será un civil y estará acompañado por un equipo de civiles –dijo escueto Solá, justo antes de emprender vuelo hacia su residencia en La Plata y sin soltar rienda sobre el nombre del nuevo titular del Servicio Penitenciario.
De todos modos, Página/12 pudo saber que el elegido no es un improvisado. Se trata de Cabrera, un abogado de 61 años que estuvo a cargo de la dirección del Servicio Penitenciario Federal durante la década del 90. En el mundillo político recuerdan su muñeca durante uno de los motines del penal de Sierra Chica.
Solá quiere imponer una conducción “descentralizada” con incidencia de la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias. En ese sentido emulará la estrategia que Carlos Arslanian puso en marcha con la policía provincial.
El flamante ministro de Seguridad descabezó la Bonaerense y la dejó en manos de un civil, el subsecretario de Seguridad, Martín Arias Duval.
La intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense se dispuso por decreto. Y obligará el paso al costado del hasta ahora jefe de la institución José Laumann y el subjefe Daniel Iglesias. Recién hoy a las 9.30 se brindarán detalles de la medida, cuando Solá y su ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, ofrezcan una conferencia de prensa en La Plata.
En la decisión pesaron los hechos de tortura registrados en diversas penitenciarías y que Página/12 hizo públicos en más de una oportunidad. Un puñado de organismos de derechos humanos también advirtió de las irregularidades en las cárceles bonaerenses y hasta la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó sus críticas hacia Solá.
En respuesta a esas demandas, en La Plata informaron ayer que la Secretaría de Derechos Humanos investiga legajos de 225 jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense y otros 200 legajos de penitenciarios que estaban en el servicio durante la última dictadura militar.
No obstante, el gobierno bonaerense se preocupó en aclarar que la intervención no responde únicamente a poner fin a los hechos de tortura sino también a los focos de corrupción. En ese sentido, Solá dispuso hace dos meses la fiscalización de la áreas administrativas y espera terminar de procesar nueva información en estos días para luego dar a conocer nuevas medidas de cirugía mayor.
Antes de conocerse el decreto de intervención, el camarista Fernando Maroto exigió protección a Kirchner y al ministro de Justicia, GustavoBeliz, por amenazas proveniente del servicio investigado. Según relató, un preso de la cárcel de Campana le aseguró por enésima vez que allí un jefe de la unidad y un oficial, a quienes identificó como Giménez y Beraldo, le propusieron asesinarlo. Es por eso que Maroto, al enterarse anoche de la intervención, respiró aliviado. “Es un gran paso inicial para ir por el buen camino”, dijo.
Solá anticipó a Página/12 dónde pondrá la mira. “El principal problema que tenemos –dijo en el reportaje del domingo– son los hábitos corruptos en la entrada y salida de presos, y en los manejos administrativos. Vamos a dar a conocer medidas.” Eso es, precisamente, lo que oficializará hoy.